Trump: todo lo que sabemos sobre el comité antidisturbios del Capitolio contra el expresidente

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En mayo, los republicanos del Senado bloquearon la creación de una comisión bipartidista para investigar los hechos que condujeron a la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero y sus alrededores.

Un filibustero republicano intentó aplazar una investigación sobre el asalto, que fue alimentada por la mentira persistente de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas a Donald Trump, quien continúa amplificando una narrativa infundada de fraude electoral y manipulación mientras obtiene apoyo para su marca en mítines y en declaraciones al estilo de Twitter emitidas por sus aliados en su nombre.

Los legisladores de la Cámara de Representantes acusaron a Trump por segunda vez de incitar a los disturbios. El Senado votó a favor de su absolución. Y sin un consenso bipartidista para investigar formalmente el intento fallido de revocar los resultados de las elecciones durante la violencia en los pasillos del Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, propuso una resolución para formar un comité selecto. Esa resolución fue aprobada en la Cámara de Representantes por 222 votos contra 190, y solo dos republicanos, Adam Kinzinger y Liz Cheney, se unieron a todos los demócratas en apoyo. Dieciséis miembros republicanos no votaron.

El comité está integrado por los representantes estadounidenses Cheney y Kinzinger, junto con los demócratas Zoe Lofgren, Adam Schiff, Pete Aguilar, Stephanie Murphy, Jamie Raskin y Elaine Luria. El representante estadounidense Bennie Thompson es el presidente del comité.

Un intento de recopilar documentos y testimonios de docenas de personas se ha convertido en una batalla legal entre los aliados de Trump y un comité inquebrantable respaldado por el poder de la citación. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

El comité solicita cientos de documentos

El 25 de agosto, el comité emitió una primera ronda de demandas de registros extensos de varias oficinas de la Casa Blanca, agencias y grupos policiales federales. Esos registros incluyen comunicaciones entre más de 30 empleados de la Casa Blanca y funcionarios del gabinete y asociados de la era Trump, incluidos registros de llamadas, registros telefónicos, memorandos de reuniones y registros de visitantes de la Casa Blanca.

También se envió una solicitud a la Administración Nacional de Archivos y Registros, que conserva las comunicaciones de la Casa Blanca.

Al día siguiente, el comité solicitó registros de 15 empresas de redes sociales para documentos "relacionados con la difusión de información errónea, los esfuerzos para revertir las elecciones de 2020 o evitar la certificación de los resultados, el extremismo violento nacional y la influencia extranjera en las elecciones de 2020" en todo sus plataformas.

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También se enviaron citaciones a Ali Alexander y Nathan Martin, organizadores detrás de Stop The Steal, la manifestación y movimiento que precedió al ataque al Capitolio. Su deposición está programada para el 28 y 29 de octubre.

El ex fiscal general adjunto Jeffrey Clark también está programado para una deposición el 29 de octubre.

Donald Trump, 'privilegio ejecutivo' y una nueva demanda

El expresidente ha insistido en repetidas ocasiones en que su "privilegio ejecutivo" evitará la divulgación de los registros citados, aunque ya no es presidente, al invocar el derecho de la oficina ejecutiva a evitar la divulgación pública de comunicaciones confidenciales, si se compromete la función de gobierno.

La abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, informó al archivero de los Estados Unidos David Ferriero el 8 de octubre que el presidente Joe Biden no aceptará la solicitud de Trump de usar su privilegio ejecutivo para evitar la divulgación de los documentos solicitados por el comité.

El presidente "ha determinado que una afirmación del privilegio ejecutivo no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos", según la carta.

“El Congreso está examinando un asalto a nuestra Constitución e instituciones democráticas provocado y avivado por quienes juraron protegerlas, y la conducta bajo investigación se extiende mucho más allá de las deliberaciones típicas sobre el desempeño adecuado de las responsabilidades constitucionales del presidente”, manifiesta la carta.

Ese día, Trump arremetió con una serie de declaraciones emitidas por su portavoz.

“Los demócratas están ebrios de poder, pero este peligroso asalto a nuestra Constitución e importante precedente legal no funcionará”, mencionó.

Acusó al comité de liderar una "investigación falsa" para usar "el poder del gobierno para silenciar a 'Trump' y nuestro movimiento Make America Great Again, el mayor logro de este tipo de todos los tiempos".

En su propia carta a los Archivos Nacionales el 8 de octubre, Trump declaró que si el comité continuaba buscando registros de la administración Trump, "tomaré todas las medidas necesarias y apropiadas para defender la Oficina de la Presidencia".

El 18 de octubre, presentó una demanda contra el presidente Thompson y el comité mismo, así como los Archivos Nacionales y Ferriero, en un intento de impedir que el comité obtenga esos registros.

En un comunicado, el portavoz de Trump, Taylor Budowich, señaló que Trump presentó la demanda "en defensa de la Constitución, la Oficina del Presidente y el futuro de nuestra nación, todo lo cual el falso Comité de Deselección está tratando de destruir".

Los expertos legales explicaron a The Independent que la demanda está "condenada al fracaso", según Norm Eisen, investigador principal de Brookings Institution.

“Sufre de una falla central desde la primera página hasta la última, que es que son referencias constantes al 'presidente', se olvida que ese individuo ahora se llama Joe Biden, no Donald Trump”, dijo.

Steve Bannon y los cargos por desacato criminal

El 23 de septiembre, el comité emitió citaciones al exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, al director de redes sociales Dan Scavino, y a Kash Patel, ex asistente legislativo del representante estadounidense Devin Nunes.

El comité también citó a Steve Bannon, exasesor de Trump.

Pero Bannon ha invocado las afirmaciones del expresidente de privilegio ejecutivo para incumplir con la citación, aunque no ha trabajado para la Casa Blanca desde 2017.

El abogado de Bannon manifestó que el exasesor "no presentará documentos ni testificará", pero revisará su posición si Trump lo hace, o si un tribunal falla en su contra, según una carta enviada al comité el 14 de octubre.

En una declaración que siguió a la objeción de Bannon, el presidente Thompson lo acusó de "esconderse detrás de las declaraciones insuficientes, generales y vagas del expresidente sobre los privilegios que pretendía invocar".

"Rechazamos su posición por completo", anunció el 14 de octubre. "El Comité Selecto no tolerará el desafío de nuestras citaciones, por lo que debemos seguir adelante con los procedimientos para derivar al Sr. Bannon por desacato criminal".

Thompson dijo que el comité "utilizará todas las herramientas a su disposición para obtener la información que busca, y los testigos que intenten obstaculizar al Comité Selecto no tendrán éxito".

El comité votará el 19 de octubre si considera que el exasesor de Trump, Steve Bannon, en desacato al Congreso por negarse a cumplir con la citación.

Si una mayoría tanto del comité como del pleno de la Cámara vota a favor de un cargo penal por desacato en su contra, el caso de Bannon sería remitido a la oficina del Fiscal Federal por posibles cargos por desacato frente a un gran jurado.

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