Trump erra al suponer que recluir en masa a enfermos mentales evitará la violencia armada

En algunos de los casos de letales tiroteos masivos que han enlutado Estados Unidos, y en otros incidentes con armas de fuego, los responsables padecían en mayor o menor grado problemas de salud mental, y en varios casos habían previamente mostrado signos de sufrir un padecimiento de esa índole.

Y es cierto que la falta de atención suficiente y oportuna habría sido un factor contributivo, en varios casos, a que un individuo con una enfermedad mental llegara a la condición de decidir cometer un asesinato masivo y de perpetrarlo.

Pero, de acuerdo a expertos, generalizar o simplificar esas relaciones es causa de equívocos pues, en realidad, la enorme mayoría de las personas con enfermedades mentales no son violentas y solo una fracción de los homicidios con armas de fuego fueron causados por individuos con serios padecimientos de esa índole, como afirmó un estudio al respecto publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

Pero tras las recientes y desoladoras masacres en El Paso y Dayton, el propio presidente Donald Trump ha expresado la idea de que los problemas de salud mental figuran entre las causas mayores que llevan a la perpetración de esos crímenes e incluso ha sugerido el restablecimiento de hospitales psiquiátricos a gran escala para mantener allí recluidos a las personas con enfermedades mentales.

La idea sería, en esa lógica, que mantener bajo custodia a personas que podrían desencadenar actos de violencia masiva a causa de sus padecimientos psiquiátricos evitaría que tales crímenes se cometieran.

“Pienso que debemos de comenzar a construir instituciones [manicomios] de nuevo porque… si se mira hacia los años 60 y 70, muchas de las instituciones fueron cerradas entonces… Pero mucho de nuestra conversación tiene que ver con el hecho de que tenemos que abrirlas. No podemos dejar a esa gente [los enfermos mentales] estar en las calles”, dijo Trump a reporteros el pasado jueves.

Y, luego, en un mitin en New Hampshire dijo enfáticamente que “sacaremos de las calles a las personas con enfermedades mentales trastornadas y peligrosas”. Es decir, se infiere, propone recluir, incluso contra su voluntad, en manicomios a personas que se encuentren en tales supuestos.

El argumento parece sencillo y pertinente, pero en realidad es equívoco e incluso potencialmente peligroso. Y se le ha criticado, además, por ser una forma de eludir la responsabilidad directa y ominosa que la fácil y amplia disponibilidad de armas de fuego en el país ha tenido en esas tragedias.

Desde hace varias décadas el enfoque en el tratamiento de personas con enfermedades mentales severas se ha modificado y por ello la cantidad de centros en el que se recluye a esos pacientes se ha reducido en Estados Unidos de forma sustantiva.

Como señalaron expertos a la televisora CBS News, eso se debe a que en el pasado el trato a quienes eran confinados con frecuencia resultaba cruel y abusivo, en ocasiones violatorio de derechos básicos, y poco útil para realmente atender el bienestar del paciente y promover su eventual recuperación.

Esos cierres también han tenido que ver con cuestiones de costos, y ello ha ciertamente afectado no solo a los grandes manicomios sino a las clínicas de atención psiquiátrica que, sin recluir a nadie, son el primer punto de ayuda para muchos pacientes (la enorme mayoría, como se ha señalado, sin historial o conducta de violencia).

Actualmente aún se recluye a pacientes mentales contra su voluntad, pero es por lo general en casos de emergencia o extrema urgencia, por ejemplo cuando el individuo está efectivamente teniendo acciones y tendencias agresivas, homicidas o suicidas de tipo extremo y que representan un peligro específico para el propio paciente y para la sociedad.

Y hay voces que en efecto consideran que se requiere ampliar la cantidad de camas para la hospitalización de enfermos psiquiátricos graves, pues es cierto que en muchos lugares no hay opciones suficientes o adecuadas de atención temprana y continua en clínicas de índole ambulatorio, lo que deja sin tratar (y en proceso de agravamiento) a muchos pacientes que, a la postre, llegan a condiciones severas que requieren internamiento.

Así, en la enorme mayoría de los casos, el enfoque ante las enfermedades mentales es propiciar una atención, diagnóstico y tratamiento temprano y ambulatorio, lo que según especialistas produce mejores resultados tanto para el individuo como para su comunidad (máxime cuando se estima que una de cada cinco personas puede sufrir alguna clase de padecimiento mental).

Abrir manicomios a gran escala para arrojar allí a las personas con esas enfermedades no sería, por ello, pertinente en términos médicos, humanos, económicos y legales.

Y se ha señalado, como informó la televisora PBS, que en realidad el perfil psicológico de una persona no predice que esta vaya a cometer un atentado, pues si bien en 50 casos de ataques masivos registrados en Estados Unidos entre 2017 y 2018 se halló en dos tercios de ellos que el responsable tenía síntomas de padecimientos mentales antes de realizar su agresión, solo una mínima proporción de los personas con esas enfermedades cometen actos violentos.

No es así obvio que una persona con ciertos síntomas vaya inevitablemente a cometer un cierto acto violento de modo que pueda ser identificado a priori y recluido para evitar que lo haga.

Así, salvo en los casos en que un paciente muestre una acción o intención concreta de violencia, no habría manera de concluir que una persona con enfermedad mental cometerá un ataque. Suponerlo así es estigmatizar como criminales potenciales a una ingente cantidad de personas, y pretender confinarlas en manicomios equivaldría a un estado de reclusión en masa y por tiempo indefinido.

Y hay estudios que señalan que, en realidad, al considerar el tamaño de las poblaciones respectivas, las personas sin enfermedades mentales tienen una tendencia a cometer violencia tres veces más alta que aquellos que tienen padecimientos psiquiátricos.

De acuerdo a expertos citados por CBS News, por ejemplo el criminólogo Adam Lankford de la Universidad de Alabama, si las enfermedades mentales fueran un factor que predijera la comisión de un tiroteo masivo, “en países con los mayores índices de suicidio habrían altos índices de tiroteos masivos”. Pero ese no es el caso.

En cambio, señala, sí hay una relación directa entre el índice de posesión de armas de fuego y tiroteos masivos, como el caso de Estados Unidos lo demuestra (con 5% de la población mundial, ha padecido el 31% de los tiroteos masivos a escala global).

Todo ello no quiere decir que mejorar la atención psiquiátrica no sea necesario. Lo es. Si se hubiese dado tratamiento oportuno y suficiente a ciertos individuos, estos podrían no haber cometido asesinatos. Y en varios casos el no haber dado seguimiento a un enfermo mental severo ya diagnosticado tuvo que ver con que éste cometiera tiempo después un acto violento.

Pero la manera de atender ese problema no es con la reclusión de todo aquel que presente ciertos síntomas o conductas, sino con la atención continua y apropiada de quienes los han mostrado para, justamente, evitar que lleguen a los extremos de volverse violentos o de requerir confinamiento.

Pero ello no se logra arrojando a las personas a manicomios sino con atención temprana y continua cuando se detecta que una persona tiene síntomas de enfermedad mental. Y en vez de crear un sistema psiquiátrico-carcelario, se necesita ampliar la disponibilidad de clínicas y profesionales de salud mental a escala nacional, y con ello se beneficiará al general de la población.

Será ciertamente necesario contar con hospitales donde recluir a aquellos pacientes que requieren internamiento por la gravedad o peligrosidad de su condición, pero la conclusión de cuándo un paciente llega a ese estado no puede darse a prioiri, sino que es el resultado de un proceso de atención previa o, en los peores casos, después de que ya ha entrado en máxima crisis o incurrido en violencia.

En contraparte, para frenar los casos de tiroteos masivos y la violencia de armas de fuego, los expertos reiteran que se deben atacar los catalizadores mayores de esos fenómenos: la gran disponibilidad de armas en el país, empezando con controles más estrictos a quienes pueden adquirirlas y poseerlas y con prohibiciones al uso civil de armamento de naturaleza bélica.

En ello se incluye, ciertamente, que a una persona diagnosticada con una enfermedad mental severa o que ha hecho amenazas o acciones que implica un peligro real de violencia para él o para la sociedad se le confisquen sus armas y se le excluya de la posibilidad de adquirirlas (las llamadas reglas “red flag”).

Pero incluso en esos casos, las normas vigentes al respecto requieren que esa confiscación sea decretada por una orden de un juez con base en evidencia ante una corte.

La noción, así, de confinar en masa a personas con enfermedades mentales es improcedente y no es una solución al problema de los tiroteos masivos que sufre el país. El control de armas y la mejora a escala general de los servicios de atención a los problemas mentales sí lo serían.