Ni siquiera el Covid-19 frena la ola de desalojos en España

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Un grafiti que dice "Queremos trabajar" escrito en la puerta de una tienda cerrada en Sant Adrià
Ricard Gonzalez

SANT ADRIA DE BESOS.-Son las diez de la mañana, y Sant Adrià de Besòs, un barrio obrero de las afueras de Barcelona todavía se despereza. En una calle corta y estrecha, frente al bloque número nueve, se han reunido una veintena de personas convocadas por el movimiento social contra los desalojos. Algunas van vestidas con monos rojos y gafas de sol. Otros, de estricto color negro y cabellos largos. Se respira un ambiente joven y rebelde. Sant Adrià parece estar a las antípodas de la ostentación y el desenfreno de Wall Street, pero un hilo invisible tejido por una globalización desregularizada conecta estos dos mundos.

Edward Antonio, un dominicano que roza la cuarentena, vive en un humilde sótano del bloque nueve. Todavía. En unos 30 minutos, debería llegar una patrulla de agentes para desalojarlo de la que ha sido su casa durante tres años. Este es ya el tercer intento, pero en las anteriores ocasiones, los abogados que lo asisten lo han evitado, junto con los activistas que interponen su cuerpo entre las porras de la policía y la puertas señaladas. Como Alberto, un joven originario de Zaragoza.

Edward lavando los platos en su sótano
Ricard Gonzalez


Edward lavando los platos en su sótano (Ricard Gonzalez/)

“La vivienda es la nueva línea de ataque de la burguesía liberal. Y hay que defenderla. La vida empieza con cuatro paredes y un techo”, proclama este representante del Sindicato de Inquilinas. Según el artículo 47 de la Constitución, todos los ciudadanos tienen “derecho a una vivienda digna”, pero se considera una aspiración y no una garantía.

“No tenía dinero para pagar los alquileres desorbitados que se piden, así que por 3000 euros la mujer que estaba aquí me vendió la llave”, comenta Edward en el oscuro salón de su casa. De fondo, se oye el sermón de un pastor evangélico en la televisión. No está claro si la antigua inquilina ocupó el piso y luego decidió marcharse, o bien pertenecía a alguna de las mafias que se lucran ocupando viviendas vacías, cambiando la cerradura, y vendiendo la llave a personas en situación precaria por unos pocos miles de euros.

Por unos pocos miles de euros, el nuevo inquilino tiene derecho a ocupar la vivienda y a enzarzarse en una batalla legal por mantenerla o conseguir un alquiler social de alguna institución pública. La crisis financiera del 2008 golpeó con especial dureza las clases populares españolas, y miles de familias, incapaces de pagar sus hipotecas, perdieron sus departamentos. Muchos de ellos, vacíos, llevan años en los activos de los bancos.

600.000 desalojos en una década

El piso de Edward era del banco BBVA, el segundo mayor banco español, pero lo vendió a un fondo buitre basado en Nueva York. Edward asegura que le gustaría pagar un alquiler social, pero los representantes del fondo solo le ofrecen una opción: abandonarlo por 4000 euros. “Yo podría pagar unos 150 o 200 euros al mes. Aunque, tal como está el piso, son ellos los que me deberían pagar a mí!”, espeta antes de señalar los arreglos que ha hecho para adecentar su hogar.

Antes del estallido de la pandemia de Covid-19, intercalaba trabajos temporales como ayudante de cocina o mozo de almacén, pero ahora lleva meses en el paro. Divorciado, tiene la custodia compartida de sus dos hijos, de 8 y 13 años. “Cuando supo que nos iban a echar, el pequeño rompió a llorar”, recuerda. Al juzgado ha presentado una carta de los vecinos declarando su buen comportamiento. “Queremos que se quede. Es una persona seria y que no da problemas, como los otros”, desliza José, el presidente de la escalera, mientras sale a pasear a su perro. Se refiere al grupo de jóvenes ocupas del quinto piso. En el mismo sótano, había otro piso ocupado, pero ahora está tapiado.

El de Edward no es un caso aislado. En la última década, los desalojos se han convertido en una dolorosa realidad para miles de familias españolas. En concreto, según un informe del Observatorio DESC, entre 2008 y 2019 se desalojó de sus hogares a más de 600.000 familias, es decir, 1,7 millones de personas en un país de 47 millones de habitantes. En 2019, a pesar de registrarse un crecimiento económico, 54.000 familias fueron expulsadas de sus casas por decisión judicial. Las grandes ciudades, sobre todo Barcelona y Madrid, son las más afectadas por este fenómeno. En la capital, el precio medio del metro cuadrado es de 3.712 euros, y de un piso de alquiler, de 1.327 euros, inasequible para muchos en un país con un salario medio bruto de 1714 euros.

Según los expertos, esta crisis sin precedentes se debe a varios factores, una especie de “tormenta perfecta”.

“Creo que la razón principal es la liberalización de las políticas laborales en la década de los 80, que incrementó drásticamente la cantidad de contratos de corta duración. Cuando llegó la crisis financiera, todas estas personas perdieron primero su trabajo y luego su casa “, afirma Judit Vall, profesora de Economía de la Universidad de Barcelona.

“Además, el boom turístico en lugares como Barcelona, combinado con la aparición de plataformas online que facilitan el alquiler de apartamentos a los turistas, ha elevado los precios muy por encima de los salarios y ha reducido la oferta de alquiler a largo plazo”, añade Vall, que también menciona como causas la falta de vivienda pública (menos del 2% del total de viviendas, en comparación con el 24% en Austria o el 18% en Gran Bretaña), y algunos cambios legislativos en el sector de la vivienda.

Una moratoria por la pandemia

La llegada de la pandemia resaltó aún más el drama de los desalojos. En un periodo en el que se decretaban confinamientos domiciliarios, el sistema condenaba a vivir en la calle a familias enteras. Ante la presión social, el gobierno de Pedro Sánchez decretó en marzo del año pasado una moratoria para todos los desalojos asociada al estado de alarma siempre que se cumplieran dos requisitos: los inquilinos se hallen en situación de vulnerabilidad, y no dispongan de ninguna alternativa habitacional digna. El decreto tanto incluye las situaciones de impago de alquiler, como de hipoteca.

“Ha sido una norma útil en muchos casos. El problema es que no todos los jueces lo aplican. Y una vez ejecutado el desalojo, de poco sirve recurrir”, explica Silvia Badia, portavoz del Sindicato de Inquilinas. En concreto, en 2020, se ejecutaron casi 30.000 desalojos, casi la mitad que el año anterior. Sin embargo, la cifra real podría ser más alta pues no incluye los “desalojos invisibles”.

“Se trata de los casos de inquilinos que se ven obligados a dejar su vivienda después de que el propietario les pida un aumento abusivo, a veces del 50% o del 70%”, explica. Además, el decreto es una solución temporal. Los activistas temen que una vez remita la crisis pandémica, se agrave la crisis social y se multipliquen de los desalojos.

El problema del mercado de la vivienda es tan grave que en los últimos años se han creado multitud de asociaciones para defender a los afectados de procesos desalojo, como el Sindicato de Inquilinas, o la Plataforma Sant Roc. Esta última limita su actuación a Sant Roc, un barrio marginal del extrarradio barcelonés, compuesto de viviendas sociales de techos bajos y materiales baratos. Tras su construcción, la mayoría de sus habitantes eran de etnia rom (gitanos), pero los últimos años se han instalado migrantes muchos migrantes pakistaníes, marroquíes y latinos. “La asociación antes se dedicaba a realizar actividades de dinamización socio-cultural del barrio. Pero en 2012, ante la crisis de los desalojos, mucha gente nos vino a pedir ayuda. La organización mutó y ahora el asesoramiento en temas de vivienda es nuestra principal actividad”, dice Carles Sagués, un veterano activista que se ha convertido en un experto en la materia.

El activista Carles Sagues ayudando a una pareja que enfrenta el desalojo
Ricard Gonzalez


El activista Carles Sagues ayudando a una pareja que enfrenta el desalojo (Ricard Gonzalez/)

Tensiones por la nueva Ley de la Vivienda

Cada lunes por la tarde, Carles y Enric Marín, un empleado de banca jubilado, ocupan un pequeño despacho cedido por el ayuntamiento y ofrecen gratuitamente su ayuda. En unas cuatro horas, atienden y aconsejan a una veintena de personas o familias. Como Farida y Mohamed, una pareja marroquí con dos hijos, de 4 y 6 años que afrontan esta semana un juicio por “usurpación” de vivienda. O Dolores, una mujer de mediana edad, con el cabello teñido con mechas rubias.

El activista Enric Marin asistiendo a Dolores en el local cedido por el Ayuntamiento
Ricard Gonzalez


El activista Enric Marin asistiendo a Dolores en el local cedido por el Ayuntamiento (Ricard Gonzalez/)

“El propietario que me alquila el piso lo perdió por impago de la hipoteca, pero no me aviso, y un día me encontré la comitiva judicial en casa. Imagina que estrés!”, comenta esta mujer fornida y jovial. Propietaria de un bar, no se considera en una situación vulnerable, y simplemente, le gustaría continuar pagando un alquiler a precio de mercado al nuevo propietario. El problema es que el propietario es un fondo buitre que, como a Edward, le ofrece 3.000 euros para abandonar su casa.

“¿Por qué no quieren mi alquiler? ¿Qué interés tiene este fondo en un barrio como Sant Roc?”, se pregunta. “Los fondos se venden entre ellos paquetes de cientos o miles de pisos. Son decisiones que se toman a miles de kilómetros de aquí. Ni saben cómo es nuestro barrio”, reflexiona Enric en base a su experiencia en la banca.

La solución a todos estos problemas debería venir de la mano de una nueva de Ley de la Vivienda, a la que se comprometió el gobierno en su pacto fundacional. Sin embargo, las posiciones de PSOE y Podemos están muy alejadas, y la nueva legislación se ha convertido en el principal motivo de tensión entre los socios. “Tenemos varias demandas que chocan con su punto de vista. Queremos que la moratoria actual sea permanente, un aumento de la vivienda pública, y sobre todo un sistema de control de alquileres para las grandes ciudades “, declara Alejandra Jacinto, diputada de Podemos.

Por su parte, el ministro de Transporte, José Luís Ábalos, considera que una regulación de los precios del alquiler “se alejaría de los principios de seguridad jurídica que exige la Constitución”. Un informe del Banco Central de España cuestiona los efectos que el control de los alquileres ha tenido ya en ciudades como Berlín o Nueva York. “Habitualmente, el resultado de esta política es que la oferta de apartamentos en las zonas objetivo se contrata, mientras que en las ciudades cercanas los precios se disparan”, argumenta la profesora Vall.

A las 10.20, Sagues recibe una llamada telefónica y se aleja unos metros del grupo frente al bloque nueve. Edward y los activistas contienen la respiración. Vuelve sonriendo. El juez ha vuelto a aplazar el desalojo. De repente, hay una explosión de vítores y abrazos, y todos corean: “Fuera los buitres de nuestros barrios!”.

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