Urge CNDH para que libere o sentencie a mujer presa desde hace 7 años

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Acusada del delito de secuestro, desde hace poco más de siete años una mujer indígena de origen guatemalteco se encuentra privada de su libertad en Centro de Ejecución de Sanciones Penales, en Tamaulipas, sin que haya recibido una sentencia.

“Esto contraviene el plazo constitucional establecido para tal efecto, vulnerándose sus derechos a la presunción de inocencia, seguridad jurídica, debido proceso en transversalidad con sus derechos al acceso a la justicia y a la libertad personal”, expresó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hizo un llamado urgente al Juez Primero de lo Penal de Primer Instancia del Quinto Distrito en el estado de Tamaulipas, para que se pronuncie sobre la prolongación o cese de la prisión preventiva de una mujer.

A través de un comunicado, el organismo, dirigido por Rosario Piedra Ibarra, señaló que ha tenido conocimiento sobre los presuntos hechos violatorios a los derechos humanos cometidos en agravio de la mujer durante su detención por elementos de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) ahora Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas.

Señaló que la víctima fue aprehendida mientras se encontraba en un domicilio donde estaba sujeta a trabajos forzosos, desconociendo los motivos de su detención, y en ese momento no hablaba ni entendía el español al ser hablante de su dialecto de origen Chuj.

“No obstante, se le dio a firmar su declaración sin conocer su contenido, no contó con una asistencia jurídica adecuada y tampoco se le asignó una persona traductora. Fue durante su estancia en el centro penitenciario donde se encuentra actualmente, que aprendió a hablar y a comprender el español”, sostuvo la CNDH.

Expuso que además de la acreditación a las violaciones a sus derechos humanos cometidas durante su detención, llama la atención que ha transcurrido en exceso el plazo razonable establecido en la Constitución Federal para que se determine la situación jurídica de dicha persona, quien es víctima de una posible discriminación interseccional e institucional en virtud de los diversos contextos que convergen al ser mujer, indígena, en situación de pobreza, persona migrante.