Las Universidades del Bienestar aún sin planteles, certificación, ni claridad en el gasto: Coneval

En su primer informe del 5 de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que 15 mil alumnos ya estaban estudiando en las nuevas universidades del Bienestar Benito Juárez, uno de los principales proyectos de su gobierno, aunque hasta ese momento no había información sobre la dirección de los supuestos planteles para poder comprobarlo.

Ahora, con la reciente evaluación del programa realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se confirma que los primeros planteles comenzaron a construirse en noviembre de 2019 y recibieron a alumnos en sedes provisionales antes de tener listo si quiera la identificación del problema que el programa pretende resolver, análisis de la pertinencia de las carreras, las sedes, lineamientos de operación, gasto o evaluación; elementos que en algunos casos siguen aún pendientes este año.

El Coneval también reconoció como acierto que el programa busque “elaborar la propuesta pedagógica con base en las necesidades sociales, culturales y económicas de las regiones”, y considera la propuesta educativa como “innovadora”, pues toma en cuenta las desigualdades en los conocimientos adquiridos durante el bachillerato y por ello, al inicio de las carreras se realiza una valoración diagnóstica y un curso de recuperación de conocimientos.

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Sin embargo, el problema es que no está aterrizado. El diseño del programa que incluye identificación del problema para identificar si es pertinente y por qué, el tipo de población al que estará dirigido y, sobre todo, los objetivos que pretende alcanzar y la medición de los mismos para determinar si realmente logrará un beneficio aún no está claro.

Las fallas

En diciembre de 2019, días después de asumir la presidencia, el presidente López Obrador presentó el programa de 100 Universidades del Bienestar en el que sería el primer plantel en la Escuela Normal el Mexe, que había sido cerrada en 2004 y que estaría a cargo de la Secretaría de Educación Pública.

Animal Político hizo decenas de solicitudes de transparencia para conocer el proyecto, pero la respuesta recurrente era “inexistencia” de la información. Ahora se confirma que así era, pues el “Diagnóstico del programa U083. Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, se hizo hasta junio 2019, explica el Coneval en su evaluación.

En el diagnóstico, los programas deben establecer cuáles son las causas y los efectos de la problemática que se busca atender, pero en este caso algunos de los datos presentados no incluyen las fuentes de información y otros no están actualizados. Tampoco “distingue entre grupos poblacionales que podrían presentar en mayor media el problema y no se presenta un análisis de la evolución del problema a través del tiempo”.

Aún cuando en la página de internet de las Universidades ya hay información respecto a los programas de estudio, no todos tienen certificación, y aunque se enlista los municipios donde estarán los planteles, todavía no ubican el terreno preciso donde estarán, pese a que ya reportan a jóvenes inscritos tomando clase.

“En el diagnóstico se mencionan las áreas de estudio en las que se enfocan las carreras que se impartirán en los planteles; sin embargo, no se menciona cuáles serán éstas, en cuánto tiempo se definirán, ni cómo se determinarán las necesidades de supervivencia prioritarias de las comunidades a partir de las cuáles se asignan las carreras en cada universidad”.

Y si bien el programa ha avanzado en el registro de algunas de las carreras para la obtención de una certificación y validez oficial, no lo han logrado con todos, por lo tanto, “esta situación pone en riesgo la posibilidad de emitir de títulos y cédulas profesionales de las y los alumnos que están inscritos actualmente en alguna Universidad que coordina la intervención”.

Sobre la decisión de dónde abrirían los 100 planteles, el Organismo Coordinador del programa, a cargo de Raquel Sosa, informó los municipios seleccionados, pero de ellos, “sólo 36 cumplen con el supuesto de estar ubicadas en localidades que tienen entre 15,000 y 45,000 habitantes”, elemento principal esta decisión.

Además, aunque al momento de la realización del informe ya se habría comenzado las actividades correspondientes a la instalación y/o rehabilitación de 85 centros educativos, “se tiene poca claridad sobre los criterios que se utilizaron para la designación del monto por proyecto, los procedimientos en la compra de materiales y la contratación de personal”.

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El programa ofrece además que aquellos jóvenes que provengan de comunidades alejadas al plantel, podrán ser recibidos en las casas de las familias que vivan cerca de las universidades, pero hasta el momento no hay lineamientos precisos respecto a “¿cuáles son los mecanismos que utilizará el programa para identificar en los municipios a las familias que quieren colaborar con el programa en el hospedaje de los jóvenes? ¿Cómo se garantizará la privacidad, los gastos monetarios y la seguridad del estudiante?”, cuestiona el Coneval.

Además, el programa define como objetivo “contribuir a la política social mediante la incorporación de personas con bachillerato terminado a estudios de nivel licenciatura pertinentes al desarrollo económico y social de localidades, municipios y regiones en situación de pobreza y marginación”.

Pero el Coneval advierte que se trata de “un objetivo mayor al que el programa contribuye y su logro no está controlado por los responsables de la intervención”, pues el programa se trata de ofrecer opción de educación superior en zonas de alta marginación.

El objetivo que debería buscar sería el egreso (eficiencia terminal) de los jóvenes beneficiarios de las Universidades, pues “constituye un resultado de mayor alcance y con efectos documentados sobre los niveles de ingreso y condición de formalidad laboral de la población; en tanto que el “acceso” a estudios universitarios se considera un medio para lograr resultados que se traduzcan en mejores oportunidades, si bien es fundamental, “el acceso por sí mismo no garantiza la transformación de las condiciones sociales y económicas de la población”.

La Evaluación

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, todos los programas sociales realizados por la Federación, como parte de su política social, deben ser sometidos a evaluaciones para determinar su eficacia por parte del Coneval.

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Gracias a esta obligatoriedad legal, los ciudadanos se han enterado que, por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia contra la pobreza durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en realidad no combatía el hambre.

También ha evaluado Progresa, que funcionó en el sexenio de Ernesto Zedillo, luego cambiaron el nombre a Oportunidades en el gobierno de Vicente Fox, y a Prospera con Enrique Peña Nieto. Todos, programas de combate a la pobreza con cambios menores en su diseño.

Y aunque las evaluaciones advirtieron los beneficios o avances, también alertaron permanentemente sobre mejoras para evitar el uso clientelar y político, como lo advierte el libro “El Progresa-Oportunidades-Prospera a 20 años de su creación”.

Los informes de Evaluación de diseño con trabajo de campo 2019-2020 presentados este lunes, son las primeras revisiones que hace el Coneval a los programas del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha centrado su política justamente en programas sociales, sobre todo aquellos de entrega de dinero de manera directa.

Los informes aplican una serie de metodologías para evaluar a los programas y hacer recomendaciones para su mejora. Sin embargo, en algunos casos, como con las Universidades del Bienestar, los funcionarios a cargo de los programas rechazaron la evaluación al considerar que los evaluadores no entienden los programas y son prejuiciosos.

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