Victoria Donda: su rol en una audiencia y su defensa a la hermana de Etchevehere

En medio de la tensión por la toma en el campo, el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, acusó esta mañana al Gobierno de supuestamente apoyar esa acción con funcionarios. Culpó a Gabriela Carpinetti, directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de haber dormido en el establecimiento y objetó la intervención en una audiencia realizada ayer de Victoria Donda, presidenta del Inadi.

Con la polémica de fondo, Donda le dijo a LA NACION que decidió participar tras una denuncia recibida por Dolores Etchevehere -hermana del exministro que anunció una cesión en favor de un proyecto agroecológico que impulsa Juan Grabois- por presunta violencia económica y psicológica. Además, por supuestos actos de discriminación vistos y escuchados en las redes sociales contra las personas que se encuentran dentro de la propiedad.

En tanto, en diálogo con este medio, Dolores indicó que anoche le ofrecieron un "salvoconducto para salir de la provincia", donde se encuentra en Santa Elena. Ante una consulta, la hermana del exministro respondió sobre un libro de registro que trascendió sobre una supuesta cesión de acciones realizada en 2018: "Yo contesto solamente a través de mi abogado, y lo que se denuncia en un expediente, ese es el recorrido virtuoso".

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"No soy abogada defensora de Dolores, ella tiene sus abogados, participé desde el Instituto como lo hago con todos los casos donde hay violencia o actos de discriminación en el medio. Ella hizo una denuncia por violencia económica por eso me presenté a la audiencia de oficio, además, porque trascendieron mensajes de voz de WhatsApp de irlos a matar y desde el Instituto somos citados muchas veces para dar nuestra mirada", dijo Donda a LA NACION.

Además, agregó que la defensa de Dolores Etchevehere tiene un tema de fondo que tiene que resolverse con documentos que fueron aportados oportunamente en la causa. "El pretender que Dolores estaba en una situación de igualdad ante los hermanos es pretender una ficción que no se la cree nadie. Lo importante es dejar en claro que defendemos los derechos de género y discriminación. Hay una discriminación en cuanto a que se la ha maltratado a Dolores con violencia económica y psicológica que son violencias más difíciles de probar, son más sutiles", sostuvo.

"Voy a seguir de cerca este caso. Yo defiendo la propiedad privada, lo que pasa es que hay quienes no saben que las mujeres tenemos derecho a la propiedad privada", expresó.

En un documento, el abogado Rubén Pagliotto, que representa a la madre y hermanos Etchevehere, fue crítico sobre la participación de Donda en la audiencia. Dijo que allí hizo "breves arengas" y hasta la manejó.

"En la desordenada y caótica audiencia del día miércoles 21 de octubre, la que por momentos fue manejada en forma remota por Zoom por la Dra. Victoria Donda, titular del Inadi, quien cada tanto tomaba sin autorización la palabra y hacía breves arengas y en otras formulaba denuncias de supuestas agresiones o mensajes violentos de personas que pertenecerían al sector del campo, es decir, productores agropecuarios".

En la resolución que estableció el Juez de Garantías, Raúl Damir Flores, consta que Donda manifestó que estaban ingresando personas al campo amenazando de muerte a quienes estaban dentro del predio. Según dijo la exdiputada nacional, lo hizo porque le llegó esa información. "El juez me dio la palabra para hablar y lo conté porque eso constituye una amenaza de muerte", afirmó.

En tanto, Dolores Etchevehere, en diálogo con LA NACION, sostuvo que anoche, un grupo de personas ingresó al campo para ofrecerle un salvoconducto. "Estos señores me vinieron a decir que me venían a dar un salvoconducto para salir de la provincia, lo dijo ante una cámara. Acto seguido, dice: "Porque yo puedo estar tranquilo, pero no todos están tranquilos", refiriéndose al piquete. Yo le contesté: señor, yo no lo conozco y le pregunté a quién responde, y él me dijo: "A Luis Miguel Etchevehere", ahora hay otra denuncia. De esto ya tiene conocimiento Juan Grabois que es la persona que me patrocina", describió.

"Mandaron un grupo de patoteros buscando ver si yo me asusto, me amedrento. Yo les dije que estoy en mi casa. La persona que mandaron no la conozco, y yo lo recibí. Ellos estaban apuntándole a una mujer sola. Me apuntan, me gritan, patalean. Están presionando acá afuera. No tengo miedo porque el miedo paraliza", indicó. Según denunció la también periodista, días atrás, habrían amedrentado a sus hijos en el departamento que también forma parte de la sucesión, en donde vive, además, una menor de edad.

En tanto, ante una consulta de LA NACION sobre un libro de registro de intervenciones al que tuvo acceso este medio donde se lee que Dolores Etchevehere habría cedido, en 2018, la totalidad de sus acciones de Las Margaritas a una empresa denominada MIRUS SA, contestó: "Yo contesto solamente a través de mi abogado, y lo que se denuncia en un expediente, ese es el recorrido virtuoso".

Según señaló, las motivaciones por las que se habría instalado en el campo viene de una larga investigación que hizo en el lapso de 10 años. "Yo misma hice esta investigación, y me remito a lo que está en el expediente y una de las características es la falsificación. Además está dirimido y analizado por un juez, sobre esa línea es la que hablo", expresó.

"La sucesión Luis Félix Etchevehere está indivisa, no está cerrada por lo tanto todo es común; todo el acervo hereditario está indiviso. A partir de lo que dijo el juez que está todo indiviso, cualquier acervo hereditario porque Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego viven en casas de la sucesión, y yo nunca intenté ir contra sus techos. Yo estoy en uno de los inmuebles de la sucesión", observó. Además, planteó que su reclamo recorrió un ámbito privado y judicial antes de hacerse público.

"La gran preocupación mía era de no quedar vinculada por maniobras fraudulentas, porque si no lo denunciás, sos parte de esa asociación ilícita. En 11 años no existe la rendición de cuentas de una administración ininterrumpida, y hay bienes que no han sido declarados en la sucesión", denunció.