En los tribunales le bajan el precio a las críticas del Gobierno a la Justicia

Hernán Cappiello
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La ofensiva del Gobierno con airadas críticas a la Justicia tuvo un efecto dispar en los tribunales. En algunos despachos judiciales tomaron nota de las declaraciones de Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, quienes denunciaron un pacto de algunos jueces con el macrismo y reclamaron cambios de fondo. Otros funcionarios judiciales subestimaron estas expresiones o directamente respondieron con indiferencia.

Uno de los detonantes de la ira del Gobierno con los jueces fue el fallo de la Corte que confirmó a condena a dos años de prisión contra Milagro Sala, pero principalmente lo que enervó a Cristina Kirchner y al kirchnerismo fue la decisión de la Cámara de Casación para que la causa que investiga el espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Cambiemos se tramite en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. No solo implicó mudar un expediente, sino que, por sorteo, ese caso recayó en el fiscal Carlos Stornelli, a quien el kirchnerismo considera como uno de sus mayores enemigos desde el caso de los cuadernos de las coimas.

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La ministra Losardo denunció por Twitter que jueces visitaban a Mauricio Macri en la Casa Rosada o compartían con él partidos de tenis. El mensaje tuvo por destinatario al juez Gustavo Hornos, presidente de la Cámara de Casación, y a su colega Mariano Borinsky, que firmó el fallo para que la causa del espionaje quede en Comodoro Py.

En la Casación tomaron nota de la embestida, aunque buscaron bajarle los decibles. Se asombraron de todos modos del impacto político que tuvo un fallo por una cuestión de competencia. No son los mismos tiempos que hace dos años, cuando Comodoro Py mostraba las garras. La pandemia y el cambio de clima político hicieron lo demás.

Hornos fue denunciado en el Consejo de la Magistratura hace 10 días por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés porque el juez registra visitas a la Casa Rosada contemporáneas con fallos contrarios a opositores de Cambiemos.

Hornos llegó a presidente de la Casación con el voto de un poco más de la mitad de sus colegas, pero esta noticia impactó de lleno en todas las salas. Se empezaron a escuchar críticas y tibios pedidos de explicaciones. Esta semana está prevista la reunión del Tribunal de Superintendencia, donde se juntan los presidentes de las cuatro Salas y el propio Hornos. Puede ser una ocasión en que se aborde el tema por iniciativa del juez o de sus colegas, en un intento de dar por superado el episodio. Aunque el tuit de Losardo no hizo más que echar kerosene al fuego, en un clima de tensa calma, que preanuncia la tormenta.

A los colegas que les preguntaron por sus visitas, el juez les respondió que tiene una relación social con Macri, que no la va a negar y que en ocasiones le pidió opinión sobre temas de política judicial, pero no de causas en trámite.

Los que no lo quieren a Hornos recordaban el caso de su colega Juan Carlos Gemignani, que debió dejar la presidencia de la Casación por denuncias de maltrato a una funcionaria judicial. En este caso, el clima no daría para tanto.

El otro juez de la Casación apuntado esta semana por el Frente de Todos fue Eduardo Riggi, a quien acusan de retener un expediente en el que se investiga a la "mesa judicial" de Cambiemos, con el presunto objetivo de proteger a Macri.

En la Casación sospechan que esta embestida contra Hornos y Riggi en realidad es una venganza porque ambos jueces firmaron el fallo que devolvió a prisión al empresario Cristóbal López. Hornos y Borinsky también dispusieron la apertura de la investigación de la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó días antes de su muerte. O la ratificación de la condena de la causa Ciccone, en donde Amado Boudou fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y que fue confirmada por la Corte Suprema.

En la Corte, en tanto, los tuits de Losardo y del Presidente, que preanuncian cambios en la organización del Poder Judicial, son mirados con una mezcla de subestimación a indiferencia.

No creen que tengan por qué preocuparse y están seguros de la legalidad de cada una de sus decisiones, por lo que desde el punto de vista institucional no identifican ninguna señal de alarma. Creen que en el Gobierno canalizan la impotencia con amenazas e intimidaciones. Aunque saben del efecto esmerilador que tienen estas apreciaciones en el "círculo rojo".

Otros directamente prefieren responder con indiferencia. "¿Qué tuits?", se preguntan, bajándole el precio a las tapas de los diarios dominicales. Lo cierto es que si desde el Gobierno buscan alinear o controlar a la Corte el efecto obtenido fue el contrario. Lejos de domesticarla, las críticas que se repiten en los últimos diez meses, se tradujeron en sentencias dolorosas: la confirmación de las condenas de Amado Boudou y Milagro Sala, o las sentencias por el primer juicio por la tragedia de Once. Aunque resta que la Corte analice los recursos pendientes de Cristina Kirchner en la causa de Vialidad Nacional, que está en pleno juicio.

Los embates de la ministra Losardo en las redes sociales parecen en otro tono que las declaraciones que hizo hace tres semanas en una entrevista con Jorge Fontevecchia en el diario Perfil. Allí dijo el Gobierno quiere "una Justicia independiente, donde no haya intromisiones de cuestiones políticas, presiones hacia los jueces o que los jueces se dejen presionar".

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También dijo que las soluciones tienen que ser judiciales y los problemas de la Justicia debe resolverlos la Justicia. "Si los problemas que están en la Justicia los resuelven los poderes políticos será una sociedad que no camina, porque estaríamos reemplazando la política por la Justicia", afirmó, y destacó el rol de los medios.

Ahora, en cambio, la ministra mencionó que analiza poner en marcha proyectos de ley a partir de las propuestas de reforma del Poder Judicial que hizo al presidente Fernández un comité de especialistas, que incluyen reformas en el funcionamiento de la Corte, y habló de connivencia de los medios con un sector de la justicia y la oposición.