Yahoo Noticias Costa Rica dice tener las "puertas abiertas" ante el polémico caso de acceso a datos
San José, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Costa Rica aseguró este viernes que está de "puertas abiertas" para que la Fiscalía investigue un caso relacionado al acceso a datos y por el cual hoy allanó la Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación.
"Nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos judiciales por parte de la fiscal general", dijo en una declaración a los medios la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
La funcionaria aseguró que desde días atrás el Gobierno se puso a la orden "para cualquier requerimiento y entrega de información y de los equipos (de cómputo) en los que el personal de análisis de datos hacía su trabajo"
Según Marín, las computadoras se encuentran "resguardadas desde hace varios días esperando la solicitud judicial".
La Fiscalía de Costa Rica allanó este viernes la Casa Presidencial como parte de las investigaciones acerca de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos y la posibilidad de que haya tenido acceso ilegalmente a información sensible de la población.
En total, la Fiscalía está realizando 10 allanamientos por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y casas de habitación de funcionarios.
La Fiscalía explicó que en el expediente son investigadas ocho personas: el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Victor Morales, y otros funcionarios de Gobierno de apellidos Soto Castro, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.
"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal", indica la información de la Fiscalía.
El documento agrega que "se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto".
El caso se refiere a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que fue creada por un decreto publicado el 17 de febrero pasado y que cuatro días después el Gobierno se vio obligado a derogar debido a una lluvia de críticas por parte de la oposición y de otros sectores acerca de la posibilidad de que esa unidad accediera a datos confidenciales de la población.
La polémica surgió del artículo 7 de ese decreto, el cual indicaba que las instituciones públicas "deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD" incluida "información de carácter confidencial".
El Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en Casa Presidencial desde hace 18 meses y el mismo presidente Alvarado reconoció que hubo "errores" en la redacción del decreto, por lo cual fue derogado.
El Gobierno también asegura que nunca hubo acceso a datos sensibles porque ese no era el objetivo y porque además las leyes lo impiden, y que derogó el decreto para abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos.
(c) Agencia EFE
