Venezuela: aumentan muertos en cárceles en 2012

CARACAS, Venezuela (AP) — Unos 591 reclusos fallecieron en motines y otros hechos de fuerza en las cárceles venezolanas en 2012, la cifra más alta de muertes en las prisiones de los últimos 14 años, que coloca a los penales del país entre los más violentos de la región, anunció el jueves una importante organización local que defiende los derechos de los presos.

La violencia carcelaria alcanzó en el 2012 su máxima expresión de los últimos 14 años con una cifra de 591 fallecidos y 1.132 heridos, según datos que divulgó este jueves el Observatorio Venezolano de Prisiones.

"El Estado contribuye a que sean violentas. Uno, porque contribuye al tráfico de armas y de droga dentro de la cárcel; y dos, porque hace inhóspito el lugar de reclusión", indicó Humberto Prado, director del OVP, en conferencia de prensa.

Agregó que además de las condiciones de insalubridad, falta de agua, mala alimentación y falta de atención médica, la población penal venezolana, que alcanza a 48.662 personas, padecen una "hacinamiento crítico" estimado en 192%.

El registro de reclusos muertos del 2012 superó en 5,5% al del año anterior, y en 24% a la cifra del 2010.

Entre 1999 y el 2012 se han registrado en los penales venezolanos un total de 5.667 muertos y 15.592 heridos.

En el país funcionan 33 cárceles que fueron construidas para tener 16.539 reclusos, pero la población penal actual supera en casi tres veces la capacidad de esas instalaciones.

Prado dijo que después de 18 meses de creación del Ministerio de Servicio Penitenciario los resultados de que exhibe es una cifra de 869 muertos y 1.685 heridos, que evidencian que la situación de violencia sigue presente en las cárceles venezolanas.

Los responsables de suministrar información en el Ministerio no atendieron las llamadas de The Associated Press para pedir una opinión del informe del Observatorio.

El gobierno del presidente Hugo Chávez decidió en julio del 2011 crear el Ministerio de Servicio Penitenciario para hacer frente a la crisis carcelaria que quedó al descubierto luego del violento motín de casi un mes que se presentó en las cárceles centrales del Rodeo I y II.

En relación al tema de ingresos de armas y municiones a los centros penitenciarios, el activista señaló que las requisas y decomisos que han realizado las autoridades en los últimos meses han demostrado que no son suficientes porque ha continuado la entrada de armamento a las cárceles.

"Se tiene que dar un paso importante y es sacar a la Guardia Nacional de las cárceles. ¿Quién tiene la responsabilidad en la primera puerta (de los penales)? Es la Guardia Nacional. Entonces por donde pueden entrar las armas. Aquí no se trata de peloteo sino que se trata de responsabilidad", planteó el activista sobre la obligación de los guardias nacionales de supervisar lo que ingresa a las cárceles.

Los penales venezolanos son custodiados en las áreas externas por guardias nacionales y en el interior por funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario, pero en la mayoría de las cárceles el control interno lo tienen grupos de reclusos, algunos de ellos fuertemente armados, quienes tienen sometidos al resto de la población.

En las requisas que se han realizados en los últimos meses en algunas cárceles, las autoridades han encontrado fusiles, subametralladoras, escopetas, pistolas, revólveres, granadas, y municiones de diferentes calibres.

Una de las expresiones de la violencia que se vive en los penales venezolanas se registró el pasado 25 de enero en la cárcel de Uribana, de la ciudad central de Barquisimeto, donde murieron unas 58 personas durante un motín, según registros oficiales.

Prado expresó discrepancias con las cifras de fallecidos que aportó la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, y dijo que según los datos recabados por miembros de su organización luego de rastreos en la morgue, el hospital de Barquisimeto, y los datos aportados por los familiares de los muertos, en los sucesos de Uribana perecieron 63 personas de las cuales 61 eran reclusos, un guardia nacional y un pastor evangélico que estaba de visita en el recinto.

El activista informó que entregará el listado de 63 muertos a las autoridades para que realicen las investigaciones.

Varela defendió en la víspera la actuación de las autoridades en el incidente de Uribana señalando que "si a alguien le duele las muertes que se registran en las cárceles venezolanas es al gobierno revolucionario, porque como nunca antes aquí se han respetado los derechos humanos".

La ministra dijo, durante una entrevista en la televisora estatal, que no descarta que "factores políticos estén jugando a encender los penales y generar una tragedia y creo que lo que ha pasado en Uribana contiene ese elemento".

Los familiares de los asesinados y heridos de la cárcel de Uribana constituirán un comité de víctimas para presionar a las autoridades locales para que esclarezca el incidente y se establezcan las responsabilidades, informó Prado.

"Tenemos que lograr que el país tenga cárceles verdaderamente modelos", dijo recientemente el vicepresidente Nicolás Maduro al lamentar el violento incidente de la cárcel de Uribana, e indicó que se tiene que acabar el ingreso de armas y droga a los penales.

"Más temprano que tarde todas las cárceles del país tienen que estar bajo la rectoría de las autoridades, y esas autoridades tienen que ser también transparentes, pulcras, decentes, apegadas a la ley", comentó el vicepresidente. El gobierno decidió esta semana extender por tres meses una declaración de emergencia para acelerar la construcción de penales en el país.

El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, dijo a la AP que las cárceles venezolanas son unas de las más violentas de la región tal como lo evidenció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad en las América que divulgó a finales del 2011.

Otro de los países de la región donde se han reportado altas cifras de violencia carcelaria es Honduras. En febrero del año pasado se registró un violento motín e incendio en una cárcel hondureña que dejó como saldo 362 fallecidos.

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