Vacunas vip: Human Rights Watch criticó a la Argentina por abusos a los Derechos Humanos

LA NACION
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El presidente Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud de la Nación Ginés González García tras desencadenarse un escándalo de vacunación VIP
Fuente: Archivo

En el marco del escándalo de la vacunación vip, la organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que existen en la Argentina abusos de principios de derechos humanos al considerar que "el orden de acceso a la vacuna debe ser transparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno".

El director de la División para América de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, utilizó su cuenta de Twitter para hacer alusión a la distribución de vacunas en la Argentina y Perú, los países latinoamericanos que han registrado casos de tráfico de influencias para vacunar a dirigentes o personalidades cercanos al poder político.

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"Según principios de derechos humano, el orden de acceso a la vacuna debe ser transparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno", sostuvo Vivanco, quien remarcó: "Ante escándalos en Perú y Argentina, gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos".

Human Rights Watch es una organización dedicada a la defensa, investigación y promoción de derechos humanos.

El último viernes, el periodista Horacio Verbitsky reveló que le solicitó al ministro de Salud de la Nación Ginés González García acceso a una vacuna contra el coronavirus, lo que resultó en su inoculación directamente en el edificio ministerial.

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El caso resultó ser solo uno de muchos otros que accedieron a la inoculación por fuera de los requisitos establecidos en el plan de vacunación contra el Covid-19. El escándalo llevó a que el presidente Alberto Fernández pidiera la renuncia de González García y pusiera en su lugar a la exsecretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

En Perú, el "vacunagate" trascendió como un escándalo que involucró a más de 500 personalidades, incluyendo al representante diplomático de la Santa Sede. Autoridades policiales y judiciales trabajaron la última semana en allanamientos en el ministerio de Salud y dos clínicas universitarias como parte de las indagaciones. Además, se pidió la prisión preventiva de siete personas.