Testimonio de trabajadores electorales en el Capitolio evidencia el abuso contra los servidores públicos

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Cientos de trabajadores y administradores electorales que dirigen las elecciones del país se enfrentan a niveles “alarmantes” de abuso, alimentados en gran medida por las teorías de conspiración de fraude electoral sin fundamento y la campaña de Donald Trump para rechazar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Uno de cada seis trabajadores electorales ha sido amenazado a causa de su trabajo, según una encuesta de 2022 del Centro Brennan para la Justicia, que revela los ataques “dañinos” y “sostenidos” contra las personas que ayudan a gestionar las elecciones de la nación y ponen el negocio de “la administración electoral y nuestro sistema democrático en serio peligro”.

Más de la mitad de los encuestados reportaron acoso en las redes sociales, por teléfono o mientras trabajaban.

En su testimonio ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de EE.UU., las trabajadoras electorales de Georgia, Shaye Moss y su madre, Ruby Freeman, revelaron la profundidad de los abusos que sufrieron, que las obligaron a abandonar sus puestos de trabajo y las hicieron sentir inseguras después de que el expresidente y Rudy Giuliani impulsaran teorías de conspiración desacreditadas contra ellas.

Varios funcionarios republicanos también detallaron el acoso y las amenazas a las que se enfrentaron tras rechazar los esfuerzos de Trump por anular los resultados electorales en sus estados.

El expresidente se refirió a las dos trabajadoras electorales de Georgia por su nombre 18 veces en una llamada con el Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que fue presionado para “encontrar” suficientes votos para reclamar la victoria de Trump en el estado.

Trump calificó a Freeman de “estafadora profesional de votos y timadora”.

Durante una audiencia legislativa estatal en diciembre de 2020, Giuliani acusó a las dos mujeres negras de “pasar subrepticiamente” una unidad USB como si fuera “heroína o cocaína” mientras contaban los resultados de las elecciones en el condado de Fulton y exigió que sus hogares y lugares de trabajo fueran registrados por las autoridades.

La unidad USB era una menta de jengibre, dijo Moss.

Moss y su madre entablaron posteriormente una demanda por difamación contra Giuliani, así como contra el medio de comunicación de derecha One American News Network, que llegó a un acuerdo con las mujeres en abril.

Esas afirmaciones infundadas también se utilizaron como supuesta prueba en una “auditoría” espuria y partidista de los resultados electorales en el condado de Maricopa, en Arizona, y las acusaciones contra ellas siguen circulando por las redes sociales.

“Perdí mi nombre. Perdí mi reputación”, señaló Freeman a la comisión en un testimonio grabado en vídeo y publicado por la comisión el 21 de junio.

“No hay ningún lugar en el que me sienta segura”, expresó. “¿¿Saben lo que se siente cuando el presidente de los Estados Unidos te pone en la mira? Se supone que el presidente representa a todos los estadounidenses, no que apunta a uno. Pero se dirigió a mí, a una pequeña empresaria, a una madre, a una orgullosa ciudadana estadounidense que se levantó para ayudar al condado de Fulton a celebrar unas elecciones en medio de una pandemia”.

En su comparecencia ante la comisión, Moss reveló que recibió mensajes racistas y de odio en Facebook, lo que desencadenó una ola de abusos que “puso mi vida de cabeza”, subrayó.

“Ya no hago nada. No quiero ir a ninguna parte”, dijo a la comisión. “No voy a la tienda a comprar en absoluto. No he ido a ningún sitio. He engordado unas 60 libras [27 kilos]... Me cuestiono todo lo que hago. Ha afectado a mi vida de forma importante, en todos los sentidos, todo por culpa de las mentiras”.

La desinformación electoral y las teorías de conspiración que alimentan los ataques políticos contra la administración electoral han hecho insostenible el trabajo electoral, según el reporte del Centro Brennan.

Casi el 75 por ciento de los trabajadores electorales que se enfrentaron a abusos fueron amenazados por teléfono, y más de la mitad fueron amenazados en persona, según la encuesta. Una cuarta parte de los encuestados fueron amenazados por correo, y el 27 por ciento en las redes sociales.

La mayoría de los encuestados dijeron que estaban preocupados por la seguridad de sus colegas, mientras que el 65 por ciento respondió que temía el abuso en persona.

Uno de cada cinco trabajadores contestó que podría renunciar antes de 2024. Entre los que dijeron que planean dejar su trabajo antes de las elecciones de 2024, un tercio citó los ataques políticos contra un proceso que saben que es justo y honesto como una de las razones centrales para irse.

Moss indicó que ninguno de sus colegas que trabajaron junto a ella durante las elecciones de 2020 sigue trabajando en esos puestos.

El republicano de Arizona Rusty Bowers, que testificó sobre sus esfuerzos para resistir la campaña de presión de Trump, dijo que se enfrentó a los manifestantes en su patio mientras cuidaba de su hija “gravemente enferma”.

Lo que no divulgó al comité es que su hija Kacey Rae Bowers murió poco después, en enero de 2021.

En su testimonio ante la comisión, Raffensperger detalló las amenazas contra su familia, incluidas las amenazas sexuales explícitas enviadas a su esposa y un robo en la casa de su nuera.

El funcionario electoral de Georgia, Gabriel Sterling, otro republicano, declaró a la comisión que la “gota que derramó el vaso” al inundar el estado con teorías de conspiración y abusos fue una amenaza contra un contratista de una empresa de máquinas de votación que decía “has cometido traición” y “que Dios se apiade de tu alma” adjunta a un “GIF que se retuerce lentamente de una soga”.

“Hasta ahí llegué. Me enfurecí”, expresó Sterling. “Eso es lo que me impulsó a hacer lo que hice: perdí la calma, pero me pareció necesario hacerlo en ese momento”.

En diciembre de 2020, instó al entonces presidente Trump y a sus aliados que impulsan las teorías de conspiración de fraude electoral a condenar las amenazas de violencia y abuso, “o alguien va a salir herido, alguien va a recibir un disparo, alguien va a morir”, advirtió entonces.

El año pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. puso en marcha un grupo de trabajo para salvaguardar el acceso al voto e investigar “las amenazas y la violencia” contra los trabajadores electorales.

Hasta la fecha, el grupo de trabajo ha procesado al menos tres casos de amenazas a trabajadores electorales.

La semana pasada, Travis Ford se declaró culpable de publicar varios mensajes en la página de Instagram de un funcionario electoral, entre ellos “¿Te sientes seguro? No deberías. ¿Crees que Soros te protegerá/puede protegerte?”.

“Tu equipo de seguridad es demasiado delgado e incompetente para protegerte”, escribió en otro mensaje, según el Departamento de Justicia. “Este mundo es impredecible en estos días... a cualquiera le puede pasar cualquier cosa”.

Está previsto que sea sentenciado el 6 de octubre y se enfrenta a hasta dos años de prisión.

“El Departamento de Justicia no tolerará las amenazas ilegales de violencia contra funcionarios públicos”, afirmó el fiscal general de EE.UU. Merrick Garland en un comunicado. “Las amenazas de violencia contra funcionarios electorales son peligrosas para la seguridad de las personas y peligrosas para nuestra democracia”.

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