Tribunal de EE.UU. reconoce a los animales de Pablo Escobar como personas jurídicas por primera vez

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Un tribunal estadounidense reconoció a los animales como "personas jurídicas" por primera vez en Estados Unidos, en un caso que involucra a hipopótamos vinculados al infame "rey de la cocaína", Pablo Escobar.

El año pasado se presentó una demanda en América del Sur para salvar a decenas de animales, que no son nativos y se consideran demasiado numerosos, de ser asesinados.

El Tribunal del Distrito Sur de Ohio de los EE.UU. aceptó la situación jurídica de los hipopótamos durante los procesos jurídicos. Los animales se consideran una propiedad según la ley estadounidense, lo que limita sus derechos.

En la década de 1980, el narcotraficante colombiano Escobar importó cuatro hipopótamos africanos para su zoológico privado y, tras su muerte en 1993, los animales permanecieron en su propiedad.

En los años siguientes, escaparon, se trasladaron al río Magdalena, una de las principales vías fluviales del país, y se reprodujeron a un ritmo que algunos ecologistas consideraban insostenible. Los expertos argumentaron que su número podría crecer "fuera de control" en un plazo de décadas.

El Fondo de Defensa Legal Animal (ALDF) con sede en Estados Unidos, que actúa en nombre de 100 hipopótamos descendientes de los importados por Escobar, presentó una demanda contra el gobierno colombiano por sus planes para matarlos.

En Colombia, los animales tienen derecho a entablar demandas para proteger sus intereses.

El director ejecutivo de ALDF, Stephen Wells, dijo que la orden judicial emitida por el tribunal fue “un hito fundamental en la lucha para lograr una situación jurídica que reconozca que los animales tienen derechos exigibles”.

Mientras continúa el caso legal, una agencia ambiental regional ha comenzado a darles a algunos de los animales un medicamento anticonceptivo.

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Pero la ALDF dice que quiere administrar un anticonceptivo diferente, uno que ya se usó con éxito en hipopótamos en zoológicos, pues alega que se desconoce la seguridad del anticonceptivo administrado por el gobierno.

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