Venezuela allana organización benéfica alimentaria, lo que interrumpe las comidas destinadas para niños

Anatoly Kurmanaev
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Niños almuerzan en un comedor de Alimenta la Solidaridad en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2019. (Meridith Kohut/The New York Times)
Niños almuerzan en un comedor de Alimenta la Solidaridad en Caracas, Venezuela, el 5 de febrero de 2019. (Meridith Kohut/The New York Times)
Roberto Patiño, segundo desde la izquierda, y el líder de la oposición Juan Guaidó, consuelan a la familia de un hombre asesinado en una protesta contra el gobierno el año pasado en Caracas, Venezuela, el 3 de febrero de 2019. (Meridith Kohut/The New York Times)
Roberto Patiño, segundo desde la izquierda, y el líder de la oposición Juan Guaidó, consuelan a la familia de un hombre asesinado en una protesta contra el gobierno el año pasado en Caracas, Venezuela, el 3 de febrero de 2019. (Meridith Kohut/The New York Times)

CARACAS — Funcionarios gubernamentales han allanado la sede y congelado las cuentas bancarias de una importante organización benéfica de alimentos venezolana, lo cual pone en peligro una ayuda vital para miles de niños durante una de las crisis humanitarias más graves del mundo.

Los allanamientos, que comenzaron la semana pasada, son el ataque más reciente del gobierno contra sus supuestos opositores, mientras el presidente Nicolás Maduro consolida su poder. Tras aplastar a los partidos de oposición, su campaña de represión se está centrando cada vez más en las organizaciones civiles independientes que intentan mitigar la crisis.

El gobierno ha acusado a la organización benéfica de alimentos, Alimenta la Solidaridad, de canalizar donaciones extranjeras para la subversión política, sin presentar pruebas de la supuesta ofensa. La organización sin fines de lucro y sus aliados calificaron las acusaciones y las redadas como una cruel táctica política que pone en riesgo la vida de los ciudadanos más vulnerables del país.

“Las consecuencias de esto serán brutales”, aseguró Susana Raffalli, una destacada nutricionista y activista venezolana. “A partir de ahora todos los trabajadores sociales tendrán miedo de seguir trabajando”.

Cuando la economía de Venezuela comenzó a derrumbarse bajo el mandato de Maduro, el gobierno recortó de manera drástica el gasto en educación, atención médica e incluso ayuda alimentaria, lo que hizo que las organizaciones sin fines de lucro tuviesen que llenar ese vacío. El año pasado, solo el cuatro por ciento de los venezolanos ganaron lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, según una encuesta realizada por las universidades públicas más prestigiosas del país.

Alimenta la Solidaridad gestiona decenas de comedores populares en zonas de clase trabajadora de todo el país, en donde atienden a 25.000 niños, según su fundador Roberto Patiño. El almuerzo de la organización benéfica a menudo les proporciona a los niños su única comida diaria, según entrevistas de The New York Times a docenas de beneficiarios durante los últimos dos años.

Muchos niños solo comen una parte de sus comidas para poder llevarle el resto a sus familiares.

Patiño dijo que la organización tendrá que interrumpir su servicio la próxima semana porque el congelamiento de sus cuentas bancarias les impide comprar alimentos.

Las medidas represivas comenzaron la semana pasada cuando reguladores bancarios y la policía secreta allanaron el banco privado más grande de Venezuela, Banesco, para investigar las transferencias de dinero de la organización benéfica a familias vulnerables, según Patiño. El banco emitió un comunicado distanciándose de Patiño, pero no respondió a una solicitud de comentarios sobre el allanamiento del ente regulador.

Esta semana, la Policía Nacional Contra la Corrupción allanó la sede de Alimenta la Solidaridad y la residencia registrada de Patiño, y le informaron a su familia que tenían una orden de arresto contra el activista.

Patiño es miembro de Primero Justicia, un partido opositor, pero siempre ha sostenido que su labor social está separada de la política.

“Recibimos personas de todas las tendencias políticas; en nuestros comedores no existe la política”, dijo Patiño, de 32 años, en una entrevista telefónica desde la clandestinidad. “Lo que más me duele en este momento es que todos esos niños no recibirán sus comidas la próxima semana”.

Las medidas contra la organización benéfica forman parte de una larga campaña de represión de Maduro contra las fuerzas sociales y políticas que no controla. Sin embargo, parecen contradecir de manera directa sus intentos de persuadir al gobierno entrante de Joe Biden para que flexibilice las sanciones internacionales que han estrangulado la economía.

Alimenta la Solidaridad forma parte del programa humanitario de la ONU en Venezuela y ha sido apoyado financieramente por la Unión Europea, varios de sus principales estados miembro y el Vaticano.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela calificó el acoso a la organización benéfica como “un acto despreciable del régimen”, en una publicación de Twitter, el 26 de noviembre.

Las misiones locales de la Unión Europea y Alemania no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las redadas contra la organización benéfica.

Maduro ha considerado las Naciones Unidas y el Vaticano como mediadores aptos en la crisis política del país y ha intentado reconstruir vínculos económicos con Europa para compensar el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Alimenta la Solidaridad también es el socio local de la organización benéfica internacional Save the Children. Jill Biden, esposa del presidente electo Joe Biden, presidió la junta de fideicomisarios de la sección estadounidense de Save the Children hasta 2018.

“Políticamente, no necesitaba esto”, dijo Raffalli, la activista, refiriéndose a Maduro. “Un Estado que tiene que allanar organizaciones sin fines de lucro para regularlas es un Estado débil, con muy poco capital político”.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company