Venden terreno de un kínder a empresario que amplió su residencia

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LEÓN, Gto., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El primer síndico del ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, solicitó a la Contraloría Municipal abrir un expediente por la venta de un terreno propiedad de un kínder a un empresario a un precio inferior a su valor.

En el primer día de actividades oficiales, Sánchez Castellanos determinó formalizar la queja de que madres de familia y maestras del Jardín de Niños Juan Aldama, ubicado en la colonia Mirador El Refugio Campestre, porque el Gobierno Municipal les arrebató un predio de 1,319.49 metros cuadrados para favorecer al particular, quien lo utilizó para ampliar su residencia.

El terreno se lo quitaron a la escuela durante el periodo en que los niños cursaban sus clases en línea, por la pandemia, y presuntamente se lo vendieron en 2 millones de pesos al empresario Jorge Arnulfo Gutiérrez Álvarez Tostado.

El abogado de la ciudad publicó en sus redes sociales el oficio que entregó a la Contraloría, con la fecha y hora de recepción.

"Hoy solicité a la Contraloría abrir expediente que deslinde responsables de un posible daño al erario por haber vendido a un particular, a un precio inferior al de mercado, un predio que pertenecía a un Kínder", puntualizó el también expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

El síndico también pidió que se evalúe acción de lesividad u opciones de recuperación, anunció.

Describió que el kínder tenía una superficie de 2,520 metros cuadrados que se le entregaron en donación y en otro acuerdo del Ayuntamiento se le redujo a 1,200.51 metros cuadrados, tomando en cuenta que tenía capacidad para atender hasta 105 alumnos y contaba sólo con una matrícula

Sánchez Castellanos también solicitó a la Contraloría que se inicie una investigación en contra de Rodolfo Alejandro Ponce Ávila, quien fuera el director de Desarrollo Rural en la administración del alcalde Héctor López Santillana (quien gobernó León durante los últimos seis años) por haber promovido la exención del pago del impuesto predial a un particular.

Planteó un "posible quebranto al patrimonio municipal al haber otorgado a un particular un beneficio fiscal en el impuesto predial".

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