Venezolanos en EEUU y otros países piden a Biden nuevas sanciones para funcionarios de Maduro

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Más de 50 representantes de la comunidad venezolana en EEUU y otros países solicitaron a la administración del presidente Joe Biden imponer nuevas sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás de Maduro, apoyar las investigaciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional, exigir la liberación de los presos políticos y garantías para celebrar elecciones transparentes.

La solicitud se realizó mediante una carta divulgada el sábado en la tarde, días después de que un grupo de 25 personalidades académicas, empresariales, sociales, políticas y economistas de Venezuela pidieron a Biden aliviar las sanciones y permitir las operaciones de las empresas petroleras estadounidenses.

El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro hablando tras la firma de un acuerdo con Rusia en Caracas el 16 de febrero del 2022.
El mandatario de Venezuela Nicolás Maduro hablando tras la firma de un acuerdo con Rusia en Caracas el 16 de febrero del 2022.

En la misiva se señala la “conveniencia y necesidad de las sanciones impuestas por EEUU al régimen de Maduro en el marco de la lucha por la libertad del pueblo venezolano” y se detallan las causas de la grave crisis económica que padece Venezuela, “cuya génesis es ajena y anterior a las sanciones”.

La carta fue enviada a Biden; al embajador de EEUU en Venezuela, James Story; a Anthony Blinken, secretario de Estado; a Ron DeSantis, gobernador de la Florida y a miembros del Cámara de Representantes y del Senado.

Los firmantes de la carta, entre los que hay activistas venezolanos-estadounidenses, políticos y empresarios de España, Chile y los Países Bajos, dijeron que la crisis que ha causado penurias y que ha obligado a huir del país a siete millones de personas se puede atribuir a cuatro factores.

El primero, precisaron, son las “erradas” políticas económicas y monetarias implementadas por el expresidente Hugo Chávez y Maduro, “bajo la asesoría de los Castro”. Seguido por la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial a todos los niveles.

El tercero es el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la Seguridad Jurídica, y el cuarto la corrupción “sin precedentes en la historia republicana” del país.

“Fueron las sanciones impuestas por EEUU a distintos funcionarios de Maduro, las que más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano, víctima de este régimen comunista, pues han ayudado a cerrar el financiamiento del régimen a las actividades criminales que organizan”, dijeron.

Un régimen que aseguraron es aliado de un “actual enemigo de EEUU como lo es la Rusia de Putin, de regímenes totalitarios como el Iraní, el de Cuba, Nicaragua y China, y aliado también de los carteles de la droga de Colombia, Bolivia y México, y de grupos terroristas como el Hezbolá, el ELN y las FARC, que inundan de droga a EEUU como política de guerra, y conspiran contra la estabilidad democrática de esta nación”.

No son un bloqueo

Enfatizaron que las sanciones, iniciadas bajo la administración del expresidente Barack Obama y que continuaron el expresidente Donal Trump y Biden, “en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela, toda vez que han sido sanciones con efectos directos al régimen y a sus funcionarios violadores de derechos humanos (lavadores de capitales y narcotraficantes), y que han quedado exentas de sanciones el comercio de alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad”.

Explicaron que la OFAC expidió licencias generales y sus “lineamientos relacionados a la Provisión de Ayuda y Apoyo Humanitario al Pueblo de Venezuela”, para prevenir que las órdenes ejecutivas tengan consecuencias no deseadas para la población venezolana.

Estas regulaciones, agregaron, de la OFAC autorizan a los ciudadanos de EEUU a proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos, incluyendo transacciones a través del sistema financiero para actividades relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, remesas, etc.

“En consecuencia, las sanciones no son un bloqueo. Más bien, podemos afirmar, junto algunos destacados juristas venezolanos, que las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero”, expresaron.

También se refirieron a los diálogos entre la oposición y el régimen subrayando que que han sido utilizados por Maduro como una táctica dilatoria para agotar a la disidencia, en espera de “reconfigurar el tablero político a su favor y oxigenarse en el poder”.

“No se puede negociar con quien está solicitado por el sistema de Justicia americano por narcoterrorismo, y cuya cabeza tiene precio. Cada vez que la oposición se ha prestado a negociar, ha sido tomado por el régimen como signo de debilidad y han arremetido con más fuerza y crueldad contra el pueblo, en persecución y torturas”, aseveraron.

En cuanto a las elecciones pidieron a Biden exigir garantías constitucionales para llevarlas a cabo porque consideran que hasta que no exista un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente, no se realice un saneamiento del Registro Nacional Electoral, se garantice el voto de los venezolanos en la diáspora, y no se implemente un sistema manual del sufragio, “no habrán elecciones libres y limpias”.

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