La versión de la Ley “Magnitski” en la UE: ni fiesta marbellí, ni cuenta suiza para criminales

Agencia EFE
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La Haya, 17 dic (EFE).- Los presuntos traficantes de personas, genocidas y violadores de derechos humanos no podrán arrimarse a la zona Schengen mientras arrastren acusaciones por crímenes internacionales: ni vacaciones en Marbella (España), ni acceso a sus ahorros en Suiza. La versión europea de la “Ley Magnitski” sancionará nombres de una “lista negra” unánime.

La Unión Europea (UE) empezará el 2021 con un esperado sistema que le permite penalizar a los violadores de los derechos humanos, sean de la nacionalidad que sean y tengan el cargo que tengan. “No tendrán acceso a la UE, ni a sus activos, casas o cuentas bancarias”, sentencia a Efe Stef Blok, ministro de Exteriores de Países Bajos y promotor de este mecanismo.

Las sanciones están destinadas a delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, torturas, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, pero también podrían afectar a individuos detrás de delitos “generalizados y sistemáticos” contra los derechos humanos.

Esta norma permite a Bruselas ocuparse de forma individual de los violadores de derechos humanos o quienes se benefician de abusos graves, y no solo en el contexto de sanciones contra todo un país, algo que no se acuerda con facilidad y que supone prácticamente una ruptura en las relaciones diplomáticas con el destinatario de la sanción.

CONSENSO PARA PREPARAR LA LISTA NEGRA

Aunque el sistema de sanciones se aplicará a delincuentes individuales y empresas de todo el mundo, bautizar extraoficialmente la ley como “Magnitski” es, para algunos países europeos, como señalar con el dedo a Moscú: la legislación se basa en el Acta Magnitski de Estados Unidos y lleva el apellido del abogado ruso Serguéi, fallecido en 2009 en custodia policial tras persistentes denuncias de la corrupción y los fraudes fiscales de Rusia.

La norma se llama Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos de la UE y quien más la trató de bloquear fue el primer ministro húngaro, Viktor Orbán -cercano al régimen de Moscú-, que trató de obstaculizar ya el presupuesto comunitario y el Fondo de Reconstrucción al vincular el reparto de dinero con el respeto al Estado de derecho y la independencia judicial.

Además de no poder transferirse dinero de sus cuentas bancarias, se les podría aplicar una prohibición de viaje a la UE. “Somos un continente bendito y a la gente le encanta viajar a Europa para tener un apartamento o una cuenta bancaria en Ámsterdam, París o Roma”, subraya Blok, que se “felicita” orgulloso de la aprobación de esta norma.

“Ha habido un fuerte llamamiento de la sociedad holandesa, del Parlamento holandés, para crear un régimen central europeo de derechos humanos y adopté ese reto. Dos años después de que empezara a tantear a mis colegas europeos, llegamos a este consenso. Es un gran éxito, un gran paso al frente”, celebra.

Los 27 están ahora ante “el gran reto de utilizar” este mecanismo, admite Blok, consciente de que poner nombres en esa lista negra durante los primeros meses del próximo año no será una tarea cómoda porque requiere unanimidad. “No será siempre fácil, pero confío en que seremos capaces de alcanzar un acuerdo”, cree.

VIOLENCIA CONTRA LOS PERIODISTAS

Blok no teme que este mecanismo europeo traiga dolores de cabeza en las relaciones con los países de origen de los destinatarios de las sanciones. “Si aplicas sanciones a alguien es porque algo terrible ha ocurrido, y la gente involucrada reaccionará de forma negativa, pero al distanciarte de las sanciones, estas aceptando que los derechos humanos sean violados y nosotros no podemos aceptar eso, así de simple”, añade.

Algunos nombres que podrían liderar esa lista son los funcionarios saudíes involucrados en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018, o los birmanos acusados de la persecución de la minoría rohinyá, que están en listas del Reino Unido y Estados Unidos, como algunos oficiales de China acusados de perseguir a musulmanes uigures.

“La violencia contra los periodistas es, desgraciadamente, uno de los asuntos que deberá ser una razón para aplicar sanciones”, reconoce Blok, que llevó esta iniciativa a Bruselas unas semanas después del asesinato de Khashoggi, ante la frustración de no poder actuar contra los involucrados en ese crimen.

Porque, preguntado por la situación de la libertad de prensa en el mundo en un año de pandemia, Blok tiene claro que el covid-19 tuvo sus efectos en el periodismo.

“Me temo que varios regímenes autocráticos han visto motivos para usar la presión o la violencia contra los periodistas que cubren acontecimientos negativos. Esa es una razón más para defender la libertad del periodismo”, subrayó.

Imane Rachidi

(c) Agencia EFE