Fuerte cuestionamiento de los empresarios a la suba del impuesto a las ganancias para sociedades

Francisco Jueguen
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Daniel Funes de Rioja, Mercedes Marcó del Pont y Miguel Acevedo
Daniel Funes de Rioja, Mercedes Marcó del Pont y Miguel Acevedo

Los empresarios cuestionaron duramente el proyecto del Gobierno de suba del impuesto a las ganancias a las sociedades y advirtieron que afectará las inversiones, la producción y la creación de empleo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó un documento muy duro contra la iniciativa oficial que avanza en el Congreso en el que advirtió sobre su mirada “fiscalista”, que llevará a una recaudación extra de $320.821 millones, del que un tercio será aportado por ese sector.

Además, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a las empresas más grandes del país, alertó contra la fuerte presión tributaria que afecta al sector privado. Ya se habían pronunciado el Foro de Convergencia Empresarial y la Cámara de Comercio (CAC).

“La Argentina necesita imperiosamente movilizar las capacidades del sector privado para volver a crecer y generar empleo”, dijo Jaime Campos, presidente de AEA. “Otra suba de impuestos como la planteada para su tratamiento en Diputados, se contrapone totalmente con dichos objetivos”, agregó. AEA agrupa a Techint, Arcor, Mercado Libre, el Grupo Clarín, Coto, Cartellone, FCA, IRSA, Santander, PAE, Globant, Toyota, entre otras.

“El sector privado en nuestro país está sometido a una carga tributaria muy elevada y creciente y lo que correspondería, más aun en un contexto de pandemia, sería plantear una estrategia definida de baja de tributos”, dijo Campos. “No dejaremos de reiterar que los países crecen y crean nuevos puestos de trabajo cuando sus pequeñas, medianas y grandes empresas se ven incentivadas a invertir, a buscar nuevos mercados y a fortalecer sus cadenas de valor. Pagar mas impuestos no es lo que la Argentina necesita”, cuestionó el directivo.

Los cálculos de la UIA

LA UIA dijo que, de aprobarse el proyecto, sería la cuarta modificación del impuesto en los últimos 10 años e implicaría un incremento de 10 puntos porcentuales de la alícuota, que pasaría para muchas firmas de 25% a 35%. Según los cálculos privados, a partir de una utilidad neta superior a $25 millones (y siempre que no se distribuyan dividendos), la alícuota que deberá pagarse si se aprueban los cambios es mayor al 30% que rigió en 2020. “Si bien es cierto que a partir de $1000 millones de utilidad neta una empresa paga 34,9% de alícuota efectiva, sin distribuir dividendos, ya con mucho menos utilidad, la alícuota es mayor a 30%, e incluso muy similar a 35%. Una empresa que tiene ganancia de de $228 millones paga una alícuota de 34,5%; sin son $120 millones abona una alícuota de 34%; $81 millones llega 33,5% y $61 millones (33%). “Es otro cambio impositivo aislado, que no se da en el marco de una política integral que busque incentivar la inversión, la producción y el empleo”, dijo Carolina Castro, prosecretaria de la UIA.

La entidad estimó que el proyecto que está en Diputados genera una presión tributaria adicional de $320.821 millones, de los que $96.246 millones provienen de la industria. “Además, las empresas que verán incrementada la alícuota al 35%, en el sector industrial representan aproximadamente: 7000 industrias (firmas de más de 75 personas), el 76% del empleo formal, el 87% de la masa salarial y un 80% de la recaudación de este impuesto”, calcularon desde la entidad fabril donde afirman que la presión tributaria en el país es elevada y alcanza el 44% sobre el sector formal. Además, remarcaron que, ante la falta de financiamiento, la reinversión de utilidades es alta. Atacar las utilidades es atacar la inversión.

El proyecto oficial establece un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad. Un primer escalón será de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones; el segundo escalón –de 30%– es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%.

Según el oficialismo, sólo el 10% de las empresas pagará la tasa de 35% prevista en el proyecto. “El proyecto de ley no reduce la alícuota de ganancias a todo el universo pyme. Los números estimados por el Gobierno o son desactualizados en cuanto a cantidades y nominalidades o pronostican una reducción tan significativa de las ganancias determinadas por el sector productivo por efecto de la crisis que hacen esperar una caída del producto bruto muy brusca para 2021”, cerraron en la UIA.