Yahoo Noticias Así se vive en un psiquiátrico en tiempos de COVID-19
Para Azul, diagnosticada con bipolaridad y delirio mesiánico, las cosas se pusieron lo doble de mal en esta pandemia de COVID-19. Las personas con las que trabajaba su madre hicieron un fraude. La señora se quedó sin trabajo y bajo las amenazas de muerte de aquellos a quienes sus jefes estafaron.
En Guerrero, donde ellas viven, un estado dominado por los grupos de narcotráfico, esas amenazas hay que tomarlas en serio.
Junto con su hija, la señora tuvo que ir a esconderse a la casa de un amigo. Azul, a quien llamaremos así para proteger su identidad, trató de aguantar el peso de la situación. Pero un día de mayo, su madre le pidió ir a recoger unas botellas de aceite de coco para hacer con él productos artesanales y después pasar por algo de dinero al banco.
Con el efectivo en la bolsa y la euforia de haber conseguido el aceite, Azul quiso darse un gusto, en medio del encierro por la pandemia y la angustia de vivir escondida por las amenazas de muerte. Pasó a un súper a comprar un par de hula hulas. La joven, de 24 años, practica Hula Hoop (danza con aros).
Pero los refrigeradores llenos de refresco y la gente llevándolo en sus carritos fueron la chispa que acabó de encender en Azul un brote psicótico.
“Yo he estado en voluntariados en Chiapas, vi allá como dejan a la gente sin agua para convertirla en refresco y el resto se la regresan contaminada a una población que muere de enfermedades como la tuberculosis”.
Azul destapó envases y se empezó a bañar con el agua carbonatada. “Grité que me iba a bañar en la sangre del capitalismo. Me refería al refresco, solo que uno de los envases no era de plástico, no me di cuenta y lo arrojé al piso. Se llenó todo de vidrios y eso lo interpretaron ya como un acto de violencia. Llegaron siete soldados, pero como dije que iba a pagar todo, y lo pagué, me dejaron ir”.
Su madre le propuso ingresar al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la CDMX, institución en la que Azul ya había estado internada dos veces antes, a los 18 años y a los 21.
“Pensamos que estaría mejor en el hospital, pero no sabía lo que me iba a encontrar. Fue una pesadilla”.
La joven ingresó al Fray Bernardino, el 9 de mayo. Salió este jueves 4 de junio al medio día. Apenas unas horas después, ya en su casa, Azul cuenta a Animal Político su experiencia en un psiquiátrico en tiempos de COVID.
“Por la contingencia hay menos personal, no sé si para que menos gente entre y salga, si porque no quieren arriesgarlos, no sé, pero psicólogos hay muy pocos, uno para cada 30 pacientes. Antes programaban terapias grupales y actividades, ahora solo te encierran y te medican. Sin los psicólogos se ha quitado toda la parte humano del tratamiento y ha quedado solo lo frío de la psiquiatría”.
Azul dice que los 28 días que estuvo en el Fray Bernardino vivió una pesadilla, pero una de las peores partes fueron los primeros siete días: la fase de observación.
“En ese tiempo no te dejan salir a las áreas verdes. No sales para nada del cuarto donde estás. Las veces anteriores cuando estuve hospitalizada, esos días de observación fueron llevaderos por los psicólogos que iban y hablaban conmigo, me ponían actividades lúdicas. No me dejaban ahí encerrada con mi catarsis y mis problemas”.
Ahora, dice Azul, “era estar encerrada ahí, sin atención. Yo me ponía mal. Protestaba, gritaba consignas, como: liberen a las locas. Un día saqué por las rejas de la ventana una mano para sentir el aire y el sol. No la quería meter y un doctor muy joven me obligó a meterla usando un lubricante sexual para que resbalara entre los barrotes. Me amarraron después de eso”.
Sobre medidas de seguridad para evitar un contagio, Azul dice que había mucha higiene en la institución, “limpiaban todo muy bien, eso sí. Todo el personal traía siempre cubrebocas pero las enfermas no, nosotras no. Y no había sana distancia. Las camas estaban muy cerca una de otra: yo creo que como a paso y medio. El metro y medio ese que dicen de separación, ese no había”.
Aún así, la joven dice que ella no supo de nadie enfermo ni vio a nadie con síntomas de infección respiratoria. “No, casos de Covid no, pero la salud no es sólo eso. Para procurar la salud de las personas hay que dar una buena atención y ahí no la dan. Además, la pandemia ha sido solo la gota que derramó el vaso, yo creo, se ve que la institución ha decaído. Tienen unas bocinas pequeñas para ponernos música, ni se oyen, la televisión ya no sirve. Te digo, nos encierran, nos medican y sin nada lúdico”.
Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del área de Discapacidad y Justicia de Documenta AC, dice que durante una epidemia como la que se vive por la Covid-19, los espacios cerrados con personas en confinamiento son bombas de tiempo, donde una vez que entra el virus mitigar el contagio y responder de manera adecuada se torna mucho más difícil
Pero además, las personas internadas en psiquiátricos se encuentran en alta vulnerabilidad ante la pandemia también por la falta de acceso a derechos, como en el caso de Azul, y por el abandono social.
“Pese a la gravedad de la emergencia sanitaria, las autoridades no han aplicado las medidas necesarias, ni para evitar contagios ni para garantizar la atención adecuada a las personas en centros de atención a la salud mental”, sostiene Sheinbaum Lerner.
Por eso, esta organización que trabaja en temas de privación de la libertad en diversos contextos y conoce las carencias de los centros de atención a la salud mental interpuso un amparo.
“Decidimos interponerlo para garantizar que las autoridades de salud tomen las medidas de protección necesarias y que se transparente la información de lo que está sucediendo en estos psiquiátricos, porque no se ha hablado del tema y hay una necesidad de saber qué está pasando y qué medidas se están tomando”, dice Sheinbaum Lerner.
Documenta interpuso el amparo el 24 de abril, con ocho puntos, y designó como autoridades responsables de llevarlos a la práctica a la Secretaría de Salud federal y al Consejo de Salubridad General.
La respuesta fue que ellos no eran la autoridad responsable, si no que existía una corresponsabilidad de los gobiernos estatales, dado un proceso de descentralización que se dio hace tiempo. La organización civil interpuso entonces un segundo amparo, en el que ahora sí designó como responsables a las secretarías estatales de salud.
Cuando esta organización metió el primer recurso legal no había, al menos documentados, brotes de COVID-19 en hospitales psiquiátricos. Pero en el proceso de la AC por lograr las respuestas de las autoridades de salud respecto a implementar medidas para proteger a los pacientes de un posible contagio, los casos se presentaron.
La organización Yo También, en especifico una de sus integrantes, la periodista Katia D´artigues, documentó un brote en el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, donde se han registrado 19 contagios y cuatro muertes.
En Hidalgo, Octavio Ibarra, director del Psiquiátrico Villa Ocaranza dio a conocer un brote de COVID-19 que afectó a cuatro pacientes y cuatro empleados.
Documenta ha recabado información, a través de notas en medios locales, de casos de Covid-19 en Chihuahua, en el Psiquiátrico Civil Libertad, donde dos empleados estaban infectados. Y en el Psiquiátrico de Yucatán, donde se reportaron los casos de tres pacientes.
Todos estos casos se registraron entre el 29 de abril y el 25 de mayo.
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Obligados a la respuesta
Fue el 19 de mayo cuando el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, hizo extensiva la suspensión de plano (ante el amparo de Documenta) para que el Gobierno Federal y los estatales informen e implemente acciones para proteger la vida, la salud y los derechos de personas internadas en hospitales psiquiátricos.
El juez ordenó que las autoridades protejan el derecho humano a la salud de las personas internadas en hospitales psiquiátricos al garantizar:
1) El suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia.
2) La realización de pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detección de posibles casos a efectos de evitar el contagio.
3) La aplicación de los protocolos de prevención sanitaria del virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud.
4) La implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad de contagio.
5) Garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas Internadas.
6) Realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental, que cuenten con redes de apoyo familiar o social, no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria, frente al posible riesgo para su salud.
7) Garantizar el contacto de las personas internadas con el exterior, a través de llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías de la información y la comunicación.
8) Acceso a la información de pacientes y familiares sobre las medidas implementadas durante la emergencia por COVID-19, en un lenguaje claro y sencillo.
Estas medidas, señaló el juez, deberán aplicarse en los 39 hospitales psiquiátricos del Sistema Nacional de Salud que brindan atención intrahospitalaria y que se encuentran en 25 estados del país.
Con base en documentos emitidas por las autoridades para documentar el grado de cumplimiento al mandato del juez Cruz Silva, la organización Documenta elaboró un semáforo, que hace público este viernes 5 de junio.
Los criterios para elaborar el semáforo fueron Rojo: no respondió, dijo que no es competente o reportó acciones relacionadas con cuatro o menos de las ocho medidas cautelares. Amarillo: reportó haber implementado acciones relacionadas con al menos cinco o seis medidas cautelares. Verde: reportó haber implementado acciones relacionadas con las siete u ocho de estas medidas.
De los estados en donde hay hospitales psiquiátricos y que debían cumplir con las medidas, 18 están en rojo, 5 en amarillo y solo 3 están en verde: Estado de México, San Luis Potosí y Yucatán.
También están en rojo, por no cumplir las medidas dictadas por el juez o cumplirlas de manera muy parcial, la Secretaría de Salud federal, el IMSS, Cofepris y el Consejo General de Salubridad.
“Salud federal nos dio otra vez la respuesta de que las responsables son las autoridades estatales, a pesar de que Salud federal administra seis instituciones que brindan atención psiquiátrica: los hospitales psiquiátricos Juan N Navarro, el Samuel Ramírez, y el Fray Bernardino, además de tres centros comunitarios de salud mental”, explica Sheinbaum Lerner.
En un segundo momento, la Secretaría de Salud sí envió información, pero muy general, señala Documenta, que no sirve para sacarla del rojo.
La repuesta fue que destinó insumos, limitó accesos y actividades no escenciales para evitar contagios, estableció un “comité” para establecer acciones (no precisa cuáles) y que “envió información a hospitales sobre la pandemia”.
El IMSS, por su parte, respondió que es Documenta la responsable de establecer las medidas de prevención para evitar los contagios de Covid en los hospitales psiquiátricos.
En el caso de las secretarías estatales de Salud, la mayoría de las respuestas mencionan acciones generales para la atención ante la emergencia pero no acciones específicas en los hospitales psiquiátricos.
La Secretaría de Salud de Aguascalientes, por ejemplo, envió información referente a que el personal de salud es esencial, por lo tanto debe permanecer en sus puestos de trabajo, pero que se protegerá a los de 60 años y con comorbilidades. Habla además de la implementación de filtros en cada puerta de acceso y señala que todo servidor público tiene que valorarse medicamente e irse a su casa si tiene síntomas.
“Pero las respuestas están más en función del personal sanitario y no hay información de lo que sucede en específico en los hospitales psiquiátricos ni sobre las medidas especificas de prevención y atención en estos lugares”.
Y en muchos otros casos lo que hacen es pasarse la bolita. “La Secretaría de Salud de Durango dice que la autoridad señalada como responsable –cuenta Sheinbaum Lerner– debería de ser el Consejo de Salubridad General. Se están pasando la bolita, nadie se quiere hacer responsable de la situación”.
Más aún, agrega, “Durango dice que en la etapa 1 de la pandemia, las medidas higiénicas eran responsabilidad de cada una de las personas que querían evitar el contagio de ese nuevo virus y que entonces es irresponsable decir que es la secretaria de salud la responsable u omisa por no emitir medidas de acciones sanitarias; cuando las personas internas en hospitales psiquiátricos están bajo la tutela del estado”.
Entre los que ni siquiera se molestaron en entregar información están: Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Chiapas.
Respecto a los Lineamientos generales para la mitigación y la prevención de Covid-19 en los hospitales psiquiátricos, emitidos por la Secretaría de Salud, el pasado 26 de mayo, Sheinbaum Lerner dice que son todavía muy generales. “Son un cumplamos con esto ahora que se está visibilizando, y ya, pero es algo muy general y no es suficiente”.
Lo que se necesita para avanzar, sostiene, es un informe, una radiografía muy concreta de la situación, “en términos de contagios y fallecimientos, y medidas que se están tomando en los hospitales psiquiátricos, qué está pasando con las personas que están ahí internadas, se están moviendo, se les está trasladando a espacios, cuántos duermen en un mismo cuarto, si comparten baños, si hay espacios de convivencia, si hay visitas o no, el personal de salud con qué recursos de protección cuenta, si ese personal se redujo, si hay ingresos o no y bajo qué mecanismos se están haciendo. De todo eso no se sabe casi nada”, denuncia Sheinbaum Lerner.
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El cargo Así se vive en un psiquiátrico en tiempos de COVID-19 apareció primero en Animal Político.
