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Venezuela, la patata caliente que el gobierno de Sánchez prefiere no tocar

MADRID, SPAIN - JANUARY 25:  Juan Guaidó, Venezuelan opposition leader holds a press conference after receiving The Golden Key of Municipalism at the Palacio de Cibeles on January 25, 2020 in Madrid, Spain. The delivery of keys is a protocol gesture that is repeated every time a head of state is in the city on an official visit. This distinction is included in the Protocol Regulation of the Madrid City Council, signed in 1988.  (Photo by David Benito/Getty Images)
Juan Guaidó habló a la prensa luego de recibir la Llave de Oro de Madrid en el Palacio de Cibeles el 25 de enero de 2020. Es un gesto protocolar reservado a los jefes de Estado. (Photo by David Benito/Getty Images)

Mucho ha pasado en España desde que el jefe del gobierno español Pedro Sánchez fuera uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, mientras que en la nación sudamericana el líder bolivariano Nicolás Maduro se mantiene incólume, tras neutralizar todos los esfuerzos por sacarlo del poder.

Atrás quedaron los tiempos en que Sánchez se sintió con la confianza de lanzar un ultimátum a Maduro para que llamara a unas elecciones democráticas y transparentes en un país que ha sido gobernado por la Revolución Bolivariana desde 1999, a pesar de que en enero del 2019 sólo poseía el respaldo irrestricto 84 diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Maduro se burló entonces de su amenaza. Lo llamó pelele y farsante en un mitin político. Doce meses y dos elecciones generales después, Sánchez no se encuentra condiciones de desgastarse en discutir sobre la política venezolana.

Pero la salida clandestina de Guaidó desde Venezuela para renovar el reconocimiento de los 55 países que lo han respaldado y recuperar el ímpetu de su lucha contra Maduro mostró la inconsistencia en la política exterior de un gobierno que ya no está integrado exclusivamente por independientes y partidarios del PSOE, sino que necesita del apoyo de Unidas Podemos para funcionar.

Ahora las decisiones de Estado deben ser negociadas con el vicepresidente Pablo Iglesias, abierto simpatizante de la causa chavista y quien ha acusado a Guaidó de golpista.

El ex presidente José Luis Zapatero aplaudió la decisión de bajarle peso político a la visita del líder opositor venezolano y aseguró que la información que se maneja en España sobre el país sudamericano está completamente sesgada, tras revelar que ha viajado a allí 38 veces.

En otras partes del mundo no se hicieron la vista gorda, especialmente después del abuso de la fuerza pública para impedir el ingreso de los diputados venezolanos a sesionar en la sede del Palacio Legislativo en Caracasl.

Antes de su llegada a Madrid, Guaidó conversó con el presidente de Colombia, Iván Duque, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, la canciller de Alemania, Ángela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, el prime ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, el Primer ministro británico, Boris Johnson.

Una posición pragmática

Otras miradas prefieren no meter el dedo en la llaga podemita y elaboran otras hipótesis sobre el motivo por el que Sánchez evitó encontrarse con Guaidó y delegó el apretón de manos a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

El politólogo Pablo Simón, en sus comentarios en un programa televisivo de La Sexta, justificó el pragmatismo del actual gobierno español. Para él no tiene sentido que Guaidó pida un trato de jefe de estado desde una situación precaria que no es reconocida por las Naciones Unidas.

El analista político explicó que la figura de presidente encargado no existe en el derecho internacional. "Los estados reconocen a otros estados, no reconocen a otros gobiernos".

A su juicio, España se vio en la disyuntiva de respaldar a Guaidó en enero de 2019 en un contexto político en que parecía inevitable el colapso de Maduro, en medio de rumores de deserciones militares y movilizaciones populares. Simón piensa que el apoyo perdió sentido porque el debilitamiento de Maduro no ha ocurrido.

La salida de Sánchez es mantener la posición oficial del Reino de España, mientras abre su "interlocución con la otra parte", al recordar que tienen importantes intereses políticos y económicos con el turbulento país caribeño.

Un oscuro y nocturno encuentro fortuito

Y precisamente mientras Sánchez se lavaba las manos al pasar por alto la visita de Guaidó, su ministro de Transporte, José Luis Ábalos, quedó enlodado en una enorme polémica por reunirse con la mano derecha de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en una madrugada en el Aeropuerto de Barajas.

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha calificado la reunión como grave no sólo porque el encuentro fue inicialmente negado y ocultado por Ábalos, sino porque Rodríguez fue sancionada por la Unión Europea en el 2017 y tiene la prohibición expresa de viajar al espacio común europeo por ser una de las responsables de la represión política y la violación de los derechos humanos en Venezuela.

En Bruselas, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, quien sí conversó con Guaidó y le ofreció "un firme apoyo", evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que España hubiera violado las sanciones impuestas con unanimidad por las cancillerías europeas el 13 de noviembre de 2017.

Guaidó restó importancia a la indiferencia de Sánchez y agradeció el "cordial" encuentro con González Laya, quien lucía un tanto incómoda cuando apareció antes las cámaras que llenaron la Casa América de Madrid.

Las posiciones divergentes y las incongruencias sobre el tratamiento del tema venezolano se hicieron evidentes durante el paso de Juan Guaidó y Delcy Rodríguez por España. Iglesias impidió un espaldarazo político a Guaidó pero la Embajada de España en Caracas sigue protegiendo en calidad de huésped al opositor Leopoldo López.

A la hora de sacar cuentas, Guaidó recibió “el pleno respaldo del Gobierno de España a su figura”, mientras que los europeos recordaron que Maduro y sus ministros han sido sancionados por el encarcelamiento y tortura de presos políticos y por el uso excesivo de la fuerza para reprimir.