Von der Leyen y Michel a favor del nuevo acuerdo migratorio que es "inaceptable" para Orbán

Ursula von der Leyen, que al convertirse en presidenta de la Comisión Europea hizo de la revisión una de sus principales prioridades, ha calificado el acuerdo de "enorme hito."

"La migración es un reto europeo", ha dicho von der Leyen en un tuit. "Trabajando juntos, podemos lograr una solución común".

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, institución que ha sido testigo de innumerables debates sobre migración en los últimos años, la mayoría tan polarizadores como infructuosos, ha asegurado que el acuerdo representaba "verdaderamente un gran paso."

Von der Leyen y Michel han enviado una felicitación personal a Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos de Interior, por su perseverancia y duro trabajo. Como comisaria, Johansson ha defendido continuamente la necesidad de sacar adelante el llamado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una propuesta que presentó en septiembre de 2020 con el objetivo de establecer una política migratoria unificada y coordinada entre los 27 Estados miembros.

El Nuevo Pacto, que pretende sustituir al modo de crisis ad hoc vigente en la actualidad, ha sido objeto de intensos debates y en ocasiones parecía una propuesta condenada al fracaso.

Pero el jueves por la tarde, en un sorprendente giro, los ministros de Interior reunidos en Luxemburgo han alcanzado un acuerdo provisional sobre los dos pilares principales del pacto: un sistema de solidaridad obligatorio para gestionar la llegada de solicitantes de asilo y un marco común para agilizar los procedimientos fronterizos. "Ha sido un maratón", ha apuntado Johansson.

La votación, que ha sido por mayoría cualificada, ha obtenido un apoyo más amplio de lo previsto con Italia y Grecia, dos países de primera línea, votando a favor a pesar de haber expresado sus reservas a primera hora del día.

Austria, un país que ha adoptado una línea dura en materia de inmigración, también ha dado su visto bueno. "Era importante demostrar que Schengen no funciona y que se necesitan normas más estrictas en las fronteras exteriores", ha declarado el Canciller austriaco Karl Nehammer.

Bulgaria, la República Checa, Malta, Lituania y Eslovaquia han optado por abstenerse, según han asegurado a Euronews diplomáticos conocedores de las negociaciones. Al final, sólo dos países se han opuesto al expediente: Hungría y Polonia.

"La reubicación forzosa no resuelve el problema de la migración, sino que viola la soberanía de los Estados miembros", ha dicho el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en un breve tuit publicado el viernes por la mañana. "Polonia no pagará por los errores de las políticas de inmigración de otros países", ha asegurado.

Su homólogo húngaro, Viktor Orbán, se ha hecho eco de las críticas y ha denunciado a Bruselas por "abusar" de sus poderes legales e imponer la reubicación de inmigrantes, algo que en realidad no está previsto en la propuesta. "Esto es inaceptable, quieren convertir por la fuerza a Hungría en un país de migrantes", ha lamentado Orbán, según su portavoz.

Su viceministro del Interior, Bence Rétvári, que ha participado en los debates de Luxemburgo, ha ampliado la posición de Budapest, afirmando que la reforma supondrá una "carga desproporcionada" para Hungría y fomentará la llegada de nuevos inmigrantes.

Rétvári ha afirmado que los "gobiernos favorables a la inmigración" habían presionado a otros Estados miembros para que aceptaran el proyecto de ley, convirtiendo en una "burla" el proceso de toma de decisiones de la UE.

La Comisión Europea insiste en que el nuevo sistema no se basa en la "reubicación obligatoria", sino en la "solidaridad obligatoria". La reforma ofrecerá a los Estados miembros tres opciones para hacer frente colectivamente a las situaciones de presión migratoria:

- Aceptar un número de solicitantes de asilo reubicados.

- Pagar el retorno de los solicitantes rechazados a su país de origen.

- Financiar el apoyo operativo, como infraestructuras y personal.

El acuerdo alcanzado por el Consejo de la UE prevé 30.000 reubicaciones al año en todo el bloque y un pago único de 20.000 euros por cada solicitante rechazado. "Los Estados miembros tienen plena discreción en cuanto al tipo de solidaridad que aportan. Ningún Estado miembro estará obligado a llevar a cabo reubicaciones", ha afirmado el Consejo en un comunicado en el que explicaba el resultado de la reunión del jueves.

El acuerdo, sin embargo, es provisional y aún debe negociarse con el Parlamento Europeo, que tiene una posición algo divergente al respecto. "Podemos encontrar una manera de avanzar", ha dicho la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola.

"Podemos proteger nuestras fronteras y encontrar un enfoque que sea justo y humano con los que necesitan protección, firme con los que no cumplen los requisitos y fuerte contra los traficantes que explotan a los más vulnerables".

Tomas Tobé, el eurodiputado sueco que actúa como ponente del mecanismo de solidaridad, ha valorado el avance como "una noticia muy importante" y ha dicho que las negociaciones comenzarían "ya la semana que viene". "Queda mucho trabajo por delante", ha asegurado Tobé.

Por su parte, Tineke Strik, legisladora holandesa de Los Verdes, ha predicho que las conversaciones serán "duras" porque el Consejo de la UE ha optado por "encerrar" a los solicitantes de asilo en las fronteras exteriores para evitar compartir la "responsabilidad".