Suu Kyi saca rédito político de defender a Birmania de la acusación de genocidio

Bangkok/Rangún, 9 dic (EFE).- La presencia de la líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, en La Haya este martes para defender al Estado de la acusación de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá ha causado consternación a nivel internacional, pero la decisión es vista de una forma muy distinta dentro del país donde ya le está dando réditos políticos.

Suu Kyi partió el domingo en un vuelo junto con un grupo de expertos para representar a su país en las audiencias orales previstas entre los días 10 y 12 de este mes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), mientras en Birmania (Myanmar) se han convocado para el martes manifestaciones multitudinarias en su apoyo.

Grandes carteles callejeros con mensajes de respaldo a la mandataria aparecieron poco después de que Suu Kyi anunciara el 20 de noviembre que iba a encabezar la defensa de Birmania ante la CIJ.

"Hemos visto todo tipo de presiones internacionales sobre la crisis de los rohinyá y no podíamos hacer nada por ella. En esta ocasión, creo que va a hacer todo lo que pueda para resolver el problema en La Haya y lo que podemos hacer desde aquí es mostrar con fuerza que estamos con ella", dijo a Efe Mi Min Zaw, gerente de una empresa microcréditos en Rangún, la principal ciudad del país.

El birmano se hacía eco de un sentimiento muy extendido entre los birmanos en un momento en el que, tras la brutal campaña militar del Ejército contra los rohinyá, Suu Kyi ha sido duramente criticada fuera de Birmania por no defender a la oprimida minoría.

La consejera de Estado y líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND) no solo no ha realizado ningún gesto a favor de los rohinyá, sino que contestará personalmente ante la denuncia de genocidio interpuesta por Gambia en la corte internacional en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica.

UNA DECISIÓN POPULAR EN BIRMANIA

Sin embargo, lo que ha hecho que en el extranjero caiga en picado la popularidad de Suu Kyi, que recibió el Nobel de la Paz en 1991 por su lucha contra la dictadura militar que gobernó el país hasta 2011, no ha hecho mella en la auténtica adoración que una gran parte de la población birmana le profesa.

"La percepción pública predominante en Myanmar (Birmania) es que el caso (en la CIJ) es un ataque injustificado contra el país y que la población debe estar unida en su defensa y en apoyar a Aung San Suu Kyi", explica a Efe Richard Horsey, analista político e investigador de la organización International Crisis Group (ICG) radicado en Rangún.

La acusación de Gambia se refiere a dos oleadas de brutales operaciones militares de 2016 y en 2017 tras ataques contra puestos de seguridad en el estado occidental birmano de Arakán (Rakáin) por parte del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), en las que miles de civiles fueron asesinados y más de 700.000 rohinyá huyeron a Bangladés.

Mientras el mundo contemplaba con horror las muchedumbres de traumatizados refugiados que cruzaban el río Naf que separa Arakán de Bangladés, una gran parte de la población de Birmania -donde está generalizada la idea de que los rohinyá son inmigrantes ilegales de Bangladés pese a haber vivido en el país durante siglos- cerraba filas en torno al Ejército y a Aung San Suu Kyi.

Las operaciones en Arakán granjearon al Ejército una popularidad en Birmania sin precedentes, ya que podía presentarse como el defensor de la soberanía nacional frente al "peligro" que muchos en Birmania creen que suponen los rohinyá, y comparecer ante la CIJ ahora le brinda la oportunidad a Suu Kyi de desempeñar un papel similar.

"Pienso que probablemente crea ser la persona en el Gobierno más capacitada para defender los intereses en La Haya y que eso muestra a la gente de Myanmar lo serio que su Gobierno se toma el caso", señala Horsey.

DISTENSIÓN CON LOS MILITARES

Además, su defensa puede servir a la líder para mejorar las relaciones con el poderoso Ejército birmano, que diseñó una Constitución -aprobada en 2008- a su medida que le otorga una independencia casi total con respecto al Gobierno civil, el control de tres ministerios y la designación a dedo de una cuarta parte del Parlamento.

Desde que los uniformados emprendieran en 2011, tras cinco decenios de dictadura castrense, una transición a lo que denominaron una "democracia disciplinada" que culminó en 2015 con la victoria electoral de Suu Kyi, ésta ha adoptado una actitud conciliadora, pero no ha dejado de pedir cambios constitucionales, lo que ha creado tensiones entre el estamento militar y el poder civil.

Sin embargo, el hecho de que ahora vaya a defender al Ejército podría contribuir a mejorar esas relaciones ya que, como señala Horsey, "los militares apoyan su decisión de acudir a La Haya y eso podría acarrear la distensión en esas relaciones".

Carlos Sardiña Galache y Mratt Kyaw Thu

(c) Agencia EFE