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El "conflicto mapuche" vuelve a empañarse por la violencia

Santiago de Chile, 2 ago (EFE).- Ocupación de alcaldías, huelgas de hambre, incendios, ataques armados, turbas civiles y desalojos forzados han sido los ingredientes del cóctel que ha generado una escalada de violencia en el sur de Chile en el conocido como "conflicto mapuche" entre comunidades del pueblo originario y el Estado.

Durante la última semana la situación ha ido complicándose en la región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, donde la reivindicación indígena por el territorio, que consideran ancestral, ha vuelto a chocar con la "inmovilidad del Gobierno" para solucionar la situación.

Con el telón de fondo de las huelgas de hambre de más de 90 días de los presos mapuche varias comunidades decidieron ocupar esta semana las municipalidades de varias localidades para protestar por la falta de diálogo de las autoridades.

Más presión para una situación complicada en su naturaleza que en la madruga de este domingo estalló en forma de disturbios, incendios, desalojos y enfrentamientos de turbas civiles contra los comuneros, que acusan racismo y hostigamiento ante sus demandas.

LAS OCUPACIONES

Los comuneros ocuparon las sedes municipales de las localidades de Ercilla, Curacautín, Victoria, Angol, Collipulli y Galvarino para pedir la liberación de los presos mapuche, entre ellos el machi (chamán) Celestino Córdova, condenado por el asesinato de una pareja de adultos mayores en 2013 y cuyo caso ha sido el más mediático de entre los mapuche privados de la libertad.

Este domingo en la madrugada algunos de esos edificios públicos fueron desalojados a la fuerza por Carabineros (Policía chilena) mientras en la calle decenas de personas gritaban contra los comuneros, a los que agredieron a su salida.

Asimismo, las municipalidades de Ercilla y Traiguén fueron incendiadas en el primer caso propagándose el fuego a otros dos inmuebles.

"Ayer fue un día doloroso para Chile, especialmente para la región de La Araucanía, con municipios quemados, ciudadanos enfrentándose entre sí y personal militar y policial heridos", señaló el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

La autoridad consignó que 48 personas fueron detenidas en los operativos por desórdenes públicos, enfrentamientos entre civiles y ocupación de recintos públicos.

Además, también condenó el ataque armado contra un convoy del Ejército que patrullaba en una carretera de la región y en el que un militar recibió un disparo en la cabeza y registró "heridas leves", además de un carabinero que también fue herido durante los disturbios en Curacautín.

COMUNIDAD MAPUCHE ACUSA AL GOBIERNO

Los detenidos son en su mayoría comuneros mapuche que habían tomado los consistorios y fueron golpeados por los civiles encapuchados que, a pesar de ser horario de toque de queda, estaban en la vía pública sin problema pese a la presencia de las fuerzas del Estado.

El portavoz de los presos mapuche de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, acusó al Gobierno de "orquestar" los desalojos y permitir los linchamientos con el beneplácito de los policías presentes.

"Cobra relevancia que lo hicieron de acuerdo con quienes estaban custodiando el desalojo, que era Carabineros. Hubo una situación preparada por parte del Gobierno porque actuaron con completa impunidad en plena hora de toque de queda (...) porque ninguno terminó detenido por quebrantar esa medida", dijo.

Curipán señaló que la complicidad entre los civiles y Carabineros hace pensar a la comunidad mapuche que los sucesos violentos, entre los que se registraron la quema de dos edificios municipales sin todavía conocer la autoría, estaban premeditados.

"Esa idea de que no van a ser detenidos nos hace plantear que esto fue orquestado con anticipación, premeditado por parte del Gobierno, y quienes actuaron ahí no lo hicieron como acción espontánea de la ciudadanía como lo intentan plantear, sino que es una situación coordinada", indicó el portavoz.

"Si lo hubiéramos hecho los mapuche hubiéramos sido reprimidos y detenidos", agregó.

RACISMO ANTIMAPUCHE

Desde las comunidades también destacaron el racismo que sufren y que quedó patente en vídeos publicados por televisiones locales en los que se aprecia una masa de encapuchados armados con palos gritando en la calle "el que no salte es mapuche".

"Toda la gente que estaba allí era gente antimapuche. No todo el mundo participó de estas agresiones, eran un grupo reducido. Cuando hay este tipo de acciones lo que vemos es que el racismo se ha ido profundizando permanentemente contra nosotros y eso es parte de la política del Gobierno para acusarnos de violentos y terroristas", señaló Curipán.

UNA TRABA POLÍTICA A UN PROBLEMA HISTÓRICO

Desde la semana pasada diversos hechos se han sucedido en la zona, como la ocupación y desalojo del Registro Civil de la ciudad de Temuco o la quema de máquinas forestales de la empresa de celulosa Arauco, hechos violentos de facciones radicales del conflicto que no hacen sino echar más leña a un fuego complicado de apagar.

La principal traba para que el conflicto no se solucione, según Curipán, es la falta de aplicación del artículo 169, que Chile suscribió ante la Organización Internacional del Trabajo, en el que se reconoce a los pueblos originarios y sus derechos.

Entre ellos el reconocimiento de lo que se consideran sus tierras ancestrales y la obligación de que los indígenas participen de las decisiones que el Gobierno tome en la zona, algo que señalan que no ha ocurrido hasta el momento.

El conflicto mapuche ha provocado la muerte violenta de varios comuneros -el último, el del joven Camilo Catrillanca-, policías y agricultores, además de incendios de propiedades y maquinarias, con decenas de mapuches condenados bajo la ley antiterrorista.

(c) Agencia EFE