Vicentin: el avance del Gobierno agrava la tensión política en el Senado

Gustavo Ybarra

Aunque el proyecto aún no llegó el Congreso, la expropiación de Vicentin anticipa una nueva escalada en el enfrentamiento entre oficialismo y oposición en el Senado, en donde el Frente de Todos espera darle un rápido tratamiento a la iniciativa que envíe el Poder Ejecutivo.

Así lo dijo el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), en un reportaje con LA NACION."Si el Gobierno envía el proyecto de la expropiación, lo vamos a tratar enseguida", adelantó.

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Sin embargo, desde el interbloque de Juntos por el Cambio anticiparon su oposición a la ofensiva kirchnerista, amparándose en el protocolo de sesiones virtuales que aprobó la Cámara alta por unanimidad el pasado 13 de mayo y que limita los temas a discutir de manera remota a los vinculados con el coronavirus.

"No se pueden tratar temas que no tengan que ver con la lucha contra el Covid-19", afirmó el jefe de la bancada macrista de la Cámara alta, Humberto Schiavoni (Pro-Misiones).

El senador misionero fue más allá y advirtió sobre la legitimidad del tratamiento del proyecto de expropiación a contramano del reglamento especial. "Si se lo trata fuera del temario relacionado con la pandemia, puede haber problemas sobre la legalidad de la sanción", alertó.

Los senadores oficialistas Fernández Sagasti, a quien le adjudican la autoría del plan de expropiación, y José Mayans, que anunció que será tratado sin demoras

El protocolo especial de sesiones virtuales se ha convertido desde hace dos semanas en eje de una dura polémica entre oficialismo y oposición en el Senado, luego de que Cristina Kirchner ordenara desconocer ese acuerdo.

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Así, en las últimas dos sesiones, el oficialismo incluyó el debate de el DNU de Mauricio Macri que trasladó a la Corte el control de las escuchas judiciales, de la nueva ley de alquileres y la suspensión de las sociedades por acciones simplificadas (SAS). La oposición reaccionó desconectándose de la videoconferencia para deslegitimar lo aprobado por fuera del protocolo.

Este escenario promete agravarse en los próximos días, con el debate sobre el vencimiento y eventual extensión del reglamento ad hoc para las sesiones virtuales.

El protocolo fue votado con una vigencia de 60 días. Sin embargo, la oposición asegura que se trata de días hábiles. Pero el oficialismo sostiene que son corridos y, por lo tanto, consideran que hay que sentarse a negociar uno nuevo.

"La próxima semana estaríamos por cumplir los dos meses, así que sería el momento de hacer el replanteo", anticipó Mayans, antes de reivindicar la decisión de la vicepresidenta de eliminar el corset pandémico y que el Senado recupere la facultad de definir su agenda sin límites, de acuerdo a lo que decida la mayoría. Con 42 senadores, el oficialismo tiene número holgado para imponerse en cualquier votación, salvo aquellas que requieran los dos tercios de los presentes.

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Sin embargo, para el líder de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), el protocolo recién vence en julio.

Este tironeo se suma a las posiciones encontradas que ambos sectores mayoritarios de la Cámara alta ya han manifestado sobre el caso Vicentin.

Con 42 senadores, el oficialismo tiene los votos suficientes para aprobar cualquier proyecto que no requiera una mayoría especial

"Nosotros ya hemos rechazado el fondo y las formas de esta iniciativa", reivindicó Schiavoni sobre el anuncio del Gobierno acerca del futuro del grupo empresario. Según el senador macrista, la eventual expropiación "vulnera la garantía constitucional del derecho de propiedad" e implica "un avance de un poder sobre otro, porque hay causas judiciales" en curso. "Además, esto aleja las inversiones porque complica la seguridad jurídica", completó Schiavoni.

En el Senado, el caso Vicentin comenzó a discutirse aún antes de que el Gobierno envíe el proyecto de expropiación. El viernes pasado, la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó un proyecto del kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) que crea una comisión bicameral para investigar las presuntas irregularidades en los préstamos a la cerealera concedidos por el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

La oposición abandonó la videoconferencia en medio de fuertes denuncias contra el oficialismo. "Por la amplitud de las facultades palmariamente desproporcionadas que se asignan en el proyecto, sin duda alguna la propuesta tiene todas las características de las comisiones especiales fulminadas en el artículo 18 de la Constitución Nacional", denunció Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) antes de que los opositores pegaran un nuevo portazo virtual.