Trump no fue acusado, pero los cargos penales aún lo amenazan.

Tras todas las sospechas y expectativas, no fue una conspiración relacionada con Rusia, una operación generalizada de lavado de dinero, ni una acusación radical de delincuencia organizada y corrupción.

Al final, fue una investigación que reveló el presunto abuso de prestaciones comunes y corrientes —como autos de alquiler, apartamentos y colegiaturas— la que hizo que el negocio familiar de Donald Trump pasara de ser un imperio de los bienes raíces a una entidad acusada en un caso penal.

El jueves, los miembros de la fiscalía de distrito de Manhattan presentaron una acusación formal en contra de la Organización Trump y su director financiero, Allen H. Weisselberg, que denuncia un esquema sostenido durante más de una década en el que Weisselberg eludió el pago de impuestos por prebendas y bonos equivalentes a cerca de 2 millones de dólares, mientras la empresa se beneficiaba de ayudarle a hacerlo.

Si bien no hay ningún indicio de que el propio Trump vaya a enfrentar cargos penales pronto, el fiscal de distrito, Cyrus Vance, ha declarado que “el trabajo sigue en marcha”, y el expresidente seguirá al centro de la investigación conforme los fiscales presionen a Weisselberg para que coopere.

Trump se ha escapado de varias investigaciones por parte de las autoridades a lo largo de casi tres décadas, y bien podría hacerlo de nuevo. Aun así, el auto judicial que presentó Vance el jueves ya ha tocado una fibra sensible en la imagen pública de Trump —el negocio del hombre de negocios— de una manera que ninguna otra investigación había conseguido.

Los efectos colaterales podrían ser considerables. Una acusación contra una empresa —ya ni hablar de una condena— puede poner en peligro sus relaciones con bancos y socios comerciales. El exmandatario ahora enfrenta cientos de millones de dólares en préstamos que deben ser rembolsados, y la amenaza legal contra su negocio podría afectar sus finanzas de manera significativa.

Además, las acusaciones podrían influir en las decisiones de Trump con respecto a su futuro en la política. En el pasado, sus agravios le han servido como motivación personal y herramienta política, y mientras se rehusaba a acatar las órdenes de comparecencia de Vance para hacer públicas sus declaraciones de impuestos, hasta que el asunto llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, agregó esta investigación a la lista interminable de problemas legales que recitaba frente a sus simpatizantes. De hecho, algunos republicanos cercanos al expresidente creen que ahora estará más protegido de los que llama “fiscales neoyorquinos de la izquierda radical”, si contiende por la presidencia en 2024, y sus asistentes dijeron que su enfado ante la acusación bien podría motivarlo a postularse.

Sin embargo, varios aliados y asesores piensan que no se arriesgaría a perder otra elección general. El miércoles, poco después de que se presentaran las acusaciones, Trump declaró en un foro abierto de Fox News que ya había tomado una decisión final sobre su postulación, aunque no reveló cuál era.

El jueves por la tarde, Trump afirmó en una breve entrevista que la acusación de la fiscalía era “algo terrible para nuestro país, y la gente está muy enojada al respecto”.

“Allen Weisselberg es un hombre muy bueno y lo han tratado de manera espantosa”, dijo, tachando la acusación de persecución política.

Si bien los cargos revelados el jueves representan una suerte de clímax, también podrían marcar otro paso en la investigación más amplia que el fiscal de distrito está haciendo sobre el expresidente, a la que se ha sumado la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. La investigación se enfoca en averiguar si Trump, en efecto, llevaba dos libros contables distintos: uno para sus banqueros, en el que exageraba el valor de sus propiedades, y otro para las autoridades tributarias, en el que las subestimaba.

Weisselberg, quien está a punto de cumplir 50 años de trabajo con la familia Trump y muy probablemente conoce esos libros mejor que casi cualquiera, lleva meses soportando una intensa presión por parte de los fiscales, que están usando todas las herramientas a su disposición para convertirlo en un testigo cooperante. No obstante, el ejecutivo, a quien un antiguo compañero de trabajo describió como un “discípulo”, por su devoción a Trump, ahora tendrá que sopesar esa lealtad contra la posibilidad de pasar tiempo en la cárcel.

Los expertos en impuestos han comentado que es poco común entablar un caso penal solo con base en el impago de impuestos sobre ese tipo de prebendas, conocidas como beneficios laborales. Sin embargo, aquellos que conocen los métodos de Mark F. Pomerantz, el destacado fiscal que Vance eligió para liderar la investigación, dicen que la acusación presentada el jueves podría representar el punto de partida de un caso más extenso.

“Sin duda podría servir como un escalón. En cualquier caso que implique a una organización, lo más común es inculpar a las personas y tratar de convencerlas de cooperar”, explicó Robert S. Litt, ex fiscal federal y funcionario del Departamento de Justicia que ha sido amigo de Pomerantz desde hace décadas. “Ahora acusaron a Weisselberg con todo lo que tienen y si las pruebas son suficientemente contundentes y a él de verdad le preocupa ir a la cárcel, podría optar por salvarse a expensas de otros”.

Es bien sabido que Trump no se comunica por correo electrónico ni mensajes de texto, tampoco guarda expedientes escritos que puedan revelar sus intenciones a un jurado. Por lo tanto, los fiscales dirigieron su atención al ejecutivo que conoce mejor que nadie las transacciones comerciales de la Organización Trump y cuyos conocimientos podrían convertirse en evidencia si llegara a colaborar como testigo: Weisselberg.

“Este es un método muy común cuando se lidia con cualquier tipo de organización, ya sea la mafia o una empresa”, comentó Litt. “Vas subiendo la escalera corporativa y ves cuán alto puedes llegar”.

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