“No podemos volver”: Crisis política en Nicaragua provoca aumento de solicitudes de refugio en México

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La madrugada del domingo 24 de octubre, Luis, quien pidió omitir su nombre real ante el miedo a las represalias, salió con cuatro de sus familiares huyendo de Nicaragua rumbo a México. Los cinco hombres fueron convocados por el gobierno de Daniel Ortega a participar como funcionarios en las elecciones que se celebran este 7 de noviembre, pero ellos se negaron, y ante el riesgo de ser encarcelados por ello, decidieron dejar a sus familias escondidas e irse.

“Salimos escondidos por el patio trasero de la casa, para que no nos viera la policía ni los paramilitares. Salimos de madrugada, como delincuentes, de nuestra propia casa, dejando a nuestra familia… y eso no se lo perdonamos al gobierno de Nicaragua”, cuenta en entrevista Luis.

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Acompañado por tres de sus hermanos, su cuñado y uno de sus siete hijos, caminó dos días y medio desde el departamento nicaragüense de La Paz, hasta Tabasco, en México, donde actualmente son apoyados por la asociación La 72 para tramitar su reconocimiento como refugiados, con lo que esperan conseguir “un trabajito” y resolver cómo traer a sus familias, quienes corren el riesgo de ser detenidos por el gobierno de Ortega. Por ahora, la única garantía de seguridad que tienen es estar escondidos en barrios de Nicaragua donde nadie los conoce.

“Antes trabajábamos en el Frente Sandinista de Liberación Nacional -partido al que pertenece Ortega, y que actualmente tiene mayoría absoluta en el Congreso nicaragüense-, pero hemos visto cosas que no son correctas y van contra nuestros principios. Somos de una familia cristiana, entonces decidimos ya no trabajar con el partido”, señala Luis.

Tomaron la decisión de huir después de que recibieron la notificación de que habían sido elegidos para participar en las mesas electorales, como “fiscales” o “policías”, pero no quisieron. Días después, les llegó un segundo documento en el que los amenazaban con ir de uno a tres años a la cárcel por no participar.

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“Queremos ser libres”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que más de 121 mil nicaragüenses han buscado protección internacional, tras huir de su país ante la crisis social y política.

Sibylla Brodsink, vocera de la ACNUR, dijo en entrevista con Animal Político que la salida de ciudadanos de Nicaragua se elevó principalmente desde 2018: “Se estabilizó más o menos en 4 mil personas al mes, luego vino la pandemia y bajó significativamente el número, por el cierre de fronteras, pero este año se ha visto un incremento, principalmente a partir de julio”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la mayoría de los nicaragüenses buscan refugio en Costa Rica, donde por la cercanía y una relación histórica, buscan trabajo como agricultores. Aunque también huyen hacia otros países de la región como Panamá, Honduras, El Salvador y Belice.

Sin embargo, los cinco migrantes que hoy descansan en Tabasco decidieron huir más lejos, hasta México, porque, según Luis, él ha vivido en Costa Rica y Panamá, y también hay acoso y persecución por parte de grupos paramilitares afines al gobierno de Ortega, que persiguen a los nicaragüenses que lograron salir del país.

“No podemos regresar a Nicaragua, si regresamos nos va a agarrar la policía o los paramilitares y quién sabe qué pueda pasar con nosotros. Ojalá podamos permanecer aquí (en México) y nos permitan traer a nuestras familias y trabajar. Queremos ser libres, ya que no podemos serlo en nuestro país. Eso es lo que venimos buscando”, concluye.

Entre enero y septiembre de 2021, México ha emitido 28 mil 240 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, de las cuales mil 161 fueron para personas de Nicaragua. El número de documentos que se emitieron, que tienen vigencia de un año y permiten a los migrantes transitar por territorio nacional y acceder a oportunidades de trabajo, aumentó 1618.75%, al pasar de 32 a 550 entre el primero y el noveno mes del año.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), indica que entre 2013 y 2021 se han reconocido como refugiados a mil 207 nicaragüenses, y se ha otorgado protección complementaria a 472.

En los últimos tres años, han buscado ser reconocidos como refugiados en México 5 mil 491 personas de Nicaragua: en 2019 presentaron 2 mil 233 solicitudes; en 2020, año en que hubieron restricciones a la movilidad en varios países a raíz de la pandemia solicitaron solo 798, y para este año, que aún no concluye se han presentado 2 mil 460, lo que representa un aumento del 10.17% con respecto al año antepasado.

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“En Nicaragua hay una dictadura”

Juan Diego Barberena, integrante de la Junta Política de la Unidad Nacional Azul y Blanco -organización que aglutina a más de 43 asociaciones opositoras-, afirma que la situación política de Nicaragua se ha agravado desde 2018, cuando la lenta actuación del gobierno para sofocar incendios en una reserva natural y la reforma de la Ley de Seguridad Social desataron una serie de protestas, que dejaron al menos 325 personas muertas y cerca de 700 detenidas.

Vía telefónica desde Managua, Berberena señala que hay 150 presos políticos desde 2018 por ser opositores al gobierno de Ortega, y en los últimos seis meses han sido detenidas 40 personas entre líderes políticos, banqueros, empresarios, siete precandidatos a la presidencia y exguerrilleros sandinistas que se han pronunciado contra la “dictadura”.

Los detenidos son acusados de atentar contra la soberanía y “traición a la patria”, o “lavado de dinero”, conforme a las leyes que fueron aprobadas por el Congreso en 2020.

“Es importante notar que no hubo campaña entre los partidos políticos que están en la contienda. La administración electoral tomó la decisión argumentando el tema de la pandemia, aunque el Frente Sandinista ha sido el principal promotor de actividad de aglomeración que ha desatado contagios masivos de COVID-19. Actualmente las calles están militarizadas, principalmente los barrios donde se prevén levantamientos populares. Hay una suerte de Estado de sitio”, explica.

Esta situación ha llevado al país a una “recesión económica” desde 2018. Según el activista, “el régimen de Ortega Murillo (presidente y vicepresidenta, esposos) ha impuesto una reforma sumamente regresiva que ha aumentado los pagos de tributo a la ciudadanía, y hay muchísima pobreza, aunado al aumento en el precio del combustible y el gas, la canasta básica tiene un costo aproximado de 500 dólares, en un país donde el salario mínimo ronda entre los 120 y 150. Esto ha aumentado la migración forzada y la inseguridad en las calles”.

Aunque, de cara a las elecciones, las calles lucen llenas de policías y militares desplegados para mitigar cualquier levantamiento de los pobladores, algunos de los cuales no confían en el ejercicio en el cual Daniel Ortega busca ganar por segunda vez una reelección, tras 14 años en el poder.

Por ello, Barberena no titubea al afirmar que “en Nicaragua hay una dictadura que este 7 de noviembre va a autogenerarse su ilegitimidad de origen, porque no va a participar la oposición democrática, por los presos políticos y porque la oposición ha llamado además a que la ciudadanía se quede en su casa a resistir la dictadura, que no participe en las elecciones porque la dictadura lo que quiere es que la ciudadanía sea parte de las estadísticas que quieren”.

Las autoridades nicaragüenses estiman que participarán en las elecciones aproximadamente 4.3 millones de ciudadanos, que votarán por el siguiente presidente y 90 diputados. Según un sondeo de la casa Cid-Gallup, el 65% habría votado por un opositor y 19% por Daniel Ortega, aunque la encuestadora M&R, de línea progobierno, asegura que el 70.7% dará su voto al Frente Sandinista.

Pese a este panorama, Juan Pablo tiene algo claro: “El cambio en Nicaragua es irreversible, tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar, porque no es solamente la oposición la que está resistiendo y luchando contra la dictadura. También es una gran parte del pueblo nicaragüense que resiste la carestía de la vida, la represión y la ineptitud gubernamental”.

El pasado 20 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua, entre ellos siete aspirantes a las elecciones presidenciales, y que el gobierno ponga en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como todos los estándares internacionales reconocidos, con miras a celebrar elecciones libres, justas y transparentes bajo observación internacional creíble.

La resolución fue presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, misma que fue aprobada con 26 votos a favor y 7 abstenciones, entre ellas la de México.

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