Triquis en CDMX rechazan freno a diálogo para retorno a Oaxaca

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Familias triquis desplazadas de Tierra Blanca, Oaxaca, y que se encuentran en la Ciudad de México en espera de que se concrete el regreso seguro a su comunidad ubicada en región Mixteca, rechazaron el anuncio del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), respecto a que suspenden su participación en las mesas de diálogo con autoridades de los tres niveles, en las cuales se había fijado el 16 de mayo como fecha para el retorno.

Anoche, la Dirección Política del MULT denunció el asesinato de uno de sus militantes en el municipio de Juxtlahuaca. A través de un comunicado, la organización informó que aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este jueves fue asesinado Lucio Pérez Martínez, militante de dicha organización y dirigente de Artesanos en Juxtlahuaca, quien fue acribillado por "pistoleros".

Sin ofrecer pruebas, la organización responsabilizó del asesinato a Macario García Jiménez y Horacio Santiago García, dirigentes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización antagónica que ha impulsado el retorno de los desplazados, mismo que al menos en dos ocasiones ha sido frenado por el MULT.

El anuncio de la suspensión de las mesas de diálogo para concretar el retorno de los desplazados se dio sólo cuatro días antes de la fecha fijada por organizaciones sociales involucradas en el conflicto, junto con autoridades federales, estatales y municipales, así como integrantes de la sociedad civil, y apenas unas horas antes de la visita de la Comisión Interinstitucional y Civil que acudiría este viernes a Tierra Blanca a recabar información con los pobladores, para concretar el retorno.

En marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció a las 143 familias triquis como víctimas de desplazamiento forzado internó y emitió recomendaciones al gobierno de Oaxaca, a la fiscalía estatal y al gobierno municipal de Juxtlahuaca, a donde pertenece Tierra Blanca, para garantizar el retorno seguro de los pobladores desplazados. El MULT ha rechazado en distintas ocasiones el carácter de víctimas de los desplazados.

Sobre el tema, los desplazados triquis en la CDMX señalaron que ya se esperaba que el MULT se opusiera al retorno de las familias, pues ya lo ha frenado en dos ocasiones y que buscara alguna razón para abandonar la mesa de diálogo, e incluso acusaron agresiones de parte de algunos integrantes, las cuales calificaron de provocaciones.

"Teníamos contemplado que esto iba a pasar. Desde que se inició la mesa con el grupo paramilitar (MULT) lo que han intentado hacer es romper la mesa, buscando cualquier excusa, aunque no tengan fundamentos o lógica la forma en la que la han querido romper", denunciaron.

"Como ya no encuentra una salida… a este grupo paramilitar no le conviene perder una comunidad, estaría perdiendo recursos económicos, perdiendo poder dentro de la región y eso es lo que menos quieren".

Este viernes, el MULTI lamentó el asesinato que se cometió ayer en Juxtlahuaca y los señalamientos en contra de sus dirigentes, ante lo cual se deslindaron del crimen y calificaron las acusaciones como infundadas.

"Condenamos este lamentable hecho y nos deslindamos totalmente de estos señalamientos infundados porque estamos impulsando un proyecto de pacificación y la base de este fue el "Pacto de No Agresión" y resulta sospechoso que este suceso que se genera en la etapa previa al retorno".

Los integrantes del MULTI recordaron que situaciones similares ya han sucedido anteriormente, "cuando se está a punto de lograr el proceso de pacificación, se suscitan este tipo de actos violentos en la nación triqui", dice el documento.

Ante ello, cuestionaron si no se trata de "una estrategia perversa para frenar el retorno que se está impulsando" y a quién beneficia que no regresen los desplazados y recuperen su territorio. "¿Quiénes son los que salen afectados si ingresa la seguridad a Tierra Blanca Copala?", preguntan.

Ante ello, el MULTI pidió al Estado Mexicano, a la Segob, al Gobierno de Oaxaca, a la CNDH, a la Defensoría y la fiscalía estatal y demás actores que no se condicione el retorno de los desplazados y a no seguir violentando sus derechos humanos. Y que sea la fiscalía oaxaqueña la que realice las investigaciones y determine las responsabilidades sobre el asesinato de este jueves y que no se realicen acusaciones infundadas.

"No tienen pruebas para demostrara que fueron los compañeros, están haciendo acusaciones directas y no hay pruebas para sostener estas acusaciones. Se cobró la vida de una persona más, pero son ellos mismos quienes lo están haciendo, para perjudicar más que nada a la mesa, y a las familias desplazadas. Estamos viendo lo que va a pasar, estamos viendo que gobierno no suspenda el retorno, solamente porque el grupo paramilitar lo está exigiendo", señalaron a EL UNIVERSAL los desplazados en CDMX.

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