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Tren Maya: juez no quita suspensión al Tramo 5

MÉRIDA, Yuc., julio 26 (EL UNIVERSAL).- El Juzgado 1 de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, ratificó la suspensión definitiva que impide retomar la construcción del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, que recorre de Playa del Carmen a Tulum, en tanto resuelva de fondo el amparo 884/2022, promovido por tres espeleobuzos.

Este lunes fue publicada la resolución del referido juzgado, con fecha del 22 de julio de 2022, en respuesta a lo que le fue notificado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en torno a la obtención de la autorización de impacto ambiental para esa parte del Tramo 5 del Tren Maya, aun cuando las obras iniciaron antes del ingreso —extemporáneo— de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y pese a la información falsa o incompleta detectada por organizaciones ambientalistas.

La demanda de amparo tiene, como uno de los actos reclamados, la carencia de autorización de impacto ambiental para la realización de las obras. Por tanto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo apostaba a que una vez obtenido ese permiso, el juicio quedaría sin materia y el juzgado levantaría la suspensión definitiva.

Sin embargo, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez resolvió que si bien reconoce que el resolutivo emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es "un hecho superveniente"; es decir, posterior a los actos demandados en el juicio, existen varias condicionantes que deben cumplirse "antes de iniciar la obra, a fin de salvaguardar el medio ambiente", precisó el juez.

"Lo que nosotros le dijimos al juez es que no es un hecho superveniente, sino una ratificación que confirma que incumplieron con lo que marca la ley en cuanto a la obligación de presentar a evaluación el proyecto para obtener la autorización. No es una licencia que puedas obtener después y que subsane.

"El juez, sin embargo, sí lo aceptó como hecho superveniente, pero no revoca la suspensión definitiva, la mantiene", explicó en entrevista con EL UNIVERSAL, Antonella Vázquez, abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, organización que brinda acompañamiento jurídico a los tres buzos que promovieron el amparo.

En consecuencia, aun cuando el juez modificó los términos de la suspensión definitiva, la mantuvo, indicando que surtirá efectos hasta en tanto se emita sentencia ejecutoria en el amparo.

Ello, "siempre y cuando las autoridades responsables no hubiesen cumplido con las condicionantes establecidas como requisitos que deben cumplirse de manera previa al inicio de las obras y actividades del Tramo 5 sur del proyecto Tren Maya, precisadas en ese sentido en la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental".

En la resolución, el juzgador indicó que es responsabilidad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo cumplir con todas y cada una de las condicionantes y que, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, es obligación de Fonatur Tren Maya ordenar a la diversa autoridad (Secretaría de la Defensa Nacional) o particular "la paralización de la ejecución de los actos reclamados".

Además, debe tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de la suspensión en los términos y para los efectos que se han precisado en su resolución, en caso de que sea diversa autoridad o algún particular quien tuviese intervención en la ejecución de las obras.

La abogada Antonella Vázquez explicó que esto significa que, aunque el Fonatur haya delegado la responsabilidad de las obras a un particular —como Grupo México-Acciona— mediante una licitación o a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al cancelar anticipadamente el contrato con ambas empresas, el Ejército tendrá que acatar la suspensión definitiva.

"Lo que el juez está diciendo en esta resolución es que Fonatur es responsable de cumplir, pero también de hacer cumplir la suspensión y que no se ejecuten actos en contra de la suspensión.

"Fonatur no puede aventarle la pelota a nadie más. Es Fonatur al que van a multar y sancionar si se incumple", sostuvo.

En torno a la declaratoria de proyecto de seguridad nacional, mediante la cual el gobierno federal pretende abstraerse de las violaciones cometidas a la ley al retomar las obras, violentando la suspensión definitiva, la abogada manifestó que promovieron un incidente judicial para notificarlo al juez, mismo que será resuelto el próximo 1 de agosto.