"Urgen actualizar programas de Protección Civil en unidades"

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- La diputada local de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa, urgió a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a las 16 alcaldías y a los institutos de Verificación Administrativa (Invea) y para la Seguridad de las Construcciones, actualizar los programas internos de protección civil en las unidades habitacionales.

Para ello, reveló que este miércoles presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, para que sea sometida la propuesta ante los 19 integrantes de ese organismo, "pues es necesario evitar desgracias como la que ocurrió este lunes en la colonia Acacias, Alcaldía Benito Juárez, donde falleció una persona y 26 más resultaron gravemente heridas", dijo.

Incluso, consideró que las autoridades ya planean esta acción, "pero considero que estos lamentables acontecimientos no debemos echarlos en saco roto, por lo que la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzu?a Venegas, los titulares de las 16 alcaldías y los titulares del INVE, Teresa Monroy Ramírez, y el de Seguridad de las Construcciones, Lucina Durán Calero, generen un programa de atención urgente y mesas de trabajo", señaló.

Recordó que derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó gran parte de la Ciudad de México, algunos inmuebles colapsaron y otros quedaron dañados estructuralmente, y pese a los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad, la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, aún no han logrado resolver la situación.

Chavira de la Rosa sostuvo que el pasado 15 de junio, solicitó a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil que en la colonia Del Mar, Alcaldía Tláhuac, los vecinos solicitaron un Dictamen Técnico de Riesgo a la vivienda ubicada en Cerrada Tiburón, Manzana 132, Lote 11, colonia Del Mar, la cual sufre de daño estructurales, lo que podría representar un riesgo para sus habitantes, así como a las personas que están en los alrededores.

"Los habitantes manifiestan que no han sido atendida sus peticiones. Es importante señalar que no se tiene que esperar a sufrir un daño para hacer caso a las peticiones de los ciudadanos. Por tal motivo, tiene que realizarse este programa de atención para evitar pérdidas de vidas, así como daños al patrimonio de los ciudadanos", comentó la legisladora morenista.

Destacó que la vivienda adecuada, fue reconocida como derecho humano en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aceptado y aplicable en todas las partes del mundo como uno de los derechos fundamentales para la vida de las personas.

Según consideraciones del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que una vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo siete criterios, tales como: Seguridad jurídica en la tenencia en primer lugar, es decir, vivir en un sitio sin miedo a ser desalojados o a recibir amenazas indebidas o inesperadas.

Lo mismo que acceso a servicios, bienes públicos e infraestructura, tales como energía eléctrica, saneamiento y recogida de basura; acceso a bienes ambientales, tales como tierra y agua, y a un medio ambiente equilibrado; vivienda a un precio accesible o con subsidios o financiaciones que garanticen costes compatibles con los niveles de ingresos.

Además, de buenas condiciones de habitabilidad, respetando un tamaño mínimo, con protección frente al frío, calor, lluvia, viento u otras amenazas a la salud, riesgos estructurales y sensibilidad a enfermedades; Acceso preferente a la vivienda para grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación; ubicación adecuada, con acceso a médicos y hospitales, escuelas, guarderías y transporte, en áreas urbanas o rurales.

Así como adecuación cultural, construida con materiales, estructuras y disposición espacial que viabilicen la expresión cultural y la diversidad de los distintos individuos y grupos que la habitan.

Incluso, asentó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4º, párrafo séptimo, reconoce el derecho a las familias a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y remite a ley secundaria establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo.

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