Subastan 15 vehículos de una secta para "reparar económicamente" a las víctimas

Gabriel Di Nicola
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La medida judicial, la subasta de 15 vehículos, fue definida como una adecuada estrategia para recuperar activos con el objetivo de restituir y reparar económicamente a las víctimas de una sindicada secta religiosa conocida como Templo Filadelfia que habría cometido delitos de trata de personas, instigación al suicidio, abusos sexuales y lavado de activos.

La decisión de subastar automóviles, vehículos utilitarios y camionetas 4x4, fue tomada por el juez federal de Morón Néstor Barral, después de una presentación realizada por el Ministerio Público Fiscal.

"Resulta necesario adoptar medidas que resulten adecuadas a los fines de eliminar los efectos del delito y el daño que en consecuencia habrían sufrido las víctimas. Entiendo conducente adoptar todas las medidas necesarias que permitan proteger el patrimonio que servirá para satisfacer las restituciones y/o reparaciones a las víctimas que eventualmente se impongan al punto de que tengan prioridad frente a cualquier decomiso que pueda ordenarse", sostuvo el juez Barral en una resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

En mayo del año pasado, la investigación sobre el Templo Filadelfia había comenzado en la Ayudantía Fiscal de Delitos conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza y en ese momento fueron detenidos 26 sospechosos.

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En los procedimientos de hace 18 meses se liberaron a 45 víctimas de la organización criminal. Se secuestraron, además, 1.000.000 de pesos y 40.000 dólares. La organización tenía dos panaderías en las que obligaban a trabajar a sus fieles, que después tenía que salir a recorrer las calles para vender la mercadería.

La investigación había comenzado a finales de 2018, cuando una víctima que había logrado escaparse de ese infierno hizo una denuncia en la Ayudantía Fiscal de Delitos conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza, a cargo de Lorena Pecorelli. "Mientras vendía en la calle el pan y las galletitas que la organización le obligaba a elaborar, la víctima conoció a un joven que la incentivó a hacer la denuncia", sostuvo una fuente del caso.

La investigación continuó y pasó al fuero federal, donde el fiscal Santiago Marquevich y el secretario penal Santiago Moore avanzaron sobre más integrantes de la organización y se enfocaron en perseguir otros posibles delitos, con la colaboración de sus colegas Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

A fines del mes pasado, detectives del Departamento Unidad Federal de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a otros siete sospechosos en allanamientos hechos en distintos puntos de la Argentina. En los operativos también participó personal de la Gendarmería Nacional.

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"Constituye una obligación de la judicatura la correcta administración de los bienes cautelados, lo que implica que se deben efectuar las acciones necesarias para garantizar la preservación de los mismos de manera de que no se deprecie su valor como resultado de la incautación", sostuvieron los fiscales Mangano y Marquevich en el momento de solicitar la subasta de los vehículos secuestrados a la organización criminal.

Y, explicaron: "Si tenemos en cuenta la complejidad de las conductas investigadas, la cantidad de personas imputadas y de víctimas identificadas, lo que conllevaría a un proceso de duración considerable, además de la numerosa cantidad de vehículos individualizados, nos permite considerar que la mejor vía para conservar el valor de los bienes es proceder a su venta anticipada para evitar su depreciación al momento de que se dicte sentencia, tanto si corresponda eventualmente devolver a sus hoy propietarios o destinarlos a solventar las restituciones a las víctimas".

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Según explicó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, las víctimas de la sindicada organización criminal ascenderían a casi un centenar. "En muchos casos, las víctimas eran menores de edad, de bajos recursos económicos y educativos a quienes se reducía su ámbito de libertad y autonomía, determinándolos a aportar todas sus posibilidades económicas a las arcas de esa congregación y a la explotación laboral, consistente en la producción y venta ambulante de alimentos panificados, de limpieza, cocina e incluso servir a las líderes", se consignó al detallar la investigación judicial.