Solicitan a EEUU sancionar a Nicaragua por acoso y persecución a líderes religiosos

Estados Unidos debe considerar imponer sanciones a agencias gubernamentales de Nicaragua y funcionarios responsables por la violencia y otras acciones punitivas contra la iglesia y líderes religiosos, en especial si más sacerdotes son detenidos, sugirió la Comisión de EEUU para la Libertad Religiosa Internacional en un informe.

La Comisión detalló el deterioro de las condiciones de libertad religiosa en el país centroamericano durante la primera mitad de 2022 en su reporte divulgado este martes y luego de que el pasado 14 de agosto la diócesis de Siuna denunció la detención del padre Óscar Benavidez, presbítero párroco de la Parroquia Espíritu Santo Mulukukú.

También el obispo Rolando Álvarez, Diócesis de Matagalpa y Estelí, continúa sitiado por la policía en la curia episcopal del departamento de Matagalpa.

Dos días la detención de Benavidez en una sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la OEA, aprobó una resolución en la que condenó a Nicaragua por el “cierre forzado” de ONGs, por el “hostigamiento y restricciones arbitrarias” a organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno, y exigió la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución a la prensa independiente.

En marzo, se indicó en el informe de la Comisión, el régimen de Daniel Ortega expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en el país, Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, por “razones inexplicables”. Más recientemente, un juez condenó a un sacerdote a más de cuatro años de prisión por cargos falsos y las autoridades arrestaron a otro por motivos sospechosos.

Además, el régimen ha intensificado su represión contra las organizaciones de afiliación católica al cerrar organizaciones benéficas y expulsar a sus trabajadores, despojar a las universidades de financiamiento y estatus legal, cerrar medios de comunicación y estaciones de radio y eliminar organizaciones no gubernamentales (ONG)

El régimen nicaragüense comenzó a arremeter contra la iglesia Católica después de que ayudó a los manifestantes contra Ortega en abril de 2018 y al clero individual que expresó su oposición al gobierno.

Como resultado, funcionarios y ciudadanos simpatizantes del régimen han intimidado a líderes religiosos; las iglesias han sido atacadas violentamente y se acosó al clero con tácticas que incluían difamatorias acusaciones, detenciones arbitraria, amenazas de muerte y deportaciones, de acuerdo con el informe.

La Comisión detalló que el obispo auxiliar Silvio Báez se mudó a Roma en 2019 y luego se instaló en Miami, después de un acoso sostenido por el régimen y sus seguidores, “incluido un complot de asesinato en 2020”, un asaltante desconocido detonó un artefacto incendiario en una capilla adosada a la Catedral de Managua, un hecho que fue calificado de agresión premeditado.

“Las autoridades de Nicaragua continúan persiguiendo activamente al clero católico en lo que los observadores dicen es un intento de presionar a la Iglesia Católica, tanto en Nicaragua y en el Vaticano. En varios casos, los líderes religiosos son aquellos que se han pronunciado en contra de Régimen orteguista”, afirmó la Comisión.

Ante toda esta situación, la Comisión dijo que además de las sanciones enfocadas en derechos humanos y la democracia, “la administración Biden también debería considerar imponer sanciones específicas a agencias gubernamentales nicaragüenses y funcionarios responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones, especialmente si son más los sacerdotes detenidos por cargos engañosos”.

Además, el gobierno de Estados Unidos debe aumentar la colaboración con las organizaciones multilaterales, como la OEA, para monitorear e investigar las violaciones de la libertad religiosa que ocurren en Nicaragua, trabajan para identificar a los perpetradores y tolerantes de las violaciones de esa libertad y buscar la derogación de “leyes problemáticas” como la de Agentes Extranjeros Reglamento de Ley.