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Los subsidios, más allá del gasto: ¿una política que amplía brechas regionales?

El Gobierno decidió tomarse los primeros meses de este 2020 para definir el esquema de tarifas de servicios públicos y del transporte. Por ahora, están frenados los aumentos de los servicios que están bajo la órbita de la administración nacional, a la vez que se les pidió a los gobernadores hacer lo mismo en lo que dependa de sus jurisdicciones. "¡Que nadie se apure!", dijo el viernes el presidente Alberto Fernández, luego de que el día anterior el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había señalado que "probablemente" habría un incremento de los precios en junio "para los sectores que los puedan soportar".

Lo cierto es que, a la par de la disposición del congelamiento -que en el caso de las tarifas de electricidad y gas es por 180 días desde la ley de emergencia aprobada a fines de diciembre-, los funcionarios se comprometieron a revisar en este tiempo la política de subsidios, que está estrechamente atada a esta cuestión.

En las provincias hay temor de que se repita el modelo que estuvo vigente en períodos anteriores, cuando la asistencia se concentró en el primer cordón del conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de los números fiscales y de la coyuntura, existe una cuestión de fondo: un esquema como de esos años no hace más que alimentar la macrocefalia y la formación y ampliación de bolsones de pobreza en el Gran Buenos Aires.

Durante la gestión de Mauricio Macri se avanzó en corregir distorsiones en el reparto de subsidios y, aunque la brecha se achicó, el interior sigue pagando en general más caro el transporte y los servicios públicos para el hogar. No hay, por supuesto, posibilidades de una tarifa plana (que sea única para todo el país), dadas las características propias de cada lugar. Incluso, buena parte de los recursos de subsidios que llegan a áreas metropolitanas proviene de la recaudación de derechos de exportación a producciones del interior y de impuestos a la actividad rural. En una política de equilibrio territorial, eso no sería así.

Por ejemplo, entre 2003 y 2015 la Argentina tuvo US$150.000 millones de subsidios a la energía y los combustibles: en el reparto, el 20% de la población con más ingresos recibió cuatro veces más que el 20% más vulnerable. A eso se le suma la inequidad regional de las tarifas, porque mientras que a nivel nacional se mantuvo una política de congelamiento tarifario, eso no ocurrió en las provincias. Un informe del Instituto Argentino de Energía General Mosconi y de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) describe esa situación y llega a una conclusión: "El resultado ha sido que los usuarios abastecidos por empresas reguladas por el Estado nacional (Edenor y Edesur) de la región metropolitana de Buenos Aires (que son aproximadamente el 40% de los consumidores argentinos) reciban la energía eléctrica con tarifas muy inferiores a las que pagan los consumidores del interior".