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Una senadora del PP investigada pasa al grupo mixto para desbloquear los presupuestos

En la imagen de archivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2017, el 4 de abril de 2017. REUTERS/Juan Medina

MADRID (Reuters) - La senadora del Partido Popular Pilar Barreiro, investigada por presunta corrupción, comunicó el viernes su intención de pasar al Grupo Mixto de la cámara alta, decisión que podría ir encaminada a facilitar el respaldo de Ciudadanos a los presupuestos generales del Estado.

La marcha de Barreiro había sido puesta como condición por la formación naranja, que apoya al Gobierno en minoría del PP, para respaldar las cuentas públicas de este año, que se aprobarán el martes en Consejo de Ministros pese a que el Ejecutivo aún no tiene asegurados los apoyos para superar la vía parlamentaria.

"Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles", dijo Barreiro en un comunicado difundido el viernes por la tarde.

La senadora dijo que esperaría "tranquila" la decisión del Tribunal Supremo respecto a las acusaciones de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho" que pesan contra ella en el marco de la conocida trama de corrupción Púnica.

La Fiscalía pidió este mes que se archivara la causa contra Barreiro al considerar que no estaba acreditada la acusación, que se remonta al periodo de la senadora como alcaldesa de Cartagena (Murcia).

"Más de 80 días ha tardado el PP en echar a su senadora imputada por el caso Púnica. Rajoy siempre tarde, pero si querían empezar a negociar los presupuestos tenían que cumplir el pacto anticorrupción exigido por Ciudadanos. Nosotros sí cumplimos", dijo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su cuenta de Twitter.

Aunque el PP se garantice el apoyo de Ciudadanos, aún ha de conseguir el respaldo de las formaciones Coalición Canarias y Nueva Canarias y del PNV, que se ha negado a dar el visto bueno a las cuentas públicas hasta que el Gobierno español deje de tener intervenidas las instituciones catalanas.