Varados: Amnistía Internacional le pidió información al Gobierno sobre el cupo de pasajeros que pueden ingresar al país

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Llegan a Ezeiza pasajeros que estaban en el exterior
Gerardo Viercovich

A horas de que el Gobierno diera a conocer que extenderá el cupo de 600 ingresos de pasajeros internacionales al país, Amnistía Internacional envió una carta dirigida a Cancillería, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en la que pidió información sobre los argentinos varados en el exterior. Además, solicitó una reunión con los funcionarios, les requirió explicaciones con respecto a la decisión tomada y advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas “proporcionadas” en el marco de la pandemia.

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En la misiva, Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización a nivel nacional, solicitó al Gobierno brindar en el plazo de 15 días una serie de definiciones en relación con el cierre de fronteras dispuesto el 25 de junio, “a efectos de garantizar que las restricciones se ajusten a los estándares internacionales de Derechos Humanos”.

Por un lado, instó a los funcionarios a enunciar los “criterios sanitarios” detrás de la medida, como así también la metodología empleada para definir la asignación de vuelos de repatriación y el cronograma de los mismos. Por otro, pidió detallar el número de personas afectadas por la decisión; cuántas de ellas permanecen fuera del país y en qué condiciones; la cifra de pedidos de repatriación; y la ayuda económica destinada por el Estado a estas personas, entre otras cuestiones.

En un documento también publicado este jueves, Amnistía Internacional comunicó el pedido de una reunión con Cafiero y De Pedro con el objetivo de “dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos” en relación con las restricciones establecidas”.

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Finalmente, Belski recordó que, si bien el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias, cualquier medida que se tome dentro de este marco debe ser “proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”.

Y cerró: “A más de un año de iniciada la pandemia, las autoridades deben extremar su compromiso con los derechos humanos y garantizar que las políticas implementadas no causen un impacto desproporcionado en las personas. En este sentido, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo y el Judicial tienen un rol clave y deben asegurar el máximo respeto de los derechos en la respuesta al COVID-19”.

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