Víctimas denuncian obstáculos para reparar crímenes de guerra civil guatemalteca

La bandera nacional de Guatemala izada a media asta en Ciudad de Guatemala, el 8 de octubre de 2012 (AFP/Archivos | Johan Ordóñez)

Representantes de víctimas de la guerra civil de Guatemala (1960-1996) denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) obstáculos por parte del Estado guatemalteco para cumplir 14 sentencias sobre crímenes perpetrados durante el conflicto.

Previo a una audiencia privada con los jueces de la Corte en Ciudad de Guatemala, delegados de siete organizaciones y la familia de un menor desaparecido lamentaron la "impunidad" que persiste en el país en torno a los crímenes de guerra.

"Los casos tienen en común distintos obstáculos que impiden que haya justicia en relación con las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que atravesó el país", señalaron los activistas en un comunicado conjunto.

Entre las causas que la CorteIDH ordenó investigar y juzgar está la de "Panel Blanca", un vehículo usado para llevarse a personas que desaparecieron en los años 80, y utilizado en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990.

También el crimen del periodista y excandidato presidencial Jorge Carpio Nicolle en 1983, ocurrido en una carretera junto a otras tres personas cuando regresaban de actividades de su campaña política.

"Los procesos penales internos casi no han tenido avances desde la última audiencia (de la Corte), celebrada en mayo de 2014, lo que demuestra los problemas estructurales en la administración de justicia al interior del país", agregó el texto.

El lunes, los miembros de la Corte Interamericana visitarán las comunidades indígenas Plan de Sánchez y Pacux, en el norteño departamento de Baja Verapaz, para verificar el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por masacres ocurridas durante la guerra civil.

El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado del 93% de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período.