La toma de Guernica. La Provincia pidió que se prorrogue el desalojo del predio para el 1° de octubre

El desalojo de la toma de tierras de Guernica, previsto para mañana, por ahora se mantiene firme, aunque cada vez tiene reclamos de postergación. Ayer, los principales actores involucrados se reunieron con el juez de Garantías de Cañuelas y autor del fallo que dispone el desalojo, Martín Miguel Rizzo, e insistieron en atrasar la fecha, pero no hubo propuestas concretas que motivasen un cambio de parecer en el magistrado.

Esta mañana, fue el turno del gobierno provincial, que volvió a insistir en demorar el desalojo. En diálogo con A24, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, confirmó que la Provincia le hizo una presentación formal al juez de "extender el plazo al 1° de octubre, para poder seguir trabajando en una solución pacífica, que es lo que todos queremos".

Según los resultados del censo, en la toma existen 2344 "hechos físicos", pero solo 1904 personas fueron registradas en el lugar. La diferencia en el número era previsible, ya que, en el predio de 100 hectáreas, gran parte de las parcelas no se encuentran ocupadas por familias sino por nylons o maderas.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dijeron a LA NACION que los datos del relevamiento fueron presentados a Rizzo, junto a un plan de trabajo -del cual aún no se han comunicado especificaciones-, para que el juez evalúe si posterga o no el desalojo. "Propusimos la postergación hasta el 1° de octubre para cumplimentar lo que surge del censo", afirmaron.

A pesar de no revelar detalles sobre la solución habitacional que el gobierno provincial planea para las familias de la toma, Larroque negó la posibilidad de que se ejecute un fideicomiso para generar un loteo social, en el cual los ocupantes accedieran a los terrenos a través de subsidios. "Estamos trabajando en un plan integral que seguramente conoceremos en los próximos días. Hay muchas cuestiones a resolver, que nos va a llevar un tiempo destrabar para presentar un plan funcional y realista".

La mayoría de los ocupantes son oriundos de Guernica

Tras varios días de ausencia ante las organizaciones sociales y los medios de comunicación, la intendenta Blanca Cantero volvió a involucrarse en las decisiones sobre la toma, que había dejado exclusivamente en manos de la Justicia, al declarar que "no hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo".

El municipio de Presidente Perón colaboró con el censo, participó del encuentro con el juez y, además, Cantero se reunirá este mediodía con Larroque "para coordinar mecanismos de asistencia" para los ocupantes oriundos de Guernica. "La postergación depende del juez, pero, como la mayor parte de la gente es de Guernica, resulta muy importante lo que defina la intendenta", dijeron en el Ministerio de Desarrollo.

El planteo del gobierno bonaerense ante el juez fue realizado después de la reunión. Hasta hoy, los referentes sociales, abogados y el resto de los participantes de la mesa de diálogo desconocían los resultados del censo y, en diálogo con LA NACION, coincidieron en que la Provincia aún no les ha transmitido ningún plan de acción para dar respuesta al desalojo.

"El gobierno de la provincia de Buenos Aires no presentó nada concreto. Solo se habló del censo y de una posible relocalización", dijo a LA NACION María del Rosario Fernández, una de las abogadas de la causa, integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas. Según indicó Fernández, "todos los actores, excepto Rizzo y el fiscal, coincidieron en que hay que aplazar el desalojo".

La gremial presentó un escrito para solicitar la suspensión del "lanzamiento" previsto para mañana, con el fundamento de que "el plan de contingencia de la provincia de Buenos Aires aún no está culminado". Sin embargo, Fernández explicó que la sentencia se mantiene firme porque tiene el conforme de la Cámara de Apelaciones de La Plata: "Rizzo sostiene que él no puede frenar el desalojo porque eso desoye lo que confirmó la Cámara".

Por último, tanto la abogada como las autoridades de la Defensoría del Pueblo bonaerense, coincidieron en que la problemática debe resolverse "de manera política y no jurídica". Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría, dijo a LA NACION que, además de proponer que la "solución fuese política", el organismo pidió que se tuviese en cuenta "que hay niños y mujeres, muchas de las cuales sufren violencia de género, con siete casos graves más otros 33, según el relevamiento".

Por su parte, las organizaciones sociales y referentes de la toma, disconformes con la reunión de ayer, volverán a salir a las calles para insistir en que se ponga un freno al desalojo. Este mediodía, el punto de encuentro será el Obelisco porteño, en donde realizarán una conferencia de prensa en la que se espera que participen personalidades vinculadas a la lucha por los derechos humanos, como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, según adelantaron a LA NACION otros participantes de la movilización.

"Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a aguantar el desalojo, está claro. Exigimos una solución habitacional para todas las personas que están ahí, que son seres humanos que han perdido sus trabajos y sus casas", sostuvo Alejandro Ignaszewski, referente territorial de OLP-Resistir y Luchar, y advirtió: "Esperemos que se llegue a un acuerdo para que mañana no ocurra un reguero de sangre".

En la misma línea, Fernández -la abogada de la gremial- también se adelantó al escenario de desalojo: "La gente va a resistir y se van a generar gravámenes que serían de difícil reparación".

En tanto al operativo policial, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron a LA NACION que "por ahora el desalojo sigue firme" y "se van actualizando los datos y conversaciones con la gente para marcar los horarios del operativo". Además, el ministerio prepara "apoyo logístico tanto para el desalojo como para las familias que deben mover sus cosas".