Tensiones y riñas marcan el primer día de huelga en la mayor región boliviana

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Santa Cruz (Bolivia), 8 ago (EFE).- Peleas callejeras y acusaciones mutuas de violencia entre sectores oficialistas y contrarios al Gobierno de Luis Arce marcaron la primera jornada de una huelga ciudadana de 48 horas que se cumple en la región boliviana de Santa Cruz, el motor económico del país, en contra de la suspensión del censo de población.

La huelga se cumplió parcialmente en la ciudad y en algunas provincias, pero fue resistida sobre todo en los barrios y municipios conocidos por su afinidad con el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho, midieron fuerzas en las calles desde temprano, el primero haciendo retirar los escombros, neumáticos y otros elementos empleados para cerrar calles y el segundo visitando algunos puntos de bloqueos para dar ánimos a los manifestantes.

Gente afín al oficialismo se movió en camionetas y autobuses para ir a desbloquear en lugares como el Segundo Anillo, el monumento de la Madre India y la Doble Vía La Guardia, según constató Efe.

Un hombre que cumplía la huelga en el monumento a la Madre India terminó con una herida en la cabeza por un palazo propinado por los grupos que llegaron al lugar para levantar el bloqueo.

El principal enfrentamiento se dio en el Cuarto Anillo y la Doble Vía La Guardia, donde ambos bandos intercambiaron golpes, palazos e hicieron detonar petardos durante al menos unos diez minutos, hasta que los vecinos del sector salieron en defensa del grupo que bloqueaba y los afines al oficialismo se tuvieron que retirar.

ACUSACIONES MUTUAS

Representantes del Comité Pro Santa Cruz, una entidad cívica de esa región que junto a la Gobernación lidera la huelga, aseguraron haber recibido amenazas de una supuesta toma de su sede.

Mientras que el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, denunció un ataque con petardos y piedras en su vivienda y contra sus seguidores que hacían vigilia en el lugar, del que acusó al gobernador Camacho.

El presidente Arce se solidarizó con Fernández, quien no pertenece al MAS, pero ha mostrado cercanía con el partido oficialista y se ha desmarcado de las protestas regionales contra la postergación del censo.

"Condenamos la violencia que promueven sectores de la derecha radical, que buscan sembrar temor en el pueblo cruceño, que no está de acuerdo con los paros que lastiman nuestra economía, escribió Arce en Twitter.

En una rueda de prensa, el ministro Montaño también señaló a Camacho y a los movimientos cívicos de haber atacado la casa de Fernández y pidió a la Fiscalía que investigue "de oficio" este suceso.

Para Montaño, la población cruceña "le ha dado la espalda" al gobernador y el paro "fracasó rotundamente", en lo que coincidió su par de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo.

En respuesta a estas acusaciones, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, denunció en sus redes que el vehículo que transportaba a quienes generaron "zozobra" y atacaron a la gente en vigilia en la casa de Fernández "es de uso oficial de la Alcaldía".

Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que la huelga se está cumpliendo y aseguró que "hay gente que está pagada" y que usa bienes públicos, como vehículos, para romper el paro y "atentar" contra el derecho a la protesta.

Calvo deploró que los ministros no hubieran intervenido de la misma forma la semana pasada en los bloqueos de carreteras de campesinos afines al MAS que reclamaban tierras.

EL PROBLEMA

El Gobierno de Arce resolvió en julio aplazar para 2024 el censo de población y vivienda que debía efectuarse en noviembre, avalado por algunas regionales y municipalidades, con el argumento de que surgieron algunas dificultades a raíz de la pandemia en la socialización de la boleta censal y la elaboración de cartografías, entre otros.

Santa Cruz, que ya cumplió una huelga de 24 horas a fines del mes pasado, es la región que más ha insistido con la realización de la encuesta debido a que de ella dependen aspectos como una nueva distribución de recursos según la población y la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento.

El oficialismo ve como intentos de "sedición" y "desestabilización" las protestas contra el aplazamiento de la consulta, mientras que algunos sectores han pedido que se efectúe en 2023.

(c) Agencia EFE