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Turquía aprueba polémica ley de espionaje

ANKARA, Turquía (AP) — El parlamento de Turquía aprobó el jueves una ley que amplía los poderes de la agencia de espionaje interno, en medio de temores de que la medida perjudicará el sistema democrático justo cuando el país ansía integrarse a la Unión Europea.

La ley daría a la Agencia Nacional de Inteligencia la capacidad de lanzar misiones encubiertas y de vigilar más estrechamente a la ciudadanía.

Además contemplaría penas de cárcel para quienes publiquen documentos secretos.

El gobierno insiste en que la reforma sólo busca hacer más eficiente a la agencia de seguridad y permitirle estar al día con "las necesidades modernas de seguridad y de relaciones internacionales".

La oposición denuncia que la medida le otorga excesivos poderes a la agencia y que convertirá a Turquía en un país de vigilancia constante. Los opositores han prometido pedir la anulación de la ley ante el máximo tribunal.

"Esta nueva legislación acabará con el último vestigio de democracia que le quedaba a Turquía", expresó Atilla Kart, legislador del opositor Partido Republicano del Pueblo.

El viceprimer ministro Besir Atalay negó las acusaciones de que a la agencia se le está dando poderes excesivos, afirmando que la entidad operará acorde con la legislación nacional.

"Creemos crear una agencia de inteligencia que se ajuste a un estado fuerte, pero que actúe dentro de los confines de la ley", expresó.

La ley es el intento más reciente del primer ministro Recep Tayyip Erdogan por afianzar su poder sobre las agencias del Estado en momentos en que su gobierno se ve envuelto en acusaciones de corrupción.

Erdogan acusa a los seguidores de Fethullah Gulen, un clérigo radicado en Estados Unidos, de infiltrar el sistema policial y judicial y de elaborar las acusaciones de corrupción para desprestigiar al gobierno.

Desde que estalló el escándalo de corrupción en diciembre, el gobierno le ha conferido al Ministerio de Justicia más autoridad sobre el poder judicial, ha intensificado el control sobre internet, ha bloqueado el acceso a Twitter y YouTube y ha destituido a miles de policías y fiscales.

El máximo tribunal del país eventualmente anuló la prohibición sobre Twitter y la autoridad del Ministerio de Justicia sobre la rama judicial.