Vecinos acusan daños al medio ambiente en Parque Bicentenario

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Vecinos de colonias aledañas al Parque Bicentenario acusaron daños al medio ambiente en 55 hectáreas que fueron concesionadas a una empresa privada que realiza eventos musicales en dicho espacio público, donde además han detectado tala de árboles y desaparición de especies de ajolote que se resguardan al interior.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alberto García, uno de los vecinos, dijo que buscan recabar firmas para que autoridades federales vuelvan a tener el control del parque y se retire la concesión a dicha empresa.

Además refirió que a través de una serie de solicitudes de transparencia, realizadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la respuesta fue que la entrega concesionada se efectuó porque el lugar es "ocioso e improductivo".

"Nos contestaron que el Parque Bicentenario no funcionaba para lo que era hecho, y para que no sea ocioso e improductivo, lo entrega. La Semarnat no lo concesiona, se deshace de él y lo entrega al Instituto de Administración y Avalúos de Bienestar Nacionales (Indaabin), ellos devaluaron el parque hasta 33 millones de pesos; del 100% ese es el .33%", refirió.

Explicó que el 1 de marzo de 2018, el Parque Bicentenario fue entregado a la empresa concesionaria, que cobra 50 pesos en zonas como el estacionamiento, baños públicos y la ciclopista.

Comentó que el concesionario ha dicho que el parque cuesta, en mantenimiento, alrededor de 50 millones de pesos, pero que de acuerdo con información que les fue proporcionada a los vecinos por parte de Semarnat, ellos gastaban un millón del presupuesto anual para mantenimiento.

Los vecinos también han sostenido reuniones con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, que les ha confirmado que el Parque Bicentenario tiene una serie de irregularidades que se encuentran bajo investigación.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Jáuregui (Morena), expresó que denunciaron desde su ámbito, a distintas autoridades, para que se revise la información de posibles actos de corrupción de los dos gobiernos federales pasados, que cedieron este espacio a una empresa privada.