¿Podría el temor a la pena de muerte frenar las masacres con armas? | Opinión

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Tal vez un alto porcentaje de las matanzas que vienen sucediéndose en Estados Unidos no hubieran ocurrido, si el criminal confeso de los hechos pudiera haber presentido su propia muerte en el corto plazo. En ese sentido, acelerar el proceso de ejecución de un condenado a muerte cobra especial interés para todos.

De acuerdo al Departamento de Justicia existe un promedio de 15.5 años para la ejecución de un condenado a muerte. El último reo ejecutado en Florida fue Gary Ray Bowles el 22 de agosto de 2019, y aún permanecen en la galera de la muerte 305 sentenciados, según Florida Department of Corrections.

A pesar de la controversia en algunos estados sobre el respaldo o el rechazo a la pena de muerte en EEUU (27 estados la tienen), muchos se preguntan por qué la demora de tantos años en aplicarla a los criminales convictos.

Los que se oponen a la pena de muerte alegan que el proceso de ejecución es mucho más costoso que la cadena perpetua. En este sentido, un estudio publicado en el 2013 por la University of Denver Criminal Law Review encontró que los fiscales solicitantes de pena de muerte tardan en promedio de 148 días en las mociones de los juicios previos a la sentencia. En cambio, cuando se litigaba por cadena perpetua, el promedio de espera era solo 24 días. Evidentemente, esto varió sustancialmente a raíz del estancamiento de las cortes en el período pandémico.

Pero aún así, hacer cumplir la pena de muerte en Florida resulta en un costo anual para el Estado de $51 millones más que el que sería ocasionado por todos los reos acusados de asesinato en primer grado. En las 44 ejecuciones ocurridas en la Florida desde 1976 hasta el año 2000, se determinó un costo de $24 millones por cada convicto ejecutado, de acuerdo con un estudio publicado por el Palm Beach Post, en junio de 2000.

Desde luego, existen varios intentos para acelerar todo el proceso, con miras a disminuir ese costo.

Por ejemplo, en 2013, el congresista por Florida Matt Gaez introdujo el proyecto Timely Justice Act, agregando, “Solo Dios puede juzgar, pero nosotros podemos programar el encuentro”.

Por su parte en 2017, el senador por Alabama Cam Ward introdujo el proyecto Fair Justice Act, el cuál reduce el tiempo de apelación que tienen los convictos por asesinato, con objeto de acelerar la aplicación de la pena de muerte.

Viendo estas dos leyes aprobadas, podemos llegar a indagar el motivo de los honorarios tan elevados por litigar en estos tipos de juicios. Se debería buscar alguna solución legal para que estos casos en particular tengan costos reducidos.

En todo caso, las masacres masivas que estamos viendo en EEUU se están multiplicando en todo el país, haciéndose más frecuentes. Respecto a ellos debemos formularnos varias interrogantes para examinar sus causas: pudiera ser por un incremento en enfermedades mentales, por la facilidad en adquirir armas de fuego o por un súbito aumento en los ataques impulsados por el odio.

En efecto, por muchos motivos una persona puede perder el juicio, sobre todo cuando es joven, sin control familiar y con acceso a las drogas. El primer cuestionamiento que es si un individuo que hacemos dispara contra una multitud está en su pleno juicio, sobre todo porque la pena de muerte es específicamente para “adultos mentalmente competentes”.

Aquí es donde nos preguntamos por qué en EEUU no existen los manicomios públicos, algo sobre lo que hemos venido insistiendo a través de los años. Para nadie es un secreto que la verdadera atención mental está por completo fuera del alcance del 99% de los enfermos.

Con respecto a las armas de fuego, analizamos si son de fácil acceso por diferentes vías, a saber, internet, ferias, casas de empeño, revendedores y hasta miembros de la familia.

Décadas atrás las armas se adquirían principalmente para recreación. Hoy en día se adquieren por defensa personal ya que se sienten vulnerables ante el crimen y le han perdido la fe a la policía. Es por eso que ha aumentado enormemente la compra de armas, por ejemplo, entre enero de 2019 y abril de 2021, 7.5 millones de estadounidenses adquirieron por primera vez un arma de fuego, de los cuales 20% fueron hispanos y 20% fueron negros.

Todo ello ha traído como consecuencia que las masacres se hayan multiplicado, especialmente las de crímenes de odio.

Muy pocos se suicidan entre los atacantes de esas masacres, por ejemplo como Stephen Paddock que en el 2017 asesinó a 58 personas en Las Vegas. Otros pocos son liquidados por la Policía, como Omar Mateen quién en el 2016 asesinó a 49 personas en el Club Pulse de Orlando, Florida, y recientemente, Salvador Ramos quién conmovió al país asesinando a 19 niños y dos maestras en una escuela elementaria en Uvalde, Texas.

Pero la mayoría quedará detenidos por muchos años, como Payton Gendron quién recientemente asesinó a 10 personas en una comunidad negra de Buffalo, Nueva York. O como Patrick Crusius, quién en el 2019 asesinó a 23 personas en un Walmart en E Paso, Texas. O como Robert Bowers que asesinó a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.

Ante una evidencia plenamente comprobada, con análisis de DNA incluidos, somos de la opinión que superando las posibilidades de locura, buscada como tabla salvavidas, no debemos profundizar en aspectos tales como testigos, jurados, fotografías, videos, etc., solo para demorar el proceso.

Debemos pensar en el dolor ocasionado a la familia y en toda la falta de humanidad en disparar contra personas inocentes.

¿Por qué tenemos que demostrar humanidad hacia ellos?

Benjamín F. DeYurre es un economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.

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