Una sublevación social en el peor momento

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Protesta por el asesinato del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía
Igancio Sánchez

Justo tenía que ser ahí. En esos dos distritos, provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde se juega el triunfo o el honor del kirchnerismo. Ahí, el oficialismo se alejó de los votantes por decir palabras inoportunas o porque, una vez más, estalló el conflicto de la inseguridad en el fatigado conurbano. Cuando caía la tarde del lunes, hubo en Ramos Mejía, que integra el partido de La Matanza indómita, una sublevación social por la muerte injusta de un pequeño comerciante. Lo mató un delincuente reincidente y la cómplice tiene apenas 15 años. Faltaban seis días para las elecciones. Ortega y Gasset decía que los problemas irresueltos urden su venganza. Sucedió la venganza del auge del delito en el cinturón de pobreza que rodea a la capital del país. La inseguridad nunca fue una prioridad en el discurso del kirchnerismo. De eso no habla (ni habló) Alberto Fernández ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner ni Axel Kicillof. Tampoco fue una prioridad en los hechos. Solo hubo discusiones entre ellos sobre si la política frente al delito debía ser más o menos garantista. Palabras nada más.

La Matanza es un territorio vasto, inmensamente poblado. Tiene más población que muchas provincias medianas y chicas de la Argentina. Desde 2005 la gobierna Fernando Espinoza, ya sea directamente o a través de su delegada Verónica Magario. La diferencia entre Espinoza y Magario es que él es ahora cristinista como antes fue menemista, duhaldista y nestorista. Magario es, en cambio, una kirchnerista convencida. Espinoza es el último de los viejos barones del conurbano. Empezó como chofer del penúltimo caudillo de La Matanza, Alberto Balestrini, que tenía una formación más sólida y métodos mucho mejores que los de Espinoza. Sabe hacer clientelismo político. De hecho, en los últimos días Espinoza gastó sumas millonarias en conciertos musicales gratuitos, mientras los patrulleros de la policía se quedaban sin nafta.

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Vecinos de Ramos Mejía cuentan que la Municipalidad les paga la nafta a los móviles policiales, pero estos deben comprar el combustible en una estación de servicio de Isidro Casanova, propiedad de un exfuncionario del propio Espinoza. Entre Ramos Mejía e Isidro Casanova hay varios kilómetros de distancia. Espinoza es así. Fue uno de los más que se opuso a la boleta única o a la boleta electrónica para votar. Quiere el viejo sistema porque este le permite canjear votos por favores, dinero o planes sociales. Es el proyecto electoral de los antiguos barones del conurbano, aunque han perdido elecciones nacionales en 2009, en 2013, en 2015 y en 2017. Se cuidan -eso sí- de no perder las elecciones municipales. Hasta se han dado el lujo de proponer el corte de boleta; es decir, que la gente los votos a ellos y que haga lo que quiera con los candidatos nacionales. Espinoza fue el político más vapuleado por la multitud que el lunes amenazó con ocupar la comisaría de Ramos Mejía. Cristina y Alberto lo protegen. Máximo Kirchner se pelea con la nueva generación de intendentes (como Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría), pero nunca con Espinoza. La revolución en La Matanza tiene como abanderado a uno de los caudillos más conservadores, populistas y trapicheros que tiene el conurbano.

La crisis de inseguridad en ese enclave decisivo del país viene desde hace mucho tiempo. Es cierto. Pero el único que no puede aducir ese pretexto es el gobernador de la provincia, Kicillof, que es, precisamente, lo que hizo. Kicillof tiene que explicar cómo resolverá el problema, no cuál es el problema. A Kicillof lo salva de un desastre peor el discurso de su ministro de Seguridad, Sergio Berni, más cercano al reclamo de la gente común. El conflicto consiste en que Berni propone una cosa y el gobierno nacional otra (como sucedió en los tiempos en que Sabina Frederic era ministra de Seguridad nacional) o en que el Presidente lo mira con recelo. No se sabe si por competencia o porque Alberto Fernández lo imagina a Berni con ínfulas de candidato presidencial en 2023. Kicillof recibió más de 40.000 millones de pesos para destinarlos a la policía bonaerense cuando Alberto Fernández decidió quitarle esos recursos a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Los invirtió realmente en la policía? Según los especialistas, en estos dos años no se han comprado muchos patrulleros ni se adquirieron mejores recursos tecnológicos ni se aumentó considerablemente el salario de los policías. Hace poco, cuando Kicillof anunció el disparate de los viajes gratuitos de egresados, la policía le hizo saber su descontento salarial ante semejante despilfarro. El gobernador le concedió un aumento del 11 por ciento. Lejos hasta de las expectativas inflacionarias de Martín Guzmán, que ya son demasiado optimistas. El gobierno provincial difunde estadísticas, comparando sobre todo con lo que sucedió con 2020, aunque en su discurso mezcla el 2020 con el 2019. En 2020, el encierro de la cuarentena bajó considerablemente el delito. Las razones son obvias. Además, las víctimas de la delincuencia tampoco podían hacer las denuncias en las comisarias.

Las estadísticas no sirven frente a la muerte. Es el error que cometió también el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, cuando señaló que las estadísticas demuestran que estamos mejor en materia de seguridad (¿dónde? ¿cuándo?) o que los crímenes suceden en todas partes. Imposible peor discurso. ¿Cómo explicarles a los familiares, amigos y vecinos del comerciante muerto que en África hay más muertes o que también hay asesinatos en San Pablo o en algunas ciudades de Colombia y México? ¿Por eso el duelo será menos doloroso? ¿Qué pueden decirles a los vecinos de Ramos Mejía, que vieron una multitud de policías para enfrentarse con ellos cuando veían muy pocos antes del asesinato del comerciante?

La inseguridad es una carga en las espaldas del kirchnerismo desde que el kirchnerismo existe. Ya Francisco de Nárvaez les ganó, cuando era político, a los dos Kirchner en la provincia de Buenos Aires con solo anunciar que tenía un plan contra la inseguridad, que nunca mostró. Eso sucedió en 2009. Pasaron 12 años. El kirchnerismo está bañado por el discurso del exjuez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, que promueve tanto el garantismo que se parece a la propuesta de abolir el Código Penal. La influencia de Zaffaroni no se dio tanto en la Corte Suprema (donde era uno más entre siete jueces), sino en la escuela jurídica que sembró la teoría de la laxitud en la interpretación de las leyes penales. La teoría de que la cárcel solo empeora a las personas y que estas merecen el perdón del Estado y una segunda oportunidad. Esas ocurrencias funcionan en la teoría. En la práctica, la inmensa mayoría de los delitos son cometidos por delincuentes reincidentes. Estuvieron presos, fueron condenados y luego liberados para darles la segunda oportunidad. El delincuente que mató al comerciante de Ramos Mejía había estado preso en agosto por un intento de robo y fue rápidamente liberado.

Si en Buenos Aires el peronismo se juega la victoria o la derrota, en Córdoba está compitiendo por el honor. En las primarias de septiembre quedó en tercer lugar con poco menos del 11 por ciento de los votos. Una insignificancia. Mucho mejor elección hizo el partido provincial (peronista, pero no kirchnerista) del gobernador Juan Schiaretti, que, no obstante, salió segundo después de Juntos por el Cambio. Si los resultados se repitieran el próximo domingo, el kirchnerismo perderá a un senador nacional, Carlos Caserio. En ese contexto, al Presidente se le ocurrió decir que había “que incorporar a Córdoba al país”; no hay peor agravio para los cordobeses que decirles que no son de ninguna parte. Córdoba es una provincia vital para la Argentina: le aporta al país unos 3000 millones de dólares anuales en concepto de retenciones a los productos agropecuarios; produce soja, maíz (es el primer productor nacional), trigo, maní, sorgo y garbanzo, y tiene una indispensable industria metalmecánica. Esa provincia es productora de gran parte de los automóviles que se compran en el país o se exportan al extranjero.

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“En la provincia de Buenos Aires podrán estar un punto abajo u otro arriba, pero en el país la diferencia a favor de la oposición va a ser mayor que la del 12 de septiembre”, asegura un encuestador, que hablaba con datos anteriores a la sublevación de Ramos Mejía. Su conclusión se respaldaba en que en estos días la situación había empeorado en Córdoba por los errores del Presidente y en el sur del país por la tolerancia frente la beligerancia de los grupos violentos que se dicen mapuches. La ideología explica todas las desventuras del gobierno. El oficialismo hizo de la figura de Santiago Maldonado, que murió ayudando a esos grupos que cortaban ruta en la Patagonia, un ícono contra el macrismo. No quiere correr el riesgo de que otro ahogado se convierta en un mártir. Córdoba es un “terreno hostil”, como inexplicablemente lo calificó el Presidente, porque la oposición ganó ahí casi siempre desde que el kirchnerismo está en el poder o en el llano. Es la provincia que hizo presidente de la Nación a Mauricio Macri en 2015. El abrumador número de votos que sacó en Córdoba es casi idéntico al número de votos que lo distanció de Daniel Scioli. Córdoba es “hostil”, en efecto, para esa mirada tan sectaria. Y la inseguridad es un problema sin solución porque la palabra represión le está ideológicamente negada, aunque se trate de reprimir a simples delincuentes que no advierten la definitiva divergencia entre la vida y la muerte.

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