En cinco de los 10 códigos postales de Hialeah (33010, 33012, 33014, 33016 y 33018) se ubican los 440 hogares que han solicitado asistencia económica para pagar sus alquileres desde que se creó el Programa de Asistencia Rápida de Emergencia (ERAP) el 8 de marzo de 2021, según datos de la oficina de administración de subvenciones de la ciudad.

Hialeah ha recibido una asignación de $7 millones de Subvención para Soluciones de Emergencia (ESG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). De estos fondos, ha proporcionado a los residentes un total de $4.3 millones, explicó Roman O. García Jr, administrador de subvenciones de la ciudad, a el Nuevo Herald.

De ese monto total, $391,000 han sido utilizados para brindar asistencia a 60 hogares desde febrero pasado, cuando el alcalde Esteban Bovo Jr., en rueda de prensa, explicó que la ciudad usaría fondos federales para brindar asistencia económica a inquilinos que no puedan cubrir los pagos de sus viviendas; la ayuda cubriría tres meses de alquiler.

Dentro del plan de emergencia se incluirían gastos de mudanza, cuando tengan un nuevo lugar donde vivir.

Rachel Rubí, inquilina de 1501 W 42nd St, es una de las afectadas, junto a su madre, por los altos costos de vivienda. En su edificio aumentaron $650 en diciembre de 2021 y, desde entonces, se ha agrupado con el resto de inquilinos de ese edificio para exigir ayuda a las autoridades del Condado Miami-Dade y de la Ciudad de Hialeah.

“Agradecemos a la ciudad de Hialeah por ayudarnos a pagarle el alquiler a Eco Stone Group (corporación dueña del inmueble), pero nosotros creemos que ellos no merecen nuestro dinero después de todo el trauma que nos han causado con el aumento de $650 de alquiler dos días después de navidad en 2021”, se quejó Rubí.

Área con mayor cantidad de casos de desalojo

En las cinco zonas postales donde se concentra la población de inquilinos que han solicitado asistencia económica se han presentado 298 de los 422 casos de desalojo (70,6%) que tienen los residentes de la ciudad en la corte, según el informe del Condado Miami-Dade.

Algunos expedientes han sido descartados, como el de Yudet Pérez, una inquilina del edificio 1501 W 42nd St, quien junto a su esposo e hija temían quedar en la calle. Sin embargo, en su récord permanecerá el expediente de desalojo. Un precedente que puede dificultar su capacidad para mudarse.

“El caso siempre aparecerá en récord de desalojos pero mostrará que ha sido descartado. Ellos podrían pedir una moción para que sea un expediente confidencial en la corte, tienen el derecho de tratar de hacerlo. De lo contrario, un propietario que busque su historial de alquiler puede encontrar este expediente. Solo algunos entrarán en el archivo para conocer el veredicto”, explicó Jeffrey M. Hearne, abogado y director de litigios en Legal Services of Greater Miami, organización que brinda servicios legales civiles gratuitos.

Para Pérez y su familia, haber expuesto su situación económica frente a los medios de comunicación le ha costado ser estigmatizada: denunció que agentes inmobiliarios, al reconocerla, evitan mostrarle nuevas unidades dónde vivir. Por ahora, se resigna a permanecer en la vivienda que habita, sin saber por cuánto tiempo más podrá hacerlo.

Sin embargo, a más de un año del inicio del programa de asistencia económica, la crisis no ha amainado en Hialeah. Para muchos inquilinos el futuro luce incierto.

Desplazamientos y desalojos en Hialeah: La crisis de la vivienda tiene un origen difícil de resolver

“Desafortunadamente en Florida no tenemos muchas protecciones para los inquilinos, los arrendadores no tienen limite de cuánto puedan aumentar los alquileres”, explicó Hearne, quien agregó que “el Condado está haciendo un estudio para determinar si la emergencia de vivienda podría devenir en un control de renta que limite el incremento, pero no es realista pensar que este camino sea una solución a la crisis de vivienda en el sur de Florida”.

Asistencia de emergencia vigente hasta septiembre

El Programa auspiciado por el Condado Miami-Dade tiene como objetivo ayudar a las familias con dificultades para pagar el alquiler debido a la pandemia del COVID-19; además, sirve para cubrir los pagos de servicios públicos y de estabilización de vivienda.

Aunque el programa de ayuda está vigente hasta el 30 de septiembre de 2022, algunos inquilinos denuncian que la asistencia económica en Hialeah ya no está siendo considerada como una emergencia porque no hay celeridad en las solicitudes.

Rubí es junto a siete inquilinos más de ese inmueble, una de las beneficiarias de esa ayuda. Sin embargo, explicó a el Nuevo Herald que su periodo de asistencia terminó en marzo y hasta el momento no ha tenido respuesta de la ciudad sobre la renovación del mismo.

“La última vez que solicitamos ayuda para pagar el alquiler fue aprobada de inmediato porque ellos establecieron nuestro caso como una emergencia, pero esta vez no lo consideran como tal. Ha pasado casi un mes desde la nueva solicitud y aún no tenemos respuesta”, explicó Rubí.

Al respecto, el administrador de subvenciones de la ciudad aseguró que “siempre que los fondos de ERAP estén disponibles, la ciudad ayudará a quienes nos soliciten asistencia”. Explicó, además que la Ciudad “está esperando noticias del Departamento del Tesoro para saber si ese plazo se extenderá o no”. No especificó sobre las denuncias de retrasos en las nuevas solicitudes.

Con este cambio, un rayo de esperanza para inquilinos de Hialeah que enfrentan aumento del alquiler

Condiciones de vivienda insalubres

“Nuestra renta subió $650 en 30 días, pero nuestras paredes están llenas de moho y humedad, no hay alarmas contra incendio. Los inquilinos de este edificio son personas de clase trabajadora, discapacitados y personas mayores que no merecen este trato”, acotó Rubi.

Recientemente en el edificio instalaron una lavadora y una secadora para 20 familias, luego de haber eliminado el cuarto de lavado durante la pandemia, pero Rubí destacó que los electrodomésticos están en malas condiciones y son insuficientes para la cantidad de personas que habitan la unidad.

En diversas ocasiones el Nuevo Herald ha intentado comunicarse con la inmobiliaria para conocer su versión de los hechos, sin éxito.

Una propuesta de ley sobre los “Derechos del Inquilino” traería nuevas protecciones en todo el Condado Miami-Dade, incluida la prevención de su desalojo si pagan las reparaciones que corresponderían al propietario.

Según la propuesta, los inquilinos estarían protegidos contra el desalojo si deducen de su alquiler el costo de las reparaciones del inmueble.

La ausencia o mala calidad en el mantenimiento de las viviendas fue una de las quejas que los inquilinos compartieron con los comisionados del Condado durante la audiencia del Comité de Vivienda Pública y Servicios Comunitarios el pasado 14 de abril, mientras que los propietarios advirtieron que la nueva legislación podría causar problemas a los inquilinos si no se modifica.

Aunque Hearne, el abogado, es cauto sobre el alcance de la norma, considera que esta “le daría una protección más fuerte a los inquilinos para retar al propietario que se están aprovechando de ellos. La medida daría más opciones a los inquilinos pero no ayudará en la asequibilidad de la renta”, acotó.

La legislación también prohíbe a los propietarios preguntar sobre desalojos previos antes de decidir si un posible inquilino calificaría para el alquiler. De aprobarse esta norma, se acabaría el sesgo y permitiría que personas como Yudeth Pérez, que fueron llevadas a corte, puedan encontrar un mejor sitio dónde vivir.

Aquellos residentes de la Ciudad de Hialeah que necesiten ayuda para pagar sus alquileres, pueden solicitar asistencia económica a través de: 305-863-2970 / Fondos de Oportunidades de Hialeah / Programa de Asistencia Rápida de Emergencia (ERAP).