Cuando los votos condicionan la política de precios

Francisco Jueguen
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Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk
Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El precio configura una señal de dos dimensiones paralelas en la Argentina. En economía su rol sobre el tejido productivo es el mismo que en el mundo: es un indicador para el sector privado a la hora de determinar la rentabilidad de un negocio. En base a eso, y a otras variables, las empresas deciden las cantidades que necesitan producir y si suben su apuesta con más inversión.

En política, los precios adquieren valor en otra moneda: en votos. En un país con 15 años de inflación de dos dígitos, con una aceleración en el último trimestre, y que acaba de comenzar un año electoral, los votos se recaudan vendiendo bienestar en el corto plazo. Espejismos. El camino elegido oficialmente es un clásico: aumento de salario real pisando por decreto o con amenazas precios en góndola, y atrasando los valores del dólar comercial y las tarifas de los servicios públicos. Si el plan sale, los indicadores a capitalizar serán los de inflación y pobreza.

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La distorsión política de algunos precios no sólo es ineficiente en la batalla contra la inflación sino que tiene consecuencias económicas directas en las decisiones empresariales de mediano plazo. La primera es que los actores económicos deciden producir y vender menos. ¿Por qué? Lo que hacen ya no es tan rentable con relación a los costos. En el largo plazo, además, llega la pauperización de la calidad, tanto en los productos como en los servicios en el mercado.

En el Gobierno, los precios son hoy -luego de la vacuna- la principal preocupación en tiempos de elecciones intermedias. El plan antiinflacionario busca alinear expectativas con el sector privado en base a un programa macroeconómico "sustentable" (menos déficit y menos emisión), un acuerdo de precios y salarios (control de paritarias en base a las expectativas oficiales para generar confianza fijando tarifas y dólar) y avanzar con mecanismos auxiliares (Precios Cuidados, Máximos, Carne para Todos). Como reconoce el equipo económico, bajar la inflación lleva tiempo y pocos reparan en el sendero de reducción del déficit, la impresión de billetes, o el roll over de la deuda en pesos.

Esta situación activó el plan político, más efectista, que busca desplazar la responsabilidad estatal o llanamente encontrar otro culpable para la inflación. Por eso, no es raro que el cristinismo más acérrimo cuestione a Martín Guzmán por sus últimas declaraciones: "La inflación es un problema macroeconómico", dijo. En esa versión, la inflación nace de la gestión estatal.

En las últimas tres semanas el Gobierno eligió como blancos al campo y los precios internacionales (pese a que Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil exportan más alimentos que la Argentina con baja inflación); los supermercados, que volvieron al foco mediático con controles de precios de organizaciones sociales (esas mismas cadenas comerciales, parece, sólo remarcan en el país y no en la región), y las empresas alimenticias, que alientan el desabastecimiento como si no vivieran de vender más productos al consumidor. Gracias a esa escenificación, la audiencia propia aplaude. "Hoy Alberto se levantó combativo y con ganas de defender al pueblo", arengó Juan Grabois en un revival de las políticas de Guillermo Moreno que la propia Cristina Kirchner desactivó en 2013.

La sorpresa reinaba ayer entre las empresas de consumo masivo "imputadas" por la Secretaría de Comercio Interior. Primero, negaron el desabastecimiento azuzado desde los supermercados del interior del país, en una tensión que se refuerza en la cadena cada vez que los gobiernos cazan culpables. Después vino el enojo. La imputación cayó luego de aumentos de costos de 30% o 35%, precios congelados al 6 de marzo, personal licenciado por la pandemia, problemas logísticos, huelga de aceiteros, corte de ruta de camioneros, entre otros problemas, que enlistan desde la Copal, donde se agrupan las alimenticias. Las empresas creen que la industria acompañó al Gobierno desde que fue definida como esencial. Incluso, varias empresas ya habían enviado informes sobre el abastecimiento este mes sin recibir ningún reclamo oficial.

Pero lo que más incomodó a los empresarios en las últimas horas es que muchos de los apuntados habían estado la semana pasada en el aplauso a Guzmán en la Casa Rosada. No celebraron resultados. Eran mucho más modestos. En el marco de un neblinoso rumbo político de tironeos dentro del oficialismo y de la crisis de la pandemia, aplaudían un diagnóstico verosímil de las causas de la inflación y su combate, que la política se encargó otra vez de ensombrecer.