Soterramiento del Sarmiento: un fiscal aporta pruebas sobre el circuito de las coimas

Hugo Alconada Mon

Franco Picardi detalló cómo funcionaba el reparto ilegal de dinero vinculado a la obra del ferrocarril, que estaba a cardo de De Vido

El fiscal federal Franco Picardi dio ayer otro paso para probar cómo fue el circuito financiero internacional que un consorcio de empresas utilizó para pagarle coimas millonarias al entorno del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por el contrato para soterrar el tren Sarmiento.

Picardi determinó que la constructora brasileña Odebrecht, la argentina Iecsa -controlada por Angelo Calcaterra-, la italiana Ghella y la española Comsa urdieron contratos falsos para extraer casi US$ 4,5 millones de las cuentas del proyecto y triangular ese dinero a través del Principado de Andorra, el Reino de España y varias sociedades offshore hasta recalar en Uruguay.

El dictamen quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi y suma así nuevas evidencias y datos contra el exministro De Vido, su entonces mano derecha, Roberto Baratta y suexsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, como así también contra la plana mayor de la unión transitoria de empresas (UTE) que se quedó, coimas mediante, con el contrato por US$ 1500 millones que nunca se completó.

A lo largo de 78 carillas, Picardi consideró que el eslabón clave para la operatoria ilícita resultó la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Edificación SA, más conocida por sus siglas DSC, que recibió giros por US$ 4.495.250 en cuentas del Banco Privado de Andorra (BPA), al que Odebrecht recurrió para triangular sobornos a funcionarios de toda América Latina.

"Los antecedentes de la 'Operación Sarmiento' que surgen de la información remitida por el Principado de Andorra", explicó Picardi en su dictamen, aportan "elementos que vinculan a la UTE de manera cierta e indubitable con operaciones de triangulación de dinero espurio a través de cuentas de la BPA originados con motivo de la licitación pública en trato".

Por momentos resultó tan grotesca la operatoria ilícita, remarcó Picardi, que la UTE también invocó que había contratado a una firma local llamada "Ingroup" que tras meses de búsqueda en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, ni siquiera pudo determinarse cuál es su domicilio para allanarla. Resultó, en la práctica inhallable. Pero facturó y cobró millones, cuyo destino final es un misterio.

Apoyado en su propia investigación y material aportado por un equipo técnico de la Procuración, por la Dirección General Impositiva (DGI) y autoridades de España y Andorra, Picardi dejó muy claro, sin embargo, que su dictamen apenas se concentra en "el segundo tramo de maniobras delictivas" vinculado al pago de coimas por el proyecto para soterrar el Sarmiento. Entre otros motivos, porque falta recibir material probatorio que se encuentra en Brasil, a disposición de la Argentina desde junio de 2017, pero que aún no logró destrabarse por trabas en la cooperación internacional.

Anularon procesamientos

El juez Martínez Di Giorgi deberá ahora evaluar los pasos a seguir en la investigación, que sufrió un duró revés en agosto pasado cuando la Cámara Federal anuló los procesamientos, sobreseimientos y faltas de mérito que había dictado el magistrado en abril al concluir que la pesquisa requería un análisis más profundo.

Di Giorgi había procesado por presuntas dádivas al lugarteniente de Calcaterra en Iecsa, Héctor Sánchez Caballero, y al número uno de Comsa, Héctor Castro Sirerol, como así también avanzó contra los entonces funcionarios del Ministerio Planificación Federal por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. Pero había dictado la falta de mérito de Calcaterra y del lobista Jorge "Corcho" Rodríguez, como así también había sobreseído a los familiares del testaferro de Jaime, Manuel Vázquez.

Ahora, mientras el fiscal Picardi busca destrabar las confesiones de los "delatores premiados" y otras evidencias que se encuentran en Brasil -y que apuntan de manera directa contra De Vido, el "Corcho" Rodríguez, Sánchez Caballero, entre otros, según reveló LA NACION-, el juez Martínez Di Giorgi deberá determinar los pasos a seguir en la pesquisa local.