Veracruz, el puerto que fue dado a una empresa por 100 años... hasta que AMLO se dio cuenta

Veracruz port. Veracruz Mexico
Puerto de Veracruz | Foto: Getty Images

Las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador son la oportunidad para hacer política y en el proceso imponer su criterio y visión de la “realidad”. Son útiles, entre otras cosas, por ofrecer versiones parciales o incompletas sobre la administración pública. Sirven para desinformar y manipular.

En la conferencia de prensa mañanera del martes 18 el presidente López Obrador informó, en tono de denuncia, que se acababa de enterar que el Puerto de Veracruz había sido concesionado por cien años a una empresa. Se refirió al problema de corrupción y ejemplificó con la administración de los puertos.

“Los puertos, por eso nos tardamos, hicimos una evaluación, estamos limpiando de corrupción. Me acabo de enterar de que el puerto de Veracruz se lo concesionaron a una empresa, primero, por 50 años, días después que ganamos, esa empresa recibió otra concesión ampliándole el plazo a 50 años más. Imagínense, una concesión del puerto de Veracruz de un siglo. ¿Cómo es que firmaron eso?”. (Animal Político, 18 de agosto de 2020)

El presidente López Obrador es experto en generar noticias. Mencionó como responsables de la concesión a dos de sus “villanos favoritos”. Carlos Salinas de Gortari, que en 1994 otorgó a la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, S.A. de C.V. una concesión por 50 años y Enrique Peña Nieto que le otorgó una prorroga por otros 50 años, apenas cuatro días después de que había ganado la presidencia. Se comprometió a llevar a cabo acciones legales para revocar lo que llamó “privatización” por cien años del Puerto de Veracruz.

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Lo que el presidente López Obrador dijo sobre las dos concesiones que se otorgaron a la API de Veracruz es cierto, pero es una información “incompleta” porque la empresa a la que se refirió es propiedad del Estado y su administrador es designado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

En México hay 16 APIs que integran el Sistema Portuario Nacional, organizado por litoral: Océano Pacífico y Golfo de México-Caribe. Su función es promover negocios en los puertos federales, dirigidos y controlados por sus accionistas y consejos de administración, según la Coordinación General de Puertos y Marítima Mercante. (El Financiero, 18 de agosto de 2020)

La empresa referida por el presidente López Obrador en su mañanera, es la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. de participación estatal mayoritaria, fue constituida mediante la escritura pública 30119, el 15 de diciembre de 1993. Sus únicos accionistas son el gobierno federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Hacienda.

Una API es una sociedad mercantil que realiza “la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos”. Lo que implica que, aunque los puertos mexicanos son propiedad del Estado, pueden ser concesionados para su administración, construcción y operación. (Animal Político, 18 de agosto de 2020)

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Esta es la realidad jurídica y administrativa de las APIs en México, pero el presidente López Obrador, a quien no le gusta reconocer sus errores e insuficiencias, “calificó como un "engaño y una simulación" que una empresa desconcentrada del propio Gobierno federal tenga la concesión del puerto de Veracruz. Insiste en que “la revisión del acuerdo es necesaria porque si bien el Gobierno es accionista de las API, la administración corresponde completamente a particulares.” (El Financiero, 19 de agosto de 2020)

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Por muchos años y hasta 1991, dominó la operación del Puerto de Veracruz el Sindicato de Maniobristas, Carretilleros, Cargadores, Aviadores y Conexos del Puerto de Veracruz, cuyos miembros fueron despedidos por la Secretaria de Hacienda. La fórmula para acabar con las prácticas corruptas de ese sindicato fue la creación de la API.

Las empresas privadas que han modernizado al Puerto de Veracruz en su infraestructura y tecnología, desde 1993, solicitaron la ampliación de la concesión por 50 años, prevista en el artículo 23 de la Ley de Puertos, para amortizar su inversión.

Terminar en el nombre del combate a la corrupción con las APIs, podría ser el regreso del sindicato mafioso que antes dominó todo lo que se hacía en el puerto más importante de México. Si llegara a suceder, solo se podría explicar porque ganó la ignorancia o la mala intención. Solo el rey no ve que desfila desnudo. ¿o nos quiere engañar?

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