Yahoo Noticias Norma Piña rompe el techo de cristal al asumir como primera presidenta de la Corte
“Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí”, dijo la ministra Norma Lucía Piña Hernández minutos después de asumir como la primera mujer en la historia del país en llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cargos que desempeñará hasta el 31 de diciembre de 2026.
La elección de Piña como nueva cabeza del máximo tribunal se dio luego de una cerrada votación en tercera ronda, en la que compitió contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se quedó a solo un voto de obtener los seis necesarios para ganar la elección.
Ya como presidenta de la SCJN, la ministra aprovechó la oportunidad para reconocer a las y los integrantes del pleno que con su votación ayudaron a “romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal”.
“Aquí no hay triunfo, no hay victoria, la presidencia es resultado de la mayoría. A ella se debe, de ella depende, así lo asumo”, dijo.
La ministra también aprovechó parte de su histórico discurso para reivindicar la lucha de miles de mujeres que desde hace décadas buscan igualdad de género y combaten el machismo. Gracias a ello —sostuvo— “nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”.
“Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan a nuestra estructura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo, que no les quepa duda”, dijo.
Independencia judicial, capacitación y derechos humanos
Desde el 6 de diciembre pasado, la SCJN publicó en su página web los proyectos de las y los ministros que aspiraban a su presidencia.
En el suyo, Piña expone su intención de reforzar la independencia judicial para conseguir que este poder esté al servicio de la sociedad, ya que esta característica “es indispensable para resolver conflictos entre los poderes públicos (…) define el ejercicio de nuestros derechos y, sobre todo, contribuye a la pacificación social”.
Para ello, propone que haya una capacitación permanente de sus integrantes y mejorar sus condiciones laborales, así como la creación de unidades específicas para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos dentro de la Corte y mantener la consolidación del combate a la corrupción.
Para el primer punto, la ministra presidenta propone consultar sobre la continuidad del esquema de excelencia implementado por la Escuela Federal de Formación Judicial, para que este órgano se mantenga a la vanguardia en la capacitación permanente de las personas operadoras de justicia, abogados y abogadas en las diversas áreas del derecho y disciplinas afines.
“De manera adicional, propondré acciones que incentiven y privilegien el conocimiento por sí mismo, y no la mera acumulación de certificados o constancias, que por sí solos no garantizan una mejor capacitación a las y los integrantes del PJF”, dice, y plantea proporcionar becas y plazas reservadas para personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Sobre la lucha anticorrupción, propone incluir de manera coordinada tanto a la SCJN y el CJF como al Tribunal Electoral, para “construir las bases para la institucionalización de un amplio y permanente combate a la corrupción, sin consignas ni titubeos”.
De esa forma, plantea la posibilidad de crear una Comisión Anticorrupción que esté integrada por una persona de cada órgano del Poder Judicial, para “armonizar” la aplicación del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, lo que incluye informar a la sociedad sobre sanciones en procedimientos de responsabilidades administrativas que hayan sido declaradas firmes o definitivas.
Finalmente, sobre la centralidad de los derechos humanos a través de unidades especializadas, el proyecto expone que el Poder Judicial cuenta ya con diagnósticos e indicadores para revisar su desempeño en esta materia.
Para seguir reforzando la centralidad en este aspecto, propone la creación de diversas unidades especializadas e interdependientes, que a su vez permitan el acercamiento con víctimas, sus representantes e integrantes de la academia y la sociedad civil.
En concreto, llama a crear una unidad en materia de conocimiento científico y especializado para el fortalecimiento de los derechos humanos, una unidad sobre discapacidad, una unidad sobre perspectiva de género, una unidad sobre medio ambiente y cambio climático y una unidad sobre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Mariguana, aborto y prisión preventiva oficiosa
En días pasados, el observatorio ciudadano Designaciones Públicas, impulsado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, lanzó un análisis sobre los perfiles de las y los ministros que buscaban presidir la SCJN.
En tarjetas informativas, ambas organizaciones recordaron el sentido de los votos de los integrantes de la Corte en diversos asuntos de interés público, como el uso recreativo de la mariguana, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y la despenalización del aborto en Coahuila, asuntos en los que la ministra Piña votó a favor.
En julio de 2020, las y los integrantes de la Primera Sala de la SCJN —en la que estaba Piña— votaron en contra de un proyecto que pedía la despenalización del aborto en Veracruz.
De acuerdo con el diario El País, el recurso solo recibió el voto a favor de su ponente, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien solo se centró en analizar si hubo una omisión legislativa por parte del Congreso de Veracruz al no reformar su Código Penal para permitir la despenalización de aborto, pero no incluyó el análisis de la constitucionalidad de este derecho.
Piña señaló entonces que, si bien estaba a favor de considerar que existen tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que buscan proteger a la mujer y eliminar todo tipo de violencia en su contra, quería “aclarar que en la Primera Sala no hay precedentes de omisiones legislativas. No es que se esté tomando una decisión en cuanto al fondo, ni que no se comparta la protección de la mujer. Es que sí existe una legislación”.
Otro asunto similar es el relacionado con la discusión sobre el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador a través del cual se ordenó la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2024.
En este asunto, si bien la ministra votó a favor del proyecto de invalidar la controversia constitucional que consideraba que el presidente López Obrador invadió atribuciones del Poder Legislativo al publicar dicho acuerdo en mayo de 2020, explicó nuevamente que el sentido de su voto fue así porque no se estaba discutiendo el fondo del asunto, sino solo si hubo una intromisión de funciones.
“Al no tratarse de un acto legislativo que regule el uso de la fuerza sino de un acto ejecutivo de uso de la misma, para mí es claro que no se vulnera la competencia constitucional del Congreso para regular el uso de la fuerza en general”, argumentó.
