Tucumán: cuatro funcionarios se vacunaron contra el Covid y el gobernador los defendió

Fabián López
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Juan Manzur junto a la futura Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, la Dra. Sandra Tirado
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SAN MIGUEL DE TUCUMAN. Cuando todavía hay miles de adultos mayores de 70 años y personas que integran grupos de riesgo esperando su turno para inmunizarse contra el coronavirus en Tucumán, hoy se conoció que cuatro funcionarios locales accedieron a la vacuna de manera presuntamente irregular.

Se trata de los delegados comunales de Taco Ralo, Claudia Ferrari (54 años); de La Madrid, Héctor Soria Chanta (52); de Ranchillos, Luis Horacio del Campo (42 años); y de Capitán Cáceres, Carlos Jiménez (47 años).

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El caso fue denunciado ante la Justicia Federal de Tucumán por el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), a través de su titular, la médica Adriana Bueno. El planteo se suma a otras dos demandas penales que habían sido presentadas por la oposición en marzo último, cuando salió a la luz la presunta existencia de un sistema de “vacunaciones vip” de las que se habrían beneficiado algunos funcionarios del Gobierno provincial, junto con sus familias y colaboradores.

Hasta el momento no hubo avances significativos en ninguna de las causas, mientras se siguen denunciando presuntas irregularidades con las vacunas contra el Covid-19.

En el escrito presentado hoy ante la Fiscalía Federal de Tucumán, Bueno solicitó que se investigue a los funcionarios denunciados “por incumplimiento de los deberes de funcionario público o por violación al artículo 205 del Código Penal -que sanciona a quienes incumplan las medidas adoptadas para “impedir la propagación de una epidemia”-, entre otros ilícitos que podría confirmar la pesquisa.

Según consta en la denuncia, a la que LA NACION tuvo acceso, los cuatro comisionados rurales del interior tucumano se habrían vacunado en el turno correspondiente a mayores de 60 años, sector poblacional que en Tucumán comenzó a ser inoculado a fines de marzo por disposición del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Los registros presentados por Bueno ante la Justicia indican que Ferrari y Soria Chanta se vacunaron el pasado 12 de abril en el Centro de Salud de la localidad de Graneros; mientras que Del Campo y Jiménez lo hicieron un día más tarde en el Centro Integrado Comunitario de la ciudad de Monteros.

En Tucumán, el cronograma de vacunación contempla a personal de la salud, tanto del sector público como del privado, mayores de 70 y de 60 años, docentes, personas que sufren enfermedades cardíacas, diabéticos y pacientes trasplantados.

En su denuncia, Bueno remarcó que ninguno de los cuatro delegados denunciados presenta comorbilidades ni pertenecen a los grupos de riesgo para los que están destinadas por estos días las dosis con las que cuenta Tucumán.

“Dichas vacunas hubieran correspondido a personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades o empleados de la salud, sin embargo, todos ellos se han visto privados de esta posibilidad por esta ‘viveza criolla’, ‘privilegio’ o incumplimiento de la ley”, sentenció la profesional.

La denunciante sostuvo que “si bien en argentina no existe una calificación legal específica para los funcionarios o particulares que salteen el orden de prioridades establecidos de forma especial para la vacunación contra el coronavirus, el hecho de no respetar dicho orden de prelación podría encuadrarse en las figuras penales mencionadas”. Además, recordó que “las vacunas son un bien preciado y escaso en la gran mayoría de los países del mundo”.

Manzur defendió la vacunación de los funcionarios

El gobernador tucumano, Juan Manzur, justificó la vacunación de los funcionarios denunciados. “Los delegados comunales están dentro de la población de riesgo”, aseguró. El mandatario peronista recordó que desde que comenzó la pandemia fallecieron por coronavirus cinco delegados comunales, y sostuvo que por este motivo se trata de personas que “están en una situación de mucha vulnerabilidad y riesgo”.

Además, el gobernador peronista dijo que “el Comité de Expertos ha decidido, después de la muerte de cinco comisionados comunales, avanzar en la cobertura e inmunización de ese grupo poblacional en Tucumán”.

Otras dos denuncias

A fines de abril salió a la luz el caso de José Gandur (h), un abogado de 39 años que se desempeña como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social y que recibió la vacuna contra la Covid-19 en un sanatorio privado de la capital tucumana.

Días más tarde se conoció que otros tres hermanos del funcionario, Marina Gandur, de 42 años, Javier Gandur, de 38 años, empleado del Ministerio de Economía de Tucumán, e Ileana Emilse Gandur, de 36, quien vive y trabaja en Buenos Aires, también fueron vacunados en la misma clínica.

Desde el propio Ministerio de Salud de Tucumán habían asegurado que no se estaba inmunizando contra el coronavirus en los sanatorios privados, debido a que el sistema de vacunación se centralizó en el sector público. También se conoció un listado en el que figuran empleados administrativos del Ministerio de Salud de la Provincia que también fueron vacunados, pese a no integrar grupos de riesgo, incluidos choferes periodistas, un mozo y una empleada de limpieza del área.

La ministra del área, Rossana Chahla, aseguró que se trata de trabajadores que cumplen tareas esenciales. Sin embargo, la respuesta de la funcionaria no convenció a la oposición y fue denunciada penalmente ante la Justicia provincial por el legislador provincial José María Canelada (UCR).

La denuncia, por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad y malversación de caudales del Estado, también alcanzó a José Antonio Gandur, padre de los hermanos que habrían sido inoculados de manera irregular, y a Luis Medina Ruiz, en su rol de secretarios del Sistema Provincial de Salud y responsables del programa de vacunación.

Por su parte, el legislador provincial José Ricardo Ascárate, de Juntos por el Cambio, presentó una denuncia en la justicia federal para requerir que se le ordene al gobierno de Juan Manzur que entregue el registro y listado de las personas que recibieron las dosis desde que se inició la campaña nacional de inmunización.