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Víctimas de la guerra salvadoreña y las ONG cierran filas ante la ley de reconciliación

San Salvador, 27 feb (EFE).- Las víctimas de la guerra civil (1980-1992) de El Salvador y las ONG que les acompañan cerrarán filas en torno a una ley de reconciliación nacional que fue aprobada el miércoles y a la que ellos consideran una "amnistía disfrazada" para proteger a los responsables e involucrados en crímenes de guerra.

La polémica Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada con los votos de 44 diputados, de 58 presentes en la sesión plenaria extraordinaria convocada por el presidente del Congreso, Mario Ponce. Trece parlamentarios votaron en contra y uno se abstuvo.

La normativa contó con el respaldo de 35 diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de 7 del Partido de Concertación Nacional (PNC), incluyendo a Ponce; y 2 del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos de centro derecha.

La ley fue aprobada tras dos prórrogas otorgadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que en 2016 anuló una ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armando y ordenó al Legislativo crear una normativa que garantice el acceso a la Justicia de las víctimas.

CERRAR FILAS

Para David Ortiz, colaborar jurídico en Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y miembro Mesa Contra la Impunidad, la aprobación de dicha ley es la "consumación de una intensión reiterada que ha tenido la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley de amnistía".

Señaló a Efe que el articulado de la normativa "es bastante amplio, pero de manera general podemos decir que de nuevo se ha aprobado una ley de amnistía con mecanismos encubiertos que buscan que la investigación, el procesamiento y la sanción ejemplarizante de los responsables de estos hechos (crímenes) queden impunes".

Por lo anterior, el letrado aseguró que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas "no nos quedaremos de brazos cruzados y seguiremos luchando"

"El Salvador no cabe más una nueva ley de amnistía y de impunidad. Las víctimas, las organizaciones que los apoyamos y los organismos internacionales de derechos humanos vamos a utilizar los mecanismos que sean necesarias para que a las victimas se les reconozcan su dignidad y se les garantice la investigación y las sanciones ejemplarizantes", manifestó.

Ortiz recalcó que "no nos vamos a quedar tan quietos y tranquilos como en el pasado. Esta ley de amnistía de una u otra forma no va a pasar, esta ley no va a entrar en vigencia o la detiene la Sala (de lo Constitucional), el presidente (Nayib Bukele) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"Lo aprobado es un Decreto Legislativo que debe de seguir un procedimiento para que sea ley, no estamos hablando de que ya entró en vigencia", añadió.

Por su parte, Rosa Rivera, víctima y miembro del Comité de Memoria y Sobrevivientes de Arcatao, dijo a Efe que la normativa aprobada es "una burla" a las víctimas y llamó a "defender la justicia y la verdad".

"No nos quedaremos parados, y hablo, estoy segura, por todas las víctimas. Vamos a seguir luchando para que las víctimas tengamos justicia y reparación", expresó.

La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

¿QUÉ SIGUE TRAS LA APROBACIÓN?

De acuerdo con el abogado Ortiz, "el Decreto Legislativo sigue su proceso de formación de ley y la Asamblea Legislativa tiene 10 días, contados a partir de la aprobación, para mandarlo al Ejecutivo, donde el presidente haciendo uso de sus derechos prerrogativos, que tiene en su calidad de mandatario, lo puede observar, vetar o sancionar"

"Hay un anuncio de veto por parte del presidente. Este es el momento donde el presidente decidirá si ponerse del lado de los victimarios o de las víctimas", indicó.

Ortiz señaló que el mandatario tiene aproximadamente dos semanas, luego de recibir el documento, para emitir su opinión al respecto, tomando en cuenta que solo tiene una oportunidad para hacerlo.

"Este no es un escenario para sacar rédito político, ni electoral. Es un escenario para decidir y para demostrar que su conducta política es acorde a su discurso".

Si Bukele veta la ley, esta volverá a la Asamblea Legislativa y se realizará una nueva votación para superar el veto, lo que requiere los votos de 56 parlamentarios.

"Lo cierto es que esto recién inicia y quien crea que porque ayer (miércoles) 44 personas decidieron votar por más impunidad esto ya termino, se equivocan (...) las organizaciones y las víctimas no dependemos de ninguna de las decisiones del presidente, de ninguna forma, sea lo que sea vamos a recurrir a los mecanismos con los que contamos para parar esto", agregó.

(c) Agencia EFE