Tomás Zerón, buscado por la justicia de México, se refugia en Israel

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El gobierno israelí se ha negado a extraditar al exfuncionario mexicano, requerido por la justicia de su país por denuncias de tortura y manipulación de evidencia en el caso Ayotzinapa.

TEL AVIV — Un alto exfuncionario mexicano acusado de poner en riesgo la investigación de un conocido caso de secuestro masivo se ha refugiado en Israel. El caso de extradición en su contra, mientras tanto, se encuentra enredado en un forcejeo diplomático a causa del tratamiento que Israel da a los palestinos, según funcionarios israelíes y mexicanos.

Las autoridades mexicanas han acusado al funcionario, Tomás Zerón de Lucio, el exdirector del equivalente mexicano del FBI, de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en la indagatoria sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y de malversación de unos 50 millones de dólares en fondos estatales relacionados con otro caso.

Zerón, que afirma que los cargos son falsos y con trasfondo político, ha solicitado asilo en Israel, donde ha vivido casi dos años.

Israel no ha tomado medidas ni sobre el pedido de extradición ni sobre la solicitud de asilo, para consternación de los funcionarios mexicanos, las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas de la masacre, que aún buscan esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de sus seres queridos en el sur de México en 2014.

Israel no ha comentado públicamente sobre el caso, pero un alto funcionario israelí dijo que estaba siendo ralentizado a manera de toma y daca diplomático en contra de México, que ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos.

“¿Por qué habríamos de ayudar a México?”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder ofrecer un panorama franco sobre la disputa diplomática.

El funcionario también indicó que el pedido de asilo de Zerón podría estar justificado y que aún estaba siendo investigado.

Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, fue más conocido por liderar la campaña que condujo a la captura en 2014 del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Como el más alto funcionario de seguridad de México, Zerón también estuvo al frente de la investigación por el secuestro y presunta masacre de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Agentes municipales de policía de la ciudad de Iguala obligaron a los estudiantes a bajar a la fuerza de un autobús, los subieron a vehículos policiales y nunca se les volvió a ver.

Incluso en medio de una desenfrenada violencia del narcotráfico que aquejaba a México en ese momento, el caso conmocionó al país y se convirtió en símbolo de la corrupción del sistema de justicia nacional.

Presionado para resolver el caso por el presidente de México en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, quien había prometido combatir el crimen y la impunidad, Zerón encontró en su investigación que los policías de Iguala colaboraban con un grupo criminal que mató a los estudiantes, quemó sus cuerpos y tiró las cenizas a un río.

Pero un panel de investigadores internacionales desacreditó su investigación y encontraron que testimonios cruciales se realizaron bajo tortura, que se hizo mal manejo de las pruebas y que se ignoraron pistas prometedoras. En particular, la investigación de Zerón desestimó la presencia de militares y policías federales en el lugar, lo cual presentaba el ataque como un asunto estrictamente local en el que participaba una policía municipal corrupta.

Cuando en 2018 tomó posesión el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió reabrir el caso. Desde entonces, se han encontrado fragmentos de los restos de dos de los estudiantes y el gobierno ha buscado capturar a decenas personas en relación con el caso, entre ellos Zerón.

Se informó que Zerón huyó a Canadá en 2019. En septiembre de ese año, según otro funcionario israelí, voló a Israel, país que no tiene tratado de extradición con México. En diciembre de 2019, al vencerse su visado de turista, pidió asilo político, alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento del presidente actual por ajustar cuentas con su predecesor, de acuerdo con altos funcionarios israelíes familiarizados con su solicitud.

El paradero exacto de Zerón no se conoce y no fue posible contactarlo para que comentara para este artículo.

Los funcionarios israelíes indicaron que la solicitud estaba siendo evaluada y atribuyeron el retraso a la gran cantidad de pedidos de asilo que recibe Israel. Cuando los funcionarios mexicanos pidieron su extradición el año pasado, la solicitud pausó el caso de asilo, indicaron los funcionarios israelíes.

Pero al menos parte de la explicación de la tardanza de Israel podría no estar relacionada con Zerón o los hechos detrás de la masacre.

El alto funcionario israelí citó las políticas de la gestión de López Obrador, que repetidamente ha apoyado resoluciones que critican a Israel en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, entre ellas las resoluciones para investigar la muerte de manifestantes palestinos en manos de Israel en 2018 y la muerte de civiles en Gaza durante una breve guerra contra Hamás en mayo.

El funcionario dijo que Israel no tenía ningún interés en acceder al pedido de extradición de México después de dichas medidas hostiles hacia Israel en Ginebra. La reticencia a cooperar con México, dijo el funcionario, era parte de una llamada diplomacia de toma y daca iniciada durante la gestión del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que consiste en penalizar diplomáticamente a los países que se opongan a las políticas de su gobierno.

El funcionario también dijo que era posible que ciertos aspectos de la solicitud de Zerón fueran procedentes. Así como México castiga a Israel por crímenes que no cometió, según el funcionario, puede que también esté persiguiendo a Zerón por motivos políticos.

Los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Israel no accedieron a los pedidos de comentar sobre el caso.

El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, desestimó la idea de que el caso de Zerón tuviera motivaciones políticas.

“¿Cuál persecución política?”, preguntó Encinas en una entrevista. “Hay un video que es público en donde el señor sale torturando a la persona y donde la amenaza de muerte. Ahí no es asunto de especulación ni de persecución política”.

Alegó que Zerón tiene vínculos con empresas israelíes muy poderosas que emplearon sus influencias para ayudarle a escapar de México.

Durante su cargo, Zerón autorizó la compra a empresas privadas israelíes de sistemas de vigilancia telefónica y de hackeo con valor de decenas de millones de dólares. Uno de estos programas espías, Pegasus, diseñado por el grupo NSO de Israel para combatir el crimen y el terrorismo, fue empleado contra periodistas, abogados y activistas, según los hallazgos de una investigación de The New York Times.

México también empleó ese spyware, Pegasus, en contra del equipo de investigadores internacionales que acudieron a ayudar a esclarecer el caso de Ayotzinapa, como parte de una campaña gubernamental para frustrar la indagatoria.

Encinas dijo que algunas de esas empresas israelíes, entre ellas NSO, han ayudado a Zerón desde que abandonó México, pero no aportó pruebas directas de lo dicho y el Times no pudo verificarlo. Una vocera de NSO dijo que la empresa jamás se había reunido ni ayudado a Zerón ni antes ni después de que salió de México.

México también investiga si Zerón malversó más de 1100 millones de pesos, unos 50 millones de dólares, que estaban destinados para equipo de defensa e inteligencia que, en varias instancias, no se llegó a entregar. No está claro si todos esos negocios involucran a las empresas de inteligencia israelíes.

Lo que sucedió en Guerrero aquella noche sigue siendo un misterio. El gobierno mexicano actual sigue investigando y se espera que presente sus conclusiones en septiembre.

Unas transcripciones filtradas de la investigación que los medios mexicanos han publicado recientemente sugieren que un cártel mexicano, que colaboraba con la policía y el ejército, pudo haber creído erróneamente que los estudiantes pertenecían a una banda rival.

Mario González Hernández, padre de César Manuel González Hernández, uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que Zerón había buscado crear un relato que permitiera a Peña Nieto superar la masacre sin tener que implicar a funcionarios federales.

“Quería ocultar el papel de los funcionarios del gobierno que participaron en el ataque, para ocultar la verdad de la participación de la policía, la participación militar”, dijo Hernández, y proteger a esos colegas para que no fueran procesados.

Kate Doyle, directora del Proyecto México que investiga el caso en el Archivo de Seguridad Nacional, con sede en Washington, dijo que las familias no tendrán respuestas sino hasta que Zerón pueda ser interrogado.

“Zerón es parte de una conspiración de silencio”, dijo. “Es una conspiración que durante casi siete años ha impedido que 43 familias conozcan los hechos reales sobre la desaparición de sus hijos. Y hasta que Zerón haya rendido cuentas, el silencio prevalecerá y el destino de esos muchachos seguirá siendo un misterio”.

Ronen Bergman reportó desde Tel Aviv y Oscar Lopez desde Ciudad de México.

Ronen Bergman es periodista de The New York Times Magazine, con sede en Tel Aviv. Su libro más reciente es
Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations
, publicado por Random House.

Ronen Bergman reportó desde Tel Aviv y Oscar Lopez desde Ciudad de México.

© 2021 The New York Times Company

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