Yahoo Noticias EEUU estudia separar a niños indocumentados de sus familias y alojarlos en bases militares, mientras otros cientos están 'perdidos'
Los niños indocumentados serían el objetivo de un punzante plan del gobierno de Donald Trump que incluye, de acuerdo a reportes, separarlos de sus familiares luego de su detención al entrar irregularmente al país para alojarlos en bases militares.
La actitud de Trump y su administración ha sido hostil contra los inmigrantes y se ha ensañado en particular contra los indocumentados, a los que ha ofendido y estigmatizado, a los que ha utilizado para regodearse con los grupos de la derecha xenófoba que lo apoyan y como chivo expiatorio de problemas diversos. En contrapartida, no ha reconocido proporcionalmente las grandes aportaciones que los inmigrantes, incluidos los sin papeles, hacen al país y que son en su inmensa mayoría personas honestas y trabajadoras que solo buscan una vida mejor.
En ese contexto, de acuerdo al periódico The Washington Post, el gobierno federal analiza enviar a indocumentados menores de 18 años a albergues en bases militares, con lo que no solo los separaría de sus padres (con los que fueron detenidos al ingresar sin documentos al país) sino que en principio tampoco los enviaría, como ha sucedido hasta ahora en los casos de menores indocumentados, a centros de acogida de organizaciones civiles para posteriormente, si procede, reunirlos en Estados Unidos con familiares o personas que asuman su custodia.
Los menores que crucen solos y sean detenidos también serían enviados a esos albergues militares.
Funcionarios de los departamentos de Defensa y de Salud y Recursos Humanos ya habrían visitado cuatro bases militares en Arkansas y Texas y estarían evaluando la pertinencia de ese esquema.
Se trataría, de acuerdo a The Hill, de Fort Bliss, cerca de El Paso; Dyes Air Force, cerca de Abilene; y Goodfellow Air Force Base en San Angelo, todas en Texas, además de Little Rock Air Force Base en Arkansas.
Un plan cruel para desestimular la inmigración ilegal
En parte, el Post menciona que una razón para usar las bases militares para albergar a menores indocumentados es que los albergues actualmente en uso, unos 100 en 14 estados con capacidad para 10.571 personas, estarían ya a 91% de capacidad. Y el gobierno, se indica, considera que luego del auge de cruces de familias indocumentadas en meses recientes necesitan hallar nuevos espacios.
Con todo, esa medida tiene ángulos ominosos y crueles. En principio, implica separar a los menores de sus padres, quienes estarían detenidos y ante la posibilidad no solo de enfrentar su deportación sino también cargos penales por haber cruzado la frontera irregularmente con los chicos. Así, el gobierno estaría criminalizando a los padres y enviando a sus hijos a bases militares, un mensaje amenazante que presumiblemente busca ser un disuasivo al flujo de inmigrantes.
El propio procurador general Jeff Sessions dijo que “si no quiere que su hijo sea separado, no lo traiga de este lado de la frontera ilegalmente”.
Y, como señala The Hill, es justamente la previsión de que más padres indocumentados podrían ser procesados penalmente lo que elevaría, al menos de modo potencial, el número de menores que requieren ser colocados en un albergue. Dado que estos están cerca de su capacidad es que el uso de bases militares sería requerido. Pero eso quizá no sería así sin la obstinación persecutoria del gobierno federal.
Y no sería la primera vez que menores indocumentados son albergados en bases militares. En 2014, durante el gobierno de Obama, unos 7.000 niños permanecieron por algunos meses en instalaciones militares en California, Oklahoma y Texas. Pero en el caso presente, el añadido de la criminalización de los padres pone todo el asunto en nueva perspectiva.
A ojos críticos, el panorama tiene punzantes evocaciones a campos de prisioneros y, por añadidura, no se ha explicado a cabalidad si el personal militar en esas bases permanecerá allí ni quién estará a cargo de la atención de los menores.
El gobierno federal aún no ha decidido si seguir adelante con ello, pero el citado plan es un indicador más de que su actitud y acción ante los indocumentados no ha hecho sino crecer en hostilidad, con deportaciones al alza, persecución de tipo penal y separaciones de familias.
Los 1.475 niños migrantes ‘perdidos’
En todo caso, el manejo del sistema vigente de mantener a los niños en albergues por un tiempo y luego entregarlos a familiares u otros adultos con custodia ha recibido también severas críticas. Como relata Time, las autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos perdieron contacto con 1.475 menores indocumentados que cruzaron solos al país y que tras ser detenidos fueron entregados a hogares de adultos “patrocinadores”, como se conoce a los familiares u otras personas que asumen la responsabilidad de su cuidado.
Esto porque, al parecer por lo limitado de sus recursos, las autoridades no pudieron dar seguimiento a esos menores y no pudieron ubicarlos tras realizar llamadas. Y aunque eso no significa necesariamente que todos esos niños se encuentren en peligro, reportes previos han revelado que en 2016 decenas de ellos habrían sufrido maltrato, abuso sexual o explotación laboral en los hogares a los que fueron enviados, con el agravante que entonces muchos de los “patrocinadores” no eran sometidos a revisiones de antecedentes.
Y tan solo entre octubre y diciembre de 2017, añade Time, las autoridades perdieron el rastro de los 1.475 menores indocumentados señalados, de un total de 7.635 casos a los que dieron seguimiento. Además, 28 de esos chicos habían escapado de la casa donde vivían, 5 fueron deportados y 52 vivían con otra persona. 6.075 continuaban viviendo con sus mismos “patrocinadores”.
Por ello, el bienestar y la seguridad de esos menores ha sido causa de inquietud entre activistas y legisladores, pues si bien en gran medida estarían albergados con personas protectoras y responsables, no hay claridad sobre las circunstancias de muchas otras. El riesgo de que esos menores sean víctimas de tráfico humanos ha sido mencionado insistentemente.
Con todo, cabe preguntarse si el modelo vigente es el adecuado para afrontar el drama y la crisis humanitaria de los niños migrantes y si su enrarecimiento con medidas persecutorias, separaciones y uso de centros militares es realmente el adecuado tanto en términos legales y éticos como humanos y sociales o si, como muchos denuncian, es más bien la imposición de una agenda xenófoba y amenazante, encaminada sobre todo a alimentar enconos y a apuntalar posiciones políticas.
