El virus afecta a los trabajadores del campo extranjeros y trastoca la autoimagen de los canadienses.

SIMCOE, Ontario — Tres semanas después de que empezaron a cortar espárragos en los campos que se descongelaban, Luis Gabriel Flores Flores notó que uno de sus compañeros no estaba. Relató que encontró al hombre tembloroso con fiebre en cama… donde se quedaría durante una semana.

“Les dije a los capataces que él estaba muy enfermo y que necesitaba un doctor”, dijo Flores, uno de miles de trabajadores agrícolas que llegan en avión a Ontario en abril para asegurar el suministro de alimentos de Canadá. “Respondieron: ‘Claro, pronto, después’. Jamás lo ayudaron”.

La enorme granja de verduras donde trabajaba se convirtió en el punto de origen de uno de los brotes más grandes de coronavirus en el país. Casi 200 trabajadores, todos mexicanos, dieron positivo por el virus; siete fueron hospitalizados y uno murió: Juan López Chaparro, el compañero que Flores trató de ayudar en vano.

El propietario de la granja insistió en que Chaparro había sido atendido de inmediato y llamó a Flores una “manzana podrida” que los activistas estaban aprovechando para ganar puntos políticos. Si es el caso, ha funcionado: ese brote y otros similares han detonado protestas a nivel nacional sobre la vulnerabilidad sistémica de los trabajadores migrantes del campo, una población desconocida para muchos canadienses hasta que comenzaron a enfermarse a una tasa once veces mayor a la de los trabajadores de la salud.

Los canadienses se enorgullecen de tener un sistema liberal de inmigración que acoge a una gran variedad de nacionalidades e identidades étnicas, y contrastan su actitud con lo que muchos ven como xenofobia en su nación vecina del sur. La realidad no siempre coincide con la retórica, pero Canadá insta a los diferentes grupos a conservar su cultura, y la aceptación del multiculturalismo está consagrada tanto en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades como en la autoimagen de Canadá. Cuando otros dirigentes mundiales rechazaron a los refugiados de la guerra civil siria, el primer ministro Justin Trudeau los recibió en persona y les entregó abrigos de invierno.

No obstante, al importar grandes cantidades de trabajadores agrícolas estacionales del extranjero sin ofrecerles ninguna posibilidad de obtener la residencia o la ciudadanía, es alarmante lo poco canadiense que se ve Canadá ante los ojos de muchos de sus habitantes. Canadá da acceso a trabajadores temporales que se quedan durante la mayor parte del año, pero les solicita regresar a sus países de origen cuando terminan sus contratos (Estados Unidos también hace esto, pero son más los trabajadores agrícolas que llegan sin documentos y suelen quedarse todo el año).

Al igual que en Estados Unidos, los trabajadores del campo viven durante meses en la propiedad de sus empleadores, a menudo en grandes barracones donde las enfermedades se propagan con facilidad. Aquellos que entran a Canadá con permisos de trabajo por lo general regresan año tras año sin ninguna posibilidad de establecerse ahí legalmente. Canadá les garantiza servicios médicos, pero tener acceso a esos servicios puede ser difícil en las granjas aisladas.

Los brotes de coronavirus provocaron que el gobierno mexicano dejara de enviar trabajadores a Canadá durante una semana en junio. Como respuesta, Trudeau dijo: “Siempre debemos aprovechar los momentos de crisis para reflexionar. ¿Podemos cambiar el sistema para que sea mejor?”.

Desde entonces, su gobierno anunció que destinaría 59 millones de dólares canadienses (unos 45 millones de dólares) para mejorar la vivienda, el saneamiento y las inspecciones en las granjas. Sin embargo, no ha ofrecido la cura que exigen los defensores de los trabajadores migrantes: un camino a la ciudadanía.

“Se define a este grupo de personas como suficientemente bueno para trabajar en Canadá, pero no para quedarse”, dijo Vic Satzewich, profesor de sociología en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario. “Como país tenemos que preguntarnos por qué está pasando esto”.

En teoría, los trabajadores agrícolas migrantes están protegidos por todas las leyes que cubren a los trabajadores canadienses. No obstante, sus contratos estipulan que cualquier trabajador que sea despedido por una causa justificada estará sujeto a una “remoción inmediata” del país, lo cual evita que la gente se queje de abusos, según afirman los defensores.

El gobierno federal implementó un sistema de vigilancia de cumplimiento de normas en 2015, con una línea para quejas a disposición de los trabajadores migrantes, pero el auditor general de Canadá la tachó de inadecuada: solo se llevaron a cabo 13 de las 173 inspecciones planeadas en el año fiscal 2016. Este año, no se ha encontrado que ninguna granja incumpla las normas correspondientes.

“Los empleadores tienen demasiado poder sobre sus trabajadores”, declaró Flores, de 36 años, en una manifestación organizada por los trabajadores migrantes y sus simpatizantes en el centro de Toronto en agosto. A su alrededor, hombres y mujeres con cubrebocas alzaban fotografías de Chaparro, su difunto compañero de trabajo.

“Le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros”, exclamó Flores, padre de dos hijos originario de las afueras de Ciudad de México, quien ha trabajado en granjas de todo Canadá durante cuatro de los últimos seis años.

Este año, el programa lo colocó en Scotlynn Sweetpac Growers, una agroempresa familiar con una gran flota de camiones y casi 5000 hectáreas en Ontario, Florida y Georgia.

Dio positivo por el virus, pero solo tuvo síntomas leves. El día después de que se enteró de la muerte de Chaparro, se fue de la granja ubicada dos horas al suroeste de Toronto.

Desde entonces ha contado con el apoyo del grupo activista Migrant Workers Alliance For Change, que le ayudó a presentar una queja ante la Secretaría Provincial del Trabajo, con la que solicita 40.000 dólares canadienses por parte de Scotlynn por salarios perdidos y sufrimiento. Él sostiene que fue despedido por declarar en público que la empresa estuvo implicada en la muerte de Chaparro.

El propietario de la granja, Scott Biddle, afirmó que su familia ha contratado a trabajadores agrícolas mexicanos desde hace más de 30 años y que jamás había despedido a ninguno. Dijo que Flores fue uno de tres trabajadores que solicitó que lo enviaran de vuelta a México después de que comenzó el brote.

Biddle afirmó que su granja cumplía al pie de la letra con las normas del distrito relacionadas con el coronavirus, pues hospeda a casi todos los trabajadores en habitaciones de hotel para que realicen dos rondas de cuarentena. Se refirió a la muerte de Chaparro como un reflejo desafortunado de los caprichos de la enfermedad, no de fallas del sistema.

“Todas las normas que debían cumplirse se cumplieron”, comentó de pie en un estacionamiento detrás de su oficina. “A fin de cuentas, estos caballeros viven y trabajan en estrecho contacto; son trabajadores de primera línea que proveen alimentos”.

Invitó a un reportero de The New York Times a hablar con tres de sus empleados, uno de los cuales ha trabajado para él durante 32 años.

Dos confirmaron que Chaparro había estado en cama enfermo durante una semana. Dijeron que otros cuatro trabajadores en el barracón también habían tenido fiebre y que uno tosía tanto que pensaron que tenía neumonía.

“Todos estábamos 100 por ciento convencidos de que solo se debía al cambio de clima”, relató Daniel Hernández Vargas, compañero de cuarto de Chaparro que esta primavera trabajó en la granja por primera vez.

This article originally appeared in The New York Times.

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